El enorme poder de los torturadores

No son pocos los generales de la Guardia Civil involucrados en su día en muy sonados casos de tortura. Por ejemplo, el siniestro jefe del cuartel de Intxaurrondo, Enrique Rodríguez Galindo, condenado por secuestrar, torturar y enterrar en cal viva a Joxean Lasa y Joxi Zabala. Y aún son más numerosos los coroneles, entre los que destacan cuatro de los implicados en el último caso de torturas en que se dictó una sentencia firme contra algunos de los torturadores y que tuvo lugar en enero de 1992, el caso de Kepa Urra.

Desde entonces, ha habido miles de casos de torturas, pero tan solo una sentencia condenatoria, la del caso Portu-Sarasola, que después revocó el Supremo como en tantas otras ocasiones. Pese a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por ello, dicha condena no ha tenido repercusión alguna para los torturadores que, una vez más, han vuelto a quedar completamente impunes.

El caso de Kepa Urra se inició el 29 de enero de 1992, tras detener la Guardia Civil a varios militantes de ETA entre quienes se encontraba Kepa quien sufrió tales torturas que debió ser ingresado en grave estado en el hospital de Basurto. El médico forense constató que tenía diversos hematomas en ambos ojos, equimosis en el cuello y erosiones en las muñecas, además de una arritmia cardiaca. También señaló que Kepa estaba inconsciente y tenía diversas manchas de sangre, aún recientes, en sus fosas nasales, boca y faringe. Y que su estado era el de «casi total desconexión con el medio ambiente, si bien en el momento del reconocimiento pericial parece que comienza a responder a estímulos dolorosos, cosa que al parecer no había hecho desde el momento de su ingreso».

En 1997, la Audiencia de Bizkaia dictaminó que uno de quienes torturaron con semejante saña a Kepa Urra fue el entonces teniente Manuel Sánchez Corbí y lo condenó a cuatro años de prisión. El Supremo rebajó la pena a un único año, pero mantuvo la pena de inhabilitación especial, que conllevaba su expulsión del Cuerpo. De inmediato, fue indultado por el Gobierno tras lo que siguió subiendo en el escalafón y hoy día ya es coronel. Y el sindicato policial SUP afirma que «es el sucesor del general Rodríguez Galindo en la defensa del espíritu militar de la Guardia Civil, de su consideración como un Cuerpo esencia de la Patria por encima de todas las instituciones».

Como Galindo, Sánchez Corbí ha recibido numerosas condecoraciones. Entre ellas, cinco cruces al Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo, remuneradas de forma vitalicia, y la Legión de Honor francesa, máxima distinción de dicho país. Además, hace un año, el Ministerio del Interior le concedió la Cruz de Plata, a propuesta del director de la Guardia Civil.

Hace un par de años, se explayó a gusto en numerosas entrevistas radiofónicas en las que explicó que su padre estuvo destinado como guardia civil en Gipuzkoa y él se crió en los cuarteles de Irun y Deba. También afirmó, por ejemplo, que la guerra sucia «no tuvo tanta importancia» y que, «quienes estaban entonces, hicieron lo que creyeron que debían hacer». E iba a hacer gala de su ideología ultra en una conferencia a la que finalmente no asistió en Bilbo titulada ‘‘¿Hemos acabado con ETA?’’.

Otro de los imputados y juzgados por torturar a Urra, Arturo Prieto Bozec, es también hijo de guardia civil. Y no de cualquiera. Su padre, miembro del servicio secreto franquista, estuvo involucrado en la matanza de los cinco abogados laboralistas de Atocha, en enero de 1977, y al ser llamado a declarar en el juicio, no se presentó.

Arturo Prieto, hoy día coronel jefe de la Comandancia de Almería, no fue condenado en el caso Urra, pero sí en otros dos en los que los torturados fueron varios detenidos junto con él. En ambos casos, no fue posible identificar a los torturadores y dejó bien claro que Arturo Prieto, en tanto que instructor del caso, tuvo conocimiento de las torturas y no hizo nada por impedirlo. Ahora bien, como tantas otras veces, el Supremo anuló ambas sentencias.

Los otros dos imputados en el caso Urra que ocupan hoy día puestos relevantes fueron Alejandro Hernández Mosquera y Diego Pérez de los Cobos que ‘‘visitaron’’ al torturado en el hospital donde estaba ingresado. Una enfermera oyó sus gritos de socorro, pero los jueces consideraron que, pese a ser «sorprendente» la razón que adujeron para realizar aquella ‘‘visita’’, prevalecía la presunción de inocencia.

Es bien significativo que el Gobierno español escogiera precisamente a Pérez de los Cobos para dirigir la represión policial contra los independentistas catalanes, y hacerles acatar la Constitución, ya que en su juventud se distinguió precisamente por oponerse a la misma desde su posición ultraderechista. El día que se produjo el golpe de Estado de Tejero, el 23F, llegó incluso a presentarse, vestido con la camisa azul falangista, a un cuartel de la Guardia Civil donde se ofreció a secundar dicho golpe.

Por su parte, Hernández Mosquera tiene dos hermanos que son también coroneles de la Guardia Civil, con los que forma un trío de mucho poder, y fue precisamente uno de ellos quien tomó el relevo de Pérez de los Cobos en Catalunya cuando este fue nombrado jefe de la Comandancia de Madrid, paso previo a su ascenso al generalato.

Por lo tanto, cuatro coroneles de la Guardia Civil implicados en las gravísimas torturas que sufrió Kepa Urra no solo han ocupado y ocupan muy altos cargos, sino que todo indica que en un futuro próximo les será impuesto el fajín símbolo del generalato, y ocuparán puestos de aún mayor responsabilidad.

Esa es la cruda realidad de la tortura en el Estado español.