La denuncia la ha hecho pública el secretario general del PP de Bizkaia, Javier Ruiz, quien ha anunciado que pedirán la comparecencia del diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, y de responsables del Gobierno de Lakua para que expliquen lo ocurrido con estas ayudas.

Según Ruiz, el caso hace referencia a la empresa Idoki SL, constituida en 2006 y liquidada en 2014, dedicada a la producción y comercialización de productos de cosmética natural que, en los últimos años, cuando ya declaraba pérdidas anuales de entre 18.000 y 268.000 euros, habría recibido dinero de la Diputación de Bizkaia por un montante de 354.378 euros y del Ejecutivo autonómico, por 1.461.000 de euros más.

La empresa, cuyo presidente y consejero fue el exlehendakari Jose Antonio Ardanza, y su apoderada su hija Nagore Ardanza Urtiaga, habría recibido, además, una inyección de capital extra por parte de la sociedad de capital riesgo Seed Capital, participada en un 51% por la Diputación de Bizkaia, por la compra del 23,37% de sus acciones en 2010.

Según la denuncia del PP, esta sociedad, que entró en el Consejo de Administración de Idoki, habría concedido en 2011, cuando la firma acumulaba ya unas pérdidas de 286.000 euros, un préstamo participativo de 150.000 euros, pese al cual cerró dicho ejercicio con un balance negativo de 75.461 euros.

Entre 2006 y 2012, último año que el PP vizcaino ha conseguido datos, la empresa de los Ardanza solo tuvo beneficio en dos ejercicios, los de 2006 y 2008, declarando pérdidas en los cinco restantes que sumaron un acumulado de 588.860 euros, lo que llevó a sus responsables a declararse en concurso de acreedores en diciembre de 2013 y a su liquidación en abril de 2014.

«Muchas explicaciones»

Javier Ruiz ha dicho que a su formación este caso le parece «muy grave» porque afecta a una persona que ha sido «el máximo representante institucional del Gobierno Vasco durante 14 años», y porque se ha inyectado dinero público a una empresa que acumulaba pérdidas y que se hizo «a sabiendas de que la empresa acumulaba pérdidas».

Considera, además, que ha habido una «perversión» de lo que debe de ser el objetivo de las ayudas públicas, que deben de servir para apoyar proyectos viables y no para «reflotar o rescatar empresas con pérdidas, al margen de cómo se apelliden sus responsables».

El dirigente del PP ha subrayado que «se deben de dar muchas explicaciones» por este caso, entre las que ha citado «si ha habido gestiones políticas para conseguir estas ayudas; es decir, si estamos hablando de una situación de tráfico de influencias, y sobre los motivos que han llevado a conceder subvenciones públicas a una empresa que acumulaba pérdidas».

«Se deben de dar también explicaciones –ha agregado–, sobre el destino del dinero, si ha habido un uso finalista y si cada euro está justificado o si ha habido algún tipo de desviación de fondos que hayan ido a engordar la cuenta de algún particular o de algún partido, y si se va a exigir la devolución del dinero o va a haber una devolución voluntaria».

Investigarlo de oficio

Ha estimado que «si viviésemos en una sociedad normalizada, este caso debería de ser investigado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, pero se da la circunstancia de que este órgano está absolutamente contaminado y viciado con el nombramiento de Jose Luis Bilbao (ex diputado general de Bizkaia), cuya institución concedió parte de las ayudas y compró acciones y dio prestamos a esta empresa».

Ruiz también cree que el caso debería ser investigado de oficio por la Fiscalía del Tribunal Superior del País Vasco (TSJPV).