Cameron empieza la campaña para convencer ahora a los británicos

El primer ministro británico, David Cameron, lanzó ayer la campaña para convencer a los británicos de que voten a favor de la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea, a la vez que anunciaba la fecha del referéndum para el 23 de junio. Una tarea más dura que el acuerdo con Bruselas, ya que el rechazo llega a las filas de su propio gobierno.

Al día siguiente de conseguir que sus socios comunitarios accedieran al «traje a medida» que suponen las excepciones en la relación de Gran Bretaña con la Unión Europea, el primer ministro británico, David Cameron, afirmó que «el Reino Unido será más fuerte, más seguro y más próspero en el seno de una Unión Europea reformada».

En una breve alocución ante el 10 de Downing Street y tras un consejo de ministros de dos horas, Cameron comenzaba así la campaña electoral del referéndum cuya fecha anunció en ese momento. Será el 23 de junio, cuando se vote la «relación a la carta» que Cameron ha conseguido de sus homólogos europeos para evitar el Brexit, la salida de la Unión. «Estamos cerca de una de las decisiones más importantes de nuestra vida», advirtió Cameron.

El primer ministro subrayó que continuar en la UE «nos ofrece el mejor de dos mundos», y aseguró que la salida sería «una caída en la incertidumbre» y amenazaría la economía y la seguridad de Gran Bretaña.

Cinco ministros por el «no»

Pero se enfrenta ahora a una tarea más dura que la negociación en Bruselas, convencer a los británicos, ya que los sondeos señalan una opinión dividida entre un 53 % que apuesta por la salida frente a un 47 % contrario, según una encuesta de enero del instituto Survation.

La prensa conservadora reflejaba ayer el escepticismo y en sus portadas “The Times”, “The Daily Telegraph” o “Daily Express” criticaban el pobre resultado que, a su juicio, Cameron ha obtenido. Incluso en el seno de su Gabinete, cinco ministros se desmarcaron de la postura oficial del Ejecutivo y avanzaron que harán campaña por la salida de la UE. Poco después del Consejo, el titular de Justicia, Michael Gove, afirmó que abandonar el bloque comunitario asegura al país un «futuro mejor». El ministro de Trabajo y Pensiones, Iain Duncan Smith; la responsable para el norte de Irlanda, Theresa Villiers; el titular de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes, John Wittingdale, y el líder de la Cámara de los Comunes, Chris Grayling, también anunciaron que disienten de la línea oficial.

Gove, amigo personal de Cameron, admitió que comunicar su postura ha sido «la decisión más difícil de su vida política». Cameron se mostró decepcionado, pero no sorprendido. Otros altos cargos del Partido Conservador se han posicionado en el bando euroescéptico de cara a la consulta de junio, entre ellos las secretarias de Estado de Empleo, Priti Patel, y de Energía, Andrea Leadsom.

Sin embargo, Cameron recibió un apoyo relevante por parte de su ministra del Interior, Theresa May, reconocida euroescéptica. «La UE está lejos de ser perfecta y este acuerdo debe ser parte de un proceso de permanente cambio y de reforma, pero por razones de seguridad, de protección contra el crimen y el terrorismo, de comercio con Europa y de acceso a los mercados mundiales, el interés nacional es seguir siendo miembro de la UE», declaró May. Pero persiste una posición aún sin aclarar y que podría dar un impulso a los partidarios del «no»: Boris Johnson, el alcalde de Londres y candidato a la sucesión de Cameron, que aún no ha anunciado su opinión sobre el acuerdo.

Las fronteras, eje del debate

En el campo de los euroescépticos, el líder del partido eurófobo y anti-inmigración UKIP, Nigel Farage, dejó claro cuál será el mensaje ante el referéndum: «23 de junio. Una ocasión de oro. Luchemos para recuperar el control de nuestro país». Ya había avanzado que el texto consensuado en Bruselas «es un acuerdo verdaderamente patético. Dejemos la UE, controlemos nuestras fronteras, dirijamos nuestro propio país y dejemos de dar 55 millones de libras todos los días a Bruselas».

Por su parte, el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, estimó que el acuerdo «es puro espectáculo y los cambios negociados no tienen nada que ver con los problemas de la mayoría de los británicos». Así, lamentó que se haya perdido una oportunidad de verdaderas reformas sobre la protección del empleo, si bien anunció que su partido «hará campaña para mantener a Gran Bretaña en Europa».

Para el analista del King’s College Anand Menon, «el 23 de junio, nadie va a hablar de las especificidades del acuerdo». Los debates se focalizarán hacia «la inmigración y la cuestión será ‘¿queremos controlar nuestras fronteras o no?’»

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, señaló que el acuerdo «refuerza el estatus especial de Gran Bretaña en la UE» y el presidente francés, François Hollande, destacó que «no hay revisión de los tratados ni derecho a veto del Reino Unido sobre la zona euro». La canciller alemana, Angela Merkel, sostuvo que «no hubo que hacer muchas concesiones» a Cameron, quien se mostró sobre todo orgulloso de haber logrado las restricciones al acceso al sistema de ayudas sociales a los ciudadanos europeos.

El SNP apunta a un nuevo referéndum

Alex Salmond, portavoz de Exteriores en el Parlamento británico del SNP, afirmó que Edimburgo presionará para celebrar un nuevo referéndum sobre la independencia si Gran Bretaña decide salir de la UE. «Si fuéramos arrastrados fuera por los votos de un electorado inglés mucho mayor, entonces la presión para otra consulta sobre la independencia sería irresistible y, creo, instantánea», afirmó Salmond a la BBC. Opinó que el resultado del referéndum de junio será muy ajustado y «dependerá por completo de cómo se argumente». A su juicio el acuerdo con Bruselas tan solo aporta «implicaciones menores».

La ministra principal escocesa y líder del SNP, Nicola Sturgeon, subrayó que la formación independentista «estará en la primera línea» de que Gran Bretaña continúe en la UE.GARA

La máxima del primer ministro: sin oficio no hay beneficio (ni tampoco «benefits»)

«No more something for nothing». (Se acabó el «algo» a cambio de «nada»). Es una de las expresiones más repetidas por David Cameron cuando explica uno de los cuatro principales puntos de reforma que exige a la UE: la limitación de las ayudas sociales a los futuros trabajadores europeos durante los primeros cuatro años de estancia en el Reino Unido. Una pretensión que, si bien es cierto que se ha concretado a raíz del comienzo de las negociaciones con Europa, el primer ministro británico venía fraguando –y materializando– desde hace años. Las ayudas a las que se hace referencia son los llamados benefits, en concreto, los in work benefits, un conjunto de complementos salariales a base de créditos fiscales o ayudas a la vivienda a los que tienen derecho todos los ciudadanos europeos en el Reino Unido. Actualmente los ciudadanos de la UE pueden solicitar estos benefits mientras buscan un empleo, aunque primero deben pasar unas pruebas (examen de inglés incluido) que acrediten su residencia habitual en Reino Unido. También se comprueba su actividad y su situación respecto a su familia y vivienda. Si se cumplen con los requisitos, y siempre que se haya residido durante al menos tres meses en el país, esa persona podrá reclamar el subsidio por desempleo, que ronda las setenta libras a la semana. También podrá acceder a las ayudas para pagar el alquiler o hipoteca de la vivienda.

Algunos estudios han demostrado que los benefits no hacen aumentar los ingresos de las familias en mayor medida que en otros países. Se trata de una comparativa difícil porque hay que tener en cuenta la economía y el nivel de vida del estado, por lo que, aunque en un principio los importes podrían parecer elevados, en la práctica no lo son tanto. De hecho, el expresidente de la Comisión Europea José Manuel Durao Barroso aseguraba hace unos días que un recorte de ayudas «no frenaría los flujos migratorios en el Reino Unido». Además, según datos de la UE correspondientes a 2014, el nivel de gasto público del Reino Unido destinado a la protección social se encuentra por debajo de países como Francia, Alemania, Irlanda, Finlandia o Dinamarca. Según publicó hace unos meses Downing Street, el 43% de los inmigrantes europeos accedió a este tipo de ayudas en sus primeros años. Una información que el Gobierno de Cameron difundía alimentando la idea de que la inmigración es una carga para el sistema de ayudas británico. Sin embargo, el diario “The Guardian” reveló posteriormente que las familias con uno de sus miembros extranjero eran incluidas en el registro de «familias no británicas», lo que habría ayudado a inflar las cifras de solicitantes de ayudas sociales.

Lo cierto es que el recorte de benefits no comenzaría ahora, sino que lleva siendo una constante en los últimos años en la sociedad británica. David Cameron realizó en 2013 el mayor recorte social de la historia de Gran Bretaña, que afectaba a las ayudas a la vivienda o incapacidad, e imponía un límite a la cuantía máxima de subsidios. Tras ganar las elecciones, el Gobierno conservador aprobó unos presupuestos en los que, si bien se recogía el aumento del Salario Mínimo Interprofesional, se recortaban de nuevo las ayudas a la vivienda o las prestaciones por hijos.

La aventura europea es una nueva oportunidad para seguir con esas intenciones. Sin embargo, ya son muchas las voces que alertan de que los tribunales podrían tumbar ese hipotético recorte que muchos países se resisten a aceptar por discriminatorio.María SUÁREZ