El juez imputa a Cerdán mientras la UCO entra en Ferraz y Transportes

La Guardia Civil entró en Ferraz. Registró durante dos horas la sede del PSOE con la intención de clonar el correo de Santos Cerdán, que ha pasado formalmente a tener la condición de investigado, al igual que Antxon Alonso, administrador único de Servinabar. La UCO accedió también al Ministerio de Transportes y las sedes de Adif y la Dirección General de Carreteras.

El epicentro de la investigación de la UCO por la trama de las contratas se situó ayer en Madrid. Desde allí llegaron imágenes, que se volverán icónicas, de la entrada de los agentes en la sede de Ferraz, destinadas a generar un paralelismo con lo sucedido el 19 de diciembre de 2013, cuando agentes de la Policía Judicial entraron en la sede del PP cuyas obras se pagaron con dinero negro que provenía de constructoras de obra pública. En aquella ocasión, los agentes que seguían órdenes del juez Pablo Ruz permanecieron en Génova 14 horas. Ayer, el registro de la UCO fue más corto, de apenas dos horas. El cometido de los guardias civiles fue clonar el correo electrónico de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.

Cerdán abandonó su escaño y su consecuente aforamiento el lunes tras habérselo requerido Pedro Sánchez. Y ayer pasó a estar investigado en la causa. La misma situación procesal en la que se encuentra ahora Antxon Alonso, propietario de la empresa Servinabar, a quien la UCO atribuye un papel determinante.

Alonso, a través de un comunicado formal en nombre de Servinabar, salió a desmentir un documento que los guardias civiles encontraron en el registro de su casa de Elorrio, según el cual un 45% de las participaciones sociales de la empresa fueron transferidas al propio Cerdán.

«Santos Cerdán no ha sido nunca, ni es socio de Servinabar 2000, S.L.», señala ese escrito. «No existe ninguna escritura en la que el Sr. Cerdán haya adquirido participaciones sociales de la empresa», remarca.

Para la UCO, Servinabar jugó un papel clave en las presuntas comisiones que se habrían pagado en Nafarroa. Esta empresa concurrió a varias adjudicaciones en la Comunidad Foral en UTE (Unión Temporal de Empresas) con una constructora mucho más grande, Acciona, que era la que ponía el dinero.

La nota que firma Alonso añade que la actividad de Servinabar era legal y habitual, alegando que se presentó a 30 licitaciones públicas, pero que solo consiguió hacerse con las obras en cinco ocasiones, dos de las cuales fueron «deficitarias», según su versión.

BELATE Y MINA MUGA

La obra de mayor cuantía que se le adjudicó a la UTE Acciona-Servinabar fue la de los túneles de Belate, por 62,8 millones. En esa ocasión hubo votos particulares en la mesa de contratación, asunto que fue tratado en una comisión parlamentaria. Además, se encargó una revisión posterior del contrato por parte de Comptos.

Posteriormente, esa concesión concreta fue judicializada por UPN, partido que ha dado el salto a acusación particular en la presunta trama a nivel estatal junto a una plétora de organizaciónes de ultraderecha: Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia et Veritas... También son acusación el Partido Popular y el Gobierno Foral.

El informe de la UCO, basado en grabaciones y mensajes de Koldo García (exagente de seguridad cercano a Cerdán y con conexiones con Policía y Guardia Civil), sitúa a Servinabar como clave también en la Mina Muga, un proyecto de extracción de potasa, que prometía 800 puestos de trabajo, ubicado en terrenos de Nafarroa y Aragón.

La relación laboral que mantuvo durante tres años la pareja de Ramón Alzórriz con Servinabar (2021-2024) fue la causa por la que el vicesecretario general del PSN perdiera la confianza de María Chivite y presentara su dimisión, tanto como portavoz parlamentario como número dos del partido.

Por otro lado, ayer se tuvo conocimiento de que el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, también trabajó para Servinabar como director comercial entre 2021 y 2023. Fernández Guerrero ha tenido una destacada trayectoria profesional ligada al PSOE andaluz, comunidad de la que fue interventor general.

GARA pudo contrastar que existe constancia de que Fernández Guerrero solicitó a la Oficina de Conflictos de Intereses para Altos Cargos permiso para trabajar en la empresa investigada con sede en Iruñea.

En suma, son múltiples indicios los que apuntan a la cercanía de Servinabar con el PSOE: audios, mensajes aludiendo al administrador único, el supuesto documento de copropiedad y la contratación de personas ligadas al partido.

El registro en Ferraz no es el único que protagonizó la UCO por orden del juez del Supremo Leopoldo Puente, que instruye la causa. Los agentes de la Guardia Civil entraron también en el Ministerio de Transportes, esta vez, para clonar el correo de José Luis Ábalos, quien junto a García inició -según la versión policial- otra trama diferente con el empresario Víctor de Aldama, que estaría en el origen de la investigación.

Los guardias civiles de la UCO entraron también en Adif y la sede estatal de la Dirección General de Carreteras. Sin embargo, no hicieron lo propio en Acciona, empresa a la que tan solo le pidieron que les enviase la información que consideraron pertinente.