CEAR denuncia el desamparo de los solicitantes de protección

Zehar-Errefuxiatuekin y CEAR Euskadi criticaron la modificación de la Ley de Extranjería que entró en vigor el pasado 20 de mayo, por la cual el tiempo que pasa un solicitante de protección internacional en el Estado español no cuenta para la residencia por arraigo.

Con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se conmemora cada 20 de junio, Zehar-Errefuxiatuekin y CEAR Euskadi denunciaron el «nuevo y grave retroceso en materia de derechos humanos» que supone la última reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería, en concreto la modificación del artículo 126.

En una rueda de prensa celebrada ayer en la sede de la Fundación EDE en Bilbo, la coordinadora territorial de CEAR Euskadi, Elena Valverde, y el director de Zehar-Errefuxiatuekin, Javier Canivell, presentaron los datos que se esconden tras la situación de las personas refugiadas, a la vez que explicaron los cambios que conlleva la modificación de la Ley de Extranjería. El acto también contó con el testimonio de Óscar Fernández, refugiado colombiano en Euskal Herria afectado por el cambio reglamentario.

Con entrada en vigor el 20 de mayo de 2025, la modificación del artículo 126 de la Ley de Extranjería deja de computar para la autorización de residencia por arraigo el tiempo que una persona solicitante de asilo internacional ha permanecido en el Estado español bajo esta condición. Así lo comentó Canivell, quien destacó que «con el antiguo reglamento, se fijaba un periodo de tres años de residencia continuada en España para solicitar el arraigo». «Aunque ahora se ha bajado a dos, el tiempo que las personas solicitantes de protección internacional están en esta condición no va a contar. Esto está impactando gravemente en estas personas, que están viendo denegadas sus solicitudes de protección internacional», continuó el director de Zehar.

Por ello, Canivell reclamó «vías legales y seguras para solicitar protección internacional», «reformar la Ley de Extranjería para que, verdaderamente, se respeten y se garanticen los derechos de las personas que deseen solicitar esta protección», «el fin de los visados de tránsito que impiden a las personas solicitar la protección» y «una política migratoria basada en la dignidad, la justicia y los derechos humanos».