Condenas a migrantes por negarse a hacer la PCR

La crisis sanitaria ha derivado en condenas de cárcel para migrantes que rechazan hacerse una prueba PCR con vistas a materializar su expulsión por las autoridades francesas. El lunes, el Tribunal de Baiona emitió una nueva sentencia por la que condena a tres meses de cárcel a un migrante magrebí que, tras ser detenido y encerrado en el Centro de Retención de Hendaia, se negó a hacerse el test que exige Marruecos para aceptar su repatriación forzosa.

Los controles establecidos por la Policía francesa entre Irun y Hendaia impiden el libre tránsito de personas migrantes, incluso aunque estas presenten, como es de rigor, un test negativo de covid-19. A poco más de 30 kilómetros de la muga, los magistrados que ejercen en el Tribunal de Baiona, imponen penas de prisión a migrantes que «obstaculizan su expulsión» negándose a que se les realice la prueba PCR que exigen los países de origen para aceptar su repatriación forzosa.

Son las paradojas, con la correspondiente dosis de sufrimiento humano, de la aplicación de los protocolos sanitarios para hacer frente a la pandemia a las personas migrantes.

Sin ir más lejos, el lunes pasado, el Tribunal de Baiona emitió una nueva sentencia para encarcelar a un migrante magrebí. La crisis sanitaria ha derivado en penas de prisión firme para personas que se niegan a hacerse la prueba PCR con vistas a materializar su expulsión.

Se trata de una práctica cada vez más habitual, con implicaciones personales y legales graves, que llevó a principios de mes al observatorio de detención de personas extranjeras a alertar de que «el Gobierno francés echa leña al fuego». Se expresaba así en un comunicado emitido tras las protestas vividas en el Centro de Retención Administrativa (CRA) de Mesnil-Amelot, en la región parisina.

Alta tensión en los CRA

Las organizaciones que trabajan con personas extranjeras en peligro de expulsión advierten desde hace tiempo sobre la situación de «alta tensión» que se vive en los centros de retención.

«Las tensiones se han agravado desde que la administración obliga a las personas que son objeto de un procedimiento judicial de alejamiento a someterse a una PCR a fin de facilitar su expulsión a países de origen en los que se exige un test negativo para aceptar la entrada en su territorio», explica en su nota el citado observatorio de detención de personas extranjeras.

Los migrantes que se niegan a cumplir con ese trámite son detenidos y presentados ante un tribunal que promulga «penas de prisión que se sostienen en la acusación de pretender obstaculizar la expulsión».

El Tribunal de Baiona siguió ese guión, sin ir más lejos, este pasado 23 de agosto. Condenó a tres meses de prisión firme a un migrante marroquí que fue detenido y encerrado en marzo de 2020 en el Centro de Retención Administrativa de Hendaia.

Son ya varios los precedentes. La Cimade denunció, coincidiendo con la presentación de su informe anual sobre los centros de retención, que el 22 de setiembre de 2020 el Tribunal de Baiona adoptó una decisión que la asociación tildó en aquel momento de «inédita». El juez condenó a una persona, originaria de Costa de Marfil, a una pena de dos meses de prisión.

«Esas condenas son contrarias a la ley», se insurge ahora el observatorio de detención de personas extranjeras, para insistir, como hicieran en otoño pasado las organizaciones que integran el organismo, en que «el rechazo a someterse a un test no entra en la definición de delito descrita y sancionada por el Código de Entrada y Estancia de Extranjeros (CESEDA)».

Tanto el Código Civil como el Código de Salud Pública franceses prohíben expresamente que «un acto médico, a priori invasivo, como es el caso de un test, se practique sin el consentimiento de la persona».