Los límites a los superbeneficios que plantea la CE son aún coyunturales

La Comisión Europea detalló ayer sus propuestas para controlar el alza desbocada de los precios del gas y de la electricidad. Entre ellas, destaca la intención de recortar, vía impuestos, los «superbeneficios» de las multinacionales energéticas, lo que supondría unos ingresos de 140.000 millones para las haciendas públicas. También ha propuesto crear un Banco del Hidrógeno.

En su reunión del 30 de septiembre, las ministras y ministros de Energía de los Veintisiete deberán pronunciarse sobre las medidas de urgencia presentadas ayer por la Comisión Europea para que puedan aplicarse de aquí al 1 de enero y permanezcan en vigor hasta el 31 marzo.

A la espera de una reforma «profunda» del sistema

En el mercado comunitario, el precio de coste de la última fuente de electricidad movilizada para satisfacer la demanda -a menudo una central alimentada con gas- determina el precio impuesto a todos los operadores. La Comisión propone limitar los ingresos de los productores de electricidad de origen nuclear y renovable (eólica, solar, hidroeléctrica), que obtienen beneficios «excepcionales» vendiendo a un precio muy por encima de sus costes de producción, lo que hacían ya antes de la invasión de Ucrania por el Ejército ruso. Quiere fijar ese techo en 180 euros por megawatio hora (MWh). La diferencia entre este nivel de ingresos y el precio del mercado mayorista sería recuperada por los Estados para ser redistribuida a hogares y empresas, según explicó AFP.

El Ejecutivo europeo estima que con ese tope los Estados recaudarían hasta 117.000 millones de euros. Este “maná” puede variar mucho según los Estados miembros, ya que la composición de sus mix energéticos es muy diferente.

Así, en el Estado francés, los beneficios de la nuclear, a través de los dividendos de EDF, y de las renovables, a través de los contratos de venta a precio fijo suscritos por los operadores, ya van en gran medida a las arcas públicas.

Por su parte, la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, comentó que habrá que ver «la letra pequeña al detalle» para conocer cuál es la referencia de precios máximos para cada tecnología y cómo se combinan con la minoración de beneficios extraordinarios que obtienen las centrales que no usan gas.

Más allá de la actual crisis energética, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, prometió una reforma estructural «profunda» del mercado eléctrico, sin más detalle.

La «contribución» de las petroleras

Bruselas también quiere exigir «una contribución solidaria temporal» a productores y distribuidores de gas, carbón y petróleo, que están obteniendo ganancias masivas gracias a los altísimos precios de los combustibles fósiles. «Estas grandes empresas deben pagar una parte justa, pagar una contribución de crisis», indicó Von der Leyen en su intervención ante el Parlamento Europeo durante el debate del “Estado de la UE”.

Esa contribución se fijaría en el 33% de la cuota de los superbeneficios (superiores en más de un 20% a la media de los años 2019-2021). Este mecanismo podría aportar a los Estados «unos 25.000 millones de euros» adicionales.

Pero la Comisión se cuida mucho de hablar de “impuesto” porque cualquier disposición fiscal requiere la unanimidad de los Veintisiete, un procedimiento más complicado y arriesgado que la adopción por mayoría cualificada.

Fondos para el hidrógeno

Von der Leyen anunció también la creación de un Banco Europeo del Hidrógeno, que movilizará 3.000 millones de euros de inversión.

Rusia rechaza el proyecto de seguridad de Kiev

El Kremlin consideró como una amenaza el proyecto de garantías de seguridad que ha planteado Ucrania con participación de Occidente, porque este no prevé su estatus neutral. «Nadie esconde que quieren tener ese documento hasta la entrada del país en la OTAN. Es decir, siguen buscando la membresía en la Alianza. Por eso, la principal amenaza para nuestro país se mantiene», señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, que recordó que la aspiración ucraniana de ingresar en la OTAN fue precisamente uno de los motivos que provocaron la intervención militar en el país vecino.

El proyecto de la Presidencia ucraniana supone más armas para el país y más sanciones contra Rusia, además de hacer garante a la OTAN, que adoptaría medidas preventivas para evitar una nueva agresión, lo que contempla medidas militares. Incluye el suministro de armamento moderno como sistemas antiaéreos, la inversión en la industria militar ucraniana y la celebración de maniobras conjuntas, también líneas rojas para Rusia.

Kiev lo presenta en un momento en el que ha logrado ganancias territoriales y la iniciativa en el campo de batalla, una posición plasmada por la presencia del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en Izyum, una ciudad estratégica para la ofensiva rusa. EEUU considera que Ucrania puede hacer de este movimiento un punto de inflexión en la guerra.

Según el presidente del comité de Asuntos Internacionales de la Duma (Cámara Baja rusa), Leonid Slutski, la iniciativa trata «de incrementar la confrontación con Rusia en vez de resolver la actual situación. (...) Un pacto para implicar a los países de la OTAN y a sus aliados en el conflicto de Ucrania», afirmó. La posibilidad de un acuerdo de paz sigue siendo pues muy lejana, como constató ayer el secretario general de la ONU, António Guterres, que calificó las posibilidades actuales como «mínimas» tras una conversación con el presidente ruso, Vladimir Putin. GARA