Javier Orcajada del Castillo

Filosofía de la obra pública

Detrás de la obra pública hay un mundo entre mafioso y sublime mediante el cual las tensiones lógicas de las teorías políticas se mitigan a base de repartir el maná adecuadamente entre los que tienen alguna relevancia pública como constructores, concejales o ministros de Fomento. En efecto: es sabido que se otorga mediante el riguroso y aséptico sistema del peaje de la comisión correspondiente a los gestores del dinero negro de los partidos. Es tan evidente esta realidad que nadie la pone en duda y los jueces la consideran derecho consuetudinario y signo distintivo de las sociedades democráticas avanzadas. Sin embargo, existe una clase política minoritaria que considera que la corrupción no tiene que estar necesariamente presente en las contrataciones y la rechazan pues envilece las relaciones entre administración y administrados. Estos iluminados sin causa ignoran el efecto multiplicador y redistribuidor del pago de comisiones en la economía nacional. Según los defensores del desarrollo para crear una sociedad avanzada que es una contradicción exigir que se concedan las obras públicas a quien mejores condiciones ofrezca, tanto en cuanto a precio, financiación y otros aspectos técnicos que contienen los pliegos de las ofertas. Si así fuera –reconocen–, ¿cómo podríamos haber logrado que nuestras constructoras y bancos ser reconocidos en todo el mundo por su dimensión, solvencia, volumen de beneficios obtenidos o el empleo que generan? Si se cumplieran las bases de contratación rigurosamente se produciría un colapso en la actividad global del país, pues deberían otorgarse las obras a cualquiera que se ajuste a las condiciones exigidas, se cumplirían los plazos respetando los «precios acordados y ajustándose al pliego de condiciones, lo que exigiría un control exhaustivo por parte de los técnicos que controlan las obras y sería causa de que no se terminaran nunca. Además, nuestras grandes constructoras no tendrían acceso a las grandes obras públicas porque la competencia al ser más eficaz ofertaría más barato, no invocaría cláusulas de revisión que es el procedimiento tradicional de obtener beneficios y ofrecerían superiores garantías. Resultarían las obras más económicas, pero las grandes constructoras y los bancos no podrían cumplir con los objetivos de rentabilidad, creación de empleo, política de dividendos e imagen internacional. Además, es posible imaginar cómo funcionarían las puertas giratorias para dar cobijo a ex altos funcionarios, concejales de obras de los ayuntamientos o exministros que son contratados por las constructoras en pago a servicios prestados si no reciben el volumen adecuado de obra pública que fomenta la existencia de la «aristocracia del ladrillo» en sintonía con el partido del gobierno de turno en el poder, que es la fuente de dinero negro de los presidentes de los clubs de futbol españoles que tanto han contribuido a potenciar la Marca España en el extranjero.

Son nuestros nuevos conquistadores Pizarro, Hernán Cortés que llevan nuestra bandera con orgullo a Panamá, Suiza o a otros paraísos fiscales donde se derrama patriotismo a raudales bajo la protección de Montoro, siempre solícito a proteger a nuestra clase empresarial con una amnistía regeneradora si es preciso en beneficio de los intereses nacionales.

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