«Cada decisión sobre la tortura abre una grieta y ese muro caerá»

La decisión del Comité contra la Tortura de la ONU sobre Raúl Fuentes abre nuevos caminos y es además otro golpe al negacionismo español. Desde la perspectiva que da vivir en Suiza y trabajar ante estas entidades, su abogado deja una cosa clara: «En Europa y la ONU se sabe que España torturó a miles de vascos».

Vive en Ginebra -donde ejerce como abogado y da clases en la universidad- pero tiene un ojo puesto sobre Euskal Herria a diario. Olivier Peter resultó clave en la anulación de la «doctrina Parot» cuando apenas tenía 25 años; ha sido el abogado de torturados como Igor Portu, Nekane Txapartegi o ahora Raúl Fuentes; y además ha defendido a independentistas catalanes como Anna Gabriel y Oriol Junqueras, lo que le da una perspectiva completa de cómo se maneja el Estado español ante las disidencias políticas.

Hace dos años y medio avanzaba en una entrevista a NAIZ, realizada por Aritz Intxusta, que tenía entre manos un caso que no quería concretar pero que podía adquirir mucha relevancia a futuro si lograba establecerse que la tortura es un delito que no prescribe. Así ha sido; el dictamen del Comité contra la Tortura de la ONU resulta claro al respecto. Peter ha pasado por Bilbo para detallarlo y ahí ha atendido a NAIZ.

El nombre que no quería decir entonces era el de Raúl Fuentes, ahora lo hemos sabido. ¿Por qué es tan importante este tema?

Es un caso que identificamos como estratégico desde el principio, en 2018. Quiero destacar el papel de la familia y amigos, no solo en apoyarle a él sino en mover este tema. Junto a Iñigo Iruin vimos que había algo que hacer con ello por la cuestión de la prescripción, y que eso afectaría a más casos. Es algo que remarca siempre Raúl; que no lo hace solo por él, sino sobre todo por sus compañeros. Tiramos para adelante sabiendo que sería un proceso largo y difícil. Nunca conviene generar expectativas excesivas, pero lo afrontamos con cierto optimismo. Siete años después vemos que teníamos razón en intentarlo. Y hay otras dos cosas importantes más en la decisión del CAT.

¿Cuáles?

Primero, le dicen a España que tiene que investigar los hechos y determinar responsabilidades, incluidas las de los mandos superiores: quién ordenó y encubrió las torturas. Y es que ya sabemos que no hay excesiva tradición de perseguir a superiores... Esto debería suponer una apertura del caso a nivel judicial. De momento el Estado español tiene 90 días para explicar qué está haciendo. Habrá un seguimiento.

Segundo, España intentó explicar en el procedimiento que en 1991 Raúl no presentó una denuncia formal, aunque sí le explicó al juez instructor que le habían torturado y hubo una carta de su abogado. Y sobre esto, el CAT dice que si el Estado tiene conocimiento de un caso de torturas, debe investigarlo, haya denuncia formal o no. Esto es importante para las víctimas que no denunciaron en su momento.

Fuentes había llevado su caso hasta el Constitucional español, donde ni siquiera fue admitido a trámite...

Cuando empezamos, no había nada, ni siquiera un procedimiento judicial. Su caso sí había sido incluido en el estudio del Instituto Vasco de Criminología [de 2017], eso existía. Entonces, cuando se presentó la denuncia ya preveíamos que la iban a archivar inmediatamente: si no investigan los casos que no están prescritos, imagínese aquellos que ellos argumentan que sí han prescrito. La idea era pasar las vías judiciales internas lo más rápido posible para llegar a una instancia internacional, y que ahí se reconociera, por primera vez en un caso individual, que la prescripción no puede ser un argumento para negarse a investigar torturas. Esto se había dicho en varios informes como principio general y abstracto, pero nunca en un caso concreto.

Esa decisión española de no investigar el caso es realmente reciente (2018). ¿Acaso España no sabe que ha firmado convenios que establecen que la tortura no prescribe?

El Estado español es consciente de que vulnera derechos fundamentales y vulnera sus obligaciones internacionales. Es consciente cuando mata migrantes que pasan sus fronteras, o cuando hiere a mil personas que se manifiestan pacíficamente el 1 de octubre de 2017, y también lo es cuando no investiga torturas en Euskal Herria. Pero cree que políticamente lo puede asumir, porque no hay una presión social suficiente para que esto cambie. Lo hemos visto con los presos políticos catalanes; han estado en la cárcel hasta que la presión internacional ha sido suficiente como para liberarlos. Creo que aquí es lo mismo: habrá impunidad hasta que exista una presión social e internacional suficiente. Hasta entonces, seguirá con las vulneraciones de derechos humanos.

Hay una especificidad en este caso, como en el reciente de Iratxe Sorzabal aceptado por la Audiencia Nacional: existen informes forenses que señalaban la tortura. En otros muchos casos los tribunales españoles lo tienen fácil para negarla...

Diría dos cosas al respecto. En el caso de Raúl fue importante buscar a las personas detenidas junto a él y ver si había existido también la ‘tortura de los lápices’. Y fue muy impactante ver que las torturas son las mismas, porque lógicamente los torturadores son los mismos. Cruzar la información aporta muchos más indicios. Por otro lado, no debemos focalizarnos en las marcas físicas. La tortura deja huellas muy profundas a nivel psicológico y esas son heridas mucho más importantes que un moratón. Hay huellas psíquicas 30 años después que hoy se pueden documentar con el Protocolo de Estambul.

En el caso de Raúl había unos datos forenses importantes y un testimonio muy claro, detallado y coherente. Pero esto lo encontramos en muchos casos. Son muchos los que se pueden llevar a instancias internacionales gracias a lo que ha dicho el CAT.

Cuantos más casos se aceptan internacionalmente, ¿más fácil es que se avalen otros nuevos? ¿Esto crea una especie de jurisprudencia?

Quiero recordar que Encarnación Blanco ganó el primer caso en 1998 [en la ONU]. Sin aquello, quizás no estuviéramos aquí. Luego han venido Beatriz Etxebarria, Oihan Ataun, Orkatz Gallastegi, Martxelo Otamendi... no puedo citar todos. Está claro que hay una tendencia.

En estos 27 años desde Blanco hay trece decisiones internacionales... y no ha habido trece condenas por torturas en el Estado español. Es decir, ¡hay más condenas a España por torturar o no investigar torturas que en España a torturadores por torturar! Esta es la foto. Y demuestra que no es un problema de 2025, sino que la impunidad es un muro muy sólido construido durante décadas. Cada decisión abre una grieta y ese muro acabará cayendo, aunque no sepamos cuándo.

No obstante, la tortura en Euskal Herria nunca ha sido un escándalo a nivel internacional, como Guantánamo o Abu Ghraib en su momento, y ello pese a que existan informes oficiales con más de 5.000 casos certificados. ¿A qué lo atribuye?

Por un lado, en Europa hay una tendencia a ver las vulneraciones de derechos humanos que pasan lejos, pero no a lo que pasa en sus calles o en sus comisarías. Creo que es un enfoque colonial que tenemos que deconstruir; Europa también vulnera los derechos humanos de las personas vulnerables y de los opositores políticos.

Por otro lado, esto se sabe en Europa, se sabe en la ONU, se sabe que España tortura y que no quiere investigar. A partir de ahí, que el asunto no sea un escándalo en Francia o Inglaterra, que no lo tengan como prioridad política, quizás se pueda entender. Pero la realidad de la tortura es conocida, esto es claro.

Pelear estos casos concretos no es para que se sepa, porque insisto en que ya se sabe, sino más bien para que no se olvide. No hay ningún relator de la ONU ni miembro de un comité que no sepa que España ha torturado a miles de vascos.

Ha defendido también al independentismo catalán. ¿Hay un patrón similar de represión por parte del Estado español, más allá de la diferencia que marca la tortura?

Sí lo hay. Es la facilidad para vulnerar derechos humanos de la oposición política cuando puede constituir una amenaza para su «orden». Pasa también con otros movimientos sociales; cuando tocas el corazón del Estado (la monarquía, ciertos intereses, la unidad de España...), reacciona con brutalidad.

Yo considero que hay una amnistía de facto para la tortura en el País Vasco. Es curioso porque cuando el movimiento social reivindica la amnistía les dicen que es imposible, pero ya existe para estos policías que torturaron.

Le pregunto ahora por los presos. Usted participó en la derogación de la «doctrina Parot», ¿qué conclusión sacó de aquello?

Vuelvo a unirlo con la tortura. Hay cosas que me llaman la atención. Resulta que a Raúl Fuentes se le dice que no se pueden investigar sus torturas porque son de 1991, y mientras tanto a Jaione Jauregi la extraditan por hechos de 1982, casi diez años antes.

Estoy viendo también que se construyen teorías muy «creativas» por llamarlo de algún modo, por ejemplo para intentar condenar a Josu Urrutikoetxea. Esto tiene un nombre claro: es el Derecho Penal del Enemigo, la manera diferente de tratar a personas del movimiento independentista y a funcionarios policiales, para unos muy severa y para otros casi inexistente. Si es verdad que el conflicto ha terminado, quizás habría que aplicar un estándar similar a los dos, y si unos se benefician de la impunidad...