A la espera de medidas estructurales, el recibo de la luz baja por una caída del IVA temporal

El impacto de la enorme subida del precio del gas en el mercado internacional –hasta un 400% en el último año– y los males endémicos del sistema eléctrico del Estado español han obligado al Gobierno de Pedro Sánchez ha tomar medidas. Las aprobadas ayer son de carácter temporal, mientras que las estructurales se hacen esperar.

El Gobierno español aprobó ayer el decreto ley que establece la rebaja del IVA que grava el recibo de la luz del 21% al 10% hasta finales de año y que se aplicará a todas las facturas que se emitan a partir de mañana si, como está previsto, hoy se publica en el BOE. También dicta la suspensión durante el tercer trimestre del impuesto a la generación eléctrica que abonan las empresas suministradoras.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez intenta mitigar el impacto que está teniendo en el recibo de la luz el encarecimiento de precios en el mercado mayorista eléctrico. Según sus cálculos, los hogares verán bajar su factura en torno al 10%, mientras que para los grandes consumidores –la industria intensiva en energía– el descuento será del 6%.

La rebaja del IVA supondrá un descenso de 6 euros al mes en la factura de un hogar medio, mientras que la suspensión del impuesto a la generación permitirá una rebaja adicional de entre el 2% y el 3%. Se aplicará a todos los consumidores con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios –la práctica totalidad de los hogares–, siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista esté por encima de los 45 euros por megavatio hora (MWh) –actualmente ronda los 86 euros–.

En el caso de los hogares beneficiarios del bono social, la rebaja se aplicará hasta el 31 de diciembre independientemente de los precios de mercado.

A finales de año, el Gobierno «revaluará» la situación y decidirá si es necesario prorrogar la rebaja fiscal en función de cómo estén los precios en el mercado eléctrico y de si ya han entrado en vigor dos de las medidas «estructurales» diseñadas para reformar el sistema eléctrico.

Una es la creación del Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FSNEE), que trasladará parte del coste de las renovables a petroleras y gasistas, y que se encuentra en trámite parlamentario. La otra es el anteproyecto de ley del dividendo de CO2, que busca minorar los «beneficios caídos del cielo» que se llevan tecnologías baratas, como la hidráulica o la nuclear, al ser remuneradas como las más caras (ciclo combinado) debido a que en el mercado eléctrico mayorista los precios se fijan mediante un sistema marginalista.

Propuestas de fondo

Precisamente, asociaciones de consumidores como Facua reclaman que se acometan «medidas estructurales», como un cambio en el modelo de subastas marginalistas para «acabar con la especulación o el beneficio que injustamente reciben ciertas eléctricas con tecnologías de generación extraordinariamente caras». El secretario general de esta organización, Rubén Sánchez, comentó ayer que «da la sensación de que el PSOE está frenando medidas, que no quiere o no se atreve a poner en marcha, contra el oligopolio de las eléctricas».

Por su parte, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que valoró positivamente este decreto ley, abogó por la adopción de más iniciativas por parte del Ejecutivo, como que la tarifa regulada deje de depender directamente de los precios del mercado mayorista.

Esta asociación –que agrupa a Endesa, Iberdrola, EDP y Viesgo–incidió en que la subida del precio del mercado mayorista eléctrico viene principalmente causada por el alza en el precio del gas natural (usado por las plantas de ciclos combinados) y «corresponde al Gobierno analizar las causas que llevan a un incremento tan significativo».

Según sus datos, el gas ha subido en el último año más del 400% y los precios a futuro prevén que se mantenga en el nivel actual el resto del año. «El mercado del gas es marcadamente estacional», con precios más bajos en los meses de verano por la menor demanda, pero «la coyuntura actual no responde a esta situación», subrayó.

Esta subida no afecta al consumidor de gas en el corto plazo ni a la electricidad en el resto de los Estados de la UE, pues sus tarifas reguladas tampoco están expuestas al mercado mayorista. «Solo afecta en España porque la tarifa regulada eléctrica es la única de la Unión Europea que envía a los clientes domésticos a la volatilidad del mercado mayorista», resaltó Aelec.