A Lakua no le gustan las propuestas para controlar su libre albedrío

El criterio desfavorable del Gobierno de Lakua a la creación de un Centro de Estudios de Opinión, a pesar de haber un acuerdo parlamentario de 2007, es el último eslabón que muestra lo poco le gustan este tipo de iniciativas legales de la oposición. En dos legislatruas solo se ha aprobado, y cepillada, una de las siete presentadas.

Fue el recién fallecido Rodolfo Ares quien en nombre del PSE registró el 22 de junio de 2006 una proposición para que se regulara por ley el Gabinete de Prospecciones Sociológicas, puesto que «en muchas ocasiones -decía- sus trabajos parecen más hechos para justificar las posiciones políticas que defiende el Gobierno, que para recoger fehacientemente las preocupaciones o la opinión de la ciudadanía».

El parlamentario del PSE Antonio Rivera, que defendió la iniciativa el 16 de febrero de 2007, arrancó con aquello de que «César tenía una señora de la que se demandaba que fuera casta y pura, pero que además lo pareciera». Apuntó que la forma en la que se hacen las encuestas, sus preguntas y cuándo se comunican los resultados, «influye extraordinariamente» en el efecto final. Y añadió que llevaba dos o tres ejemplos aplicables al Gabinete de Lehendakaritza, pero que en aras del consenso alcanzado se las iba a guardar.

Pese a la intención confesada de evitar «el mal rollo», Rivera sí dejó en el diario de sesiones que «conforme se hagan las cosas, esto del Gabinete [de Prospecciones Sociológicas] puede ser una cosa muy interesante para todos o lo puede estar cargando el mismísimo diablo. Y la función de este Parlamento, o una de las funciones de este Parla-mento, es comportarse continuamente, en relación al Ejecutivo, como si el Ejecutivo, lejos de ser muy bueno, como algunos suponen, fuera siempre muy, muy, muy malo».

Hubo acuerdo unánime en instar al Gobierno a que antes de acabar el año 2007 regulara una ley que garantizara su independencia, neutralidad y objetividad

El PNV, a través de Elixabete Piñol, expuso que no tenía ningún impedimento, aunque quiso dejar claro «que la profesionalidad y el rigor con el que trabaja el propio Gabinete de Prospección Sociológica es impecable, y desde luego queda fuera de toda duda, se desprende en primer lugar del hecho de la propia calidad de sus trabajos. El personal que trabaja en él tiene una independencia total a la hora de realizar su trabajo, y su modus operandi se ajusta a criterios estrictamente científicos, tal y como lo avala la calidad, profesionalidad y rigor de sus propios trabajos».

Unos argumentos no muy alejados de los utilizados ahora por el Gobierno de PNV y PSE para rechazar la proposición de ley de EH Bildu para la creación de un Centro de Estudios de Opinión que recoge el núcleo de lo aprobado en el Parlamento en 2007 y que nunca se materializó.

Una constante

Por activa o por pasiva, el Gobierno de PNV y PSE ha conseguido que no se apruebe prácticamente ninguna proposición de ley que pretenda ser un avance en el terreno de la transparencia y el control del poder. Pese a aquellas palabras del parlamentario del PSE Antonio Rivera, incluso se diría que se ofenden.

La única de las siete iniciativas presentadas en las dos últimas legislaturas que se ha aprobado ha sido la relativa al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, que partió de dos propuestas independientes de EH Bildu y PP+Cs.

PNV y PSE consiguieron convencer al grupo de Carlos Iturgaiz de apoyar un ley muy «cepillada» que, entre otras cosas, no recogía una de las principales demandas de toda la oposición: que hubiera un periodo de carencia para que políticos no puedan pasar de su cargo anterior al TVCP.

Por cierto, la votación tuvo su propio escándalo, puesto que PNV, PSE y PP+Cs votaron en contra de las partes del dictamen que habían acordado que habían sido enmendadas. La reforma debía haberse rechazado, pero la presidenta ordenó repetir la votación, pese a que no había mediado ningún error técnico.

PNV y PSE han llegado a dejar pasar plazos de su propia proposición de ley de Transparencia y Participación Ciudadana, que estuvo más de un año en debate hasta que se acabó la legislatura. Y tiene el agravante de que el Gobierno se opuso a una propuesta de Elkarrekin Podemos-IU para proteger a las personas que denuncien casos de corrupción, alegando que ya estaba registrada la anterior de PNV y PSE.

Oficina Anticorrupción

Ahora mismo hay dos proyectos de ley que pretenden controlar la actuación gubernamental y los dos están registrados por EH Bildu. El criterio desfavorable del Gobierno a la creación del Centro de Estudios de Opinión hace prever que PNV y PSE, con su mayoría absoluta, impedirán que siga su trámite parlamentario.

Habrá que ver qué suerte corre la proposición de ley sobre la creación de una Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, que ha vuelto a presentar EH Bildu. Esta iniciativa ya tuvo un recorrido en la pasada legislatura. El Gobierno informó favorablemente, pero las tres diputaciones forales, gobernadas también por PNV y PSE, presentaron sendos recursos ante la Comisión Arbitral, lo que provocó su bloqueo en el Parlamento. EH Bildu lo denunció como «un subterfugio» que probablemente impediría que la Oficina Anticorrupción pudiera se aprobada en la legislatura. Y así ocurrió. Cuando meses después se pudo retomar el trámite, al poco el lehendakari, Iñigo Urkullu, disolvió la Cámara y convocó elecciones.

Ahora el debate vuelve al Parlamento y el primer paso que se debe conocer será la decisión del Gobierno de Lakua sobre el mismo. En 2017 fue favorable.