La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado del encargo de informes por parte del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ante los pasos que se están dando en Catalunya para la convocatoria de una consulta alternativa.

«Todo parece apuntar que la Generalitat pretende sustituir un proceso que a nuestro juicio era ilegal –y por eso lo recurrimos al Tribunal Constitucional– por otro todavía más antidemocrático», ha manifestado la vicepresidenta, quien ha acusado a Mas de transferir a los ciudadanos responsabilidades y obligaciones que ni siquiera él quiere asumir por escrito.

Sáenz de Santamaría ha recalcado que a los ciudadanos «no se les puede imponer, verbalmente o como sea, obligaciones a mayores que les generen dudas, miedos, intranquilidad, inseguridad» y todo ello porque el president de la Generalitat ha decidido «no asumir la responsabilidad de la ilegalidad del proceso».

Ha dicho que el Ejecutivo español quiere trasladar «tranquilidad y seguridad» a esos ciudadanos, pues su primera obligación es «hacer cumplir las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos», motivos por los que en su momento recurrió la consulta ante el Tribunal Constitucional, que posteriormente decretó su suspensión.

Sáenz de Santamaría ha insistido en que la consulta alternativa no tiene «ningún tipo de garantías democráticas».

En este sentido, ha subrayado que se trata de un proceso «sin censo previo» y quien lo organiza, que está de acuerdo «con una determinada posición en la consulta», es quien «monta todo el procedimiento, reúne las mesas y las preside, controla cómo se efectúa la votación, el recuento de votos y proclama el resultado».