Dos de cada cinco perceptores de renta garantizada en Nafarroa son menores

El 38,3% de los perceptores de renta garantizada en Nafarroa son menores de edad, según figura en el informe difundido ayer por la Cámara de Comptos con datos de 2023. La población menor de 18 años constituye el 20,6% del total.

Comptos publicó ayer su informe sobre la gestión de la renta garantizada en Nafarroa entre 2019 y 2023, evidenciando que se trata de una ayuda de «gestión compleja», dificultad que atribuye en gran medida al solapamiento con el Ingreso Mínimo Vital, la ayuda estatal que nació con graves errores de diseño.

Los inspectores comprobaron que la Administración es incapaz de verificar que los perceptores cumplen con los requisitos de forma adecuada y que tampoco lleva a cabo su compromiso de remitir ofertas de trabajo o cursos de formación sociolaboral.

En su estudio, demandado por el PP, Comptos recuerda que el riesgo de pobreza en Nafarroa, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, alcanza a un 17% de la población, y que el indicador «ha empeorado proporcionalmente más que en el resto de comunidades» en los cuatro últimos años, por más que el territorio presente mejores datos que el conjunto estatal.

Este apunte contrasta con el hecho de que, en el mismo informe, se recoge que el número de beneficiarios de renta garantizada es el más bajo de los últimos cuatro años (35.186 frente a los 41.676 de 2021).

El análisis de la renta refleja que esta situación de pobreza se ceba especialmente con la población menor de edad. El 38,3% de las rentas garantizadas tuvieron como beneficiarios a menores de edad, cuando este sector poblacional representa el 20,6% del total.

Los menores perceptores de renta, según se desprende del informe, serían 13.337.

Comptos recuerda que para cobrar la renta se exige residir en Nafarroa dos años antes de presentar la solicitud. A las personas que puedan trabajar también se les obliga a aceptar las ofertas de empleo y participar en actividades de inserción sociolaboral.

En 2023, del total de perceptores estaba disponible para el empleo el 44%, debido a esta elevada proporción de menores de 18 años y la presencia de mayores de 65 y personas en situación irregular o no capacitadas para el trabajo.

La cuantía de la renta garantizada se fija en función del número de miembros de las familias necesitadas. En 2023 iba desde 716 euros para un único integrante, hasta 1.433 euros para seis o más miembros de la unidad familiar.

IMV Y RENTA GARANTIZADA

La existencia de dos ayudas para el mismo colectivo hace muy compleja la gestión. «La renta garantizada no es la única herramienta para luchar contra la pobreza. Existe también el ingreso mínimo vital (IMV), una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza un ingreso a quienes no tienen recursos. Su finalidad, por tanto, coincide con la de la renta garantizada, si bien los requisitos para recibir la ayuda son diferentes», explica Comptos.

En 2023 hubo 15.800 beneficiarios del IMV, con un coste de 50 millones. El 28% de las personas beneficiarias de la renta garantizada también percibe IMV.

La renta garantizada sirvió para ayudar a 35.186 personas y supuso otros 103 millones de gasto.

DÉFICITS EN LA GESTIÓN

«El informe ha analizado el cumplimiento de las ocho obligaciones para percibir la renta garantizada. La Cámara de Comptos ha detectado incumplimientos en cinco, entre ellas mantenerse disponible para el empleo y participar en actividades de inserción sociolaboral», subraya el análisis.

Los inspectores no han podido opinar sobre el cumplimiento de las tres restantes: residencia efectiva en Nafarroa, aceptación de ofertas de trabajo «adecuado» y haber solicitado todas las prestaciones posibles antes de la renta.

El informe también opina sobre las obligaciones de los Servicios Sociales y de la Administración. Concluye que los primeros sí cumplen con lo establecido en la normativa respecto a información, orientación e inclusión social.

Sin embargo, la Cámara de Comptos no puede opinar sobre si la Administración ha ofertado un empleo o una formación por un periodo igual o superior a 24 meses.