Fiscalía dice a los usuarios de las «black» que sus gastos se pagaron con dinero público

El fiscal intervino ayer en el juicio contra 65 banqueros, políticos y sindicalistas por usar tarjetas opacas para gastos personales y correrías, argumentando que ese agujero se tapó después a través del FROB.

El fiscal Alejandro Luzón sustenta la acusación contra las 65 personas que se gastaron 12 millones de euros (en realidad fueron 15,5, pero jurídicamente hay 3,5 millones irrecuperables) en que esos gastos tuvieron que ser cubiertos después con fondos públicos. «Los españoles hemos pagado no sé si el entierro, pero sí el funeral de Bankia», afirmó Luzón en el segundo día del macrojuicio de las «black».

La tesis del fiscal es sencilla. La nefasta gestión de Bankia hizo que el Estado interviniera con 22.000 millones para tapar el agujero. A partir de ahí, interpreta que los 12 millones que consejeros y directivos utilizaron para sus gastos forman parte de ese agujero que tuvo que ser cubierto con fondos públicos. De este modo, no solo se justifica su acción como parte acusadora, sino que también valida la presencia de la acusación popular, que ejerce Andrés Herzog, que actúa en nombre del sindicato CIC, tras el descalabro de UPyD.

Antes de que se inicien los interrogatorios a los testigos –que será la parte más mediática– el otro gran tema que se tocó ayer es la posibilidad de que se admitan como prueba una serie de correos que se han encontrado en los servidores de Bankia. El fiscal defiende que sí, ya que considera que no contienen detalles íntimos.

Estos correos han sido aportados recientemente al juicio y los acusados alegan indefensión. Su contenido abunda en detalles de cómo funcionaban los consejeros. Uno de los más llamativos recoge una queja de Matías Amat porque el límite de la «tarjeta black» que usaba para sus propios gastos era de 5.000 euros. Por ello, contacta con otro acusado Ildefonso Sánchez Barcoj para que le suban el límite hasta los 60.000.

El fiscal subraya que estos correos son de indudable relevancia, ya que describen el modo en el que se llevaba a cabo esta supuesta apropiación indebida de fondos de Caja Madrid y –tras la fusión– de Bankia.

Los acusados, además de apropiación indebida continuada, están siendo procesados por administración desleal. Este delito se produce cuando los responsables de dirigir la entidad no solo se aprovechan de su posición para apropiarse de bienes, sino que lo hacen a sabiendas de que eso pone en riesgo la viabilidad de la empresa.

El otro apunte llamativo de la jornada de ayer fue el resultado del chequeo médico a Gerardo Díaz Ferrán. El expresidente de la CEOE preso en Soto del Real intentó no acudir a las sesiones del macrojuicio alegando problemas de salud. Un forense le ha revisado y ha determinado que goza de salud suficiente como para estar presente a diario.