Organizaciones vascas denuncian la represión bajo el Gobierno de Bukele

Dos activistas salvadoreñas exiliadas, junto a representantes de Zehar Errefuxiatuekin y de la Coordinadora de ONGD Euskadi, denunciaron ayer en una comparecencia en Bilbo la grave situación de los derechos humanos en El Salvador bajo el Gobierno de Bukele. Presentaron las conclusiones de un informe elaborado por una delegación vasca tras una visita al país en enero.

Zehar Errefuxiatuekin y la Coordinadora de ONGD Euskadi denunciaron ayer la criminalización de la sociedad civil y la persecución de defensores de derechos humanos en El Salvador. Ambas entidades persentaron además el informe relativo a la vista que una delegación vasca, compuesta por varias organizaciones de cooperación y solidaridad junto con representantes del Gobierno de Lakua y del Parlamento, realizó a El Salvador el pasado mes de enero.

Arropadas por Eneko Gerrikabeitia, responsable de Mundubat, y Leire Lasa, miembro del equipo de incidencia y participación social de Zehar Errefuxiatuekin, Ivania Cruz y Zenayda Serrano, activistas y abogadas salvadoreñas, profundizaron en la gravedad de la situación del país gobernado por Nayib Bukele. «El Gobierno está utilizando el estado de excepción para ir contra cualquier tipo de disidencia o movimiento social», subrayó Serrano, miembro del Movimiento Unificado Francisco Sánchez 1932 (MUFRAS-32).

En el marco del NARE-Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, la delegación vasca tuvo la oportunidad de visitar el país y conocer su situación de primera mano.

«Es la primera comitiva internacional que visita nuestro país», indicó Cruz, principal portavoz de la organización Unidad de Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDECH). Resaltó que «la comunidad internacional debe poner los ojos en El Salvador». Frente al discurso oficialista difundido por el Ejecutivo de Bukele, ambas activistas, acompañadas por organizaciones y representantes políticos vascos, expusieron la persecución que organizaciones como las suyas sufren diariamente, así como la violación sistemática de los derechos humanos que padece la población salvadoreña.

UNA VISITA REVELADORA

El informe trata de deconstruir la narrativa de Bukele mediante la cual la seguridad se contrapone a los derechos humanos. Así, el documento expone que «el régimen de excepción, que se inició en marzo de 2022, sigue vigente tras 38 prórrogas», que «bajo una supuesta estrategia de seguridad de lucha contra las pandillas», está permitiendo «una estrategia de control político y social más amplia que ha dejado a su paso la detención de 85.000 personas sin el debido proceso judicial (el 2,5 % de la población adulta del país)».

Según se destaca en el documento, durante su visita la delegación pudo constatar «las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y masivas con ausencia de garantías procesales, la falta de independencia judicial» e incluso «la situación de crisis humanitaria que se vive al interior de las cárceles, que incluyen testimonios sobre hacinamiento extremo, tortura, tratos inhumanos y degradantes», contradiciendo así la narrativa que el Gobierno de Bukele trata de vender a la comunidad internacional acerca de la seguridad y las garantías que supuestamente caracterizan sus cárceles.

El informe también se hace eco de «los ataques a la libertad de expresión y la libre información; de la falta de transparencia y acceso a la información pública; del grave retroceso en los derechos y libertades de las niñas, mujeres y personas LGTBIQ+; la desprotección de la infancia y la adolescencia; y el deterioro del sistema público en detrimento del aumento del gasto militar y presidencial».

Coincidiendo con lo expuesto en el informe, tanto Cruz como Serrano destacaron «la desprotección y el desamparo de las víctimas, que no tienen ninguna institución a la que acudir».

La declaración del estado de excepción ha permitido al Gobierno actuar «arbitrariamente» y, lo que es más preocupante, «han conseguido normalizar el sacrificio de los derechos humanos frente a la seguridad», lamentó Serrano.

Unido a ello, trataron de desviar la atención que recibe el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) hacia el resto de centros penitenciarios del país, «donde tienen lugar asesinatos y graves violaciones de derechos humanos».

Ambas entidades exigieron al Gobierno de Bukele poner fin al «régimen de excepción y el restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales suspendidas; investigaciones para el esclarecimiento de la verdad y la depuración de responsabilidades institucionales e individuales ante las violaciones de derechos humanos cometidas. Violencias que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, como es el caso de las desapariciones forzadas o las muertes bajo custodia. Las víctimas y sus familiares deben tener acceso a mecanismos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición».

Urgieron a «adoptar políticas públicas que permitan ejercer la defensa de los derechos humanos garantizando el pensamiento crítico, el periodismo, la oposición política y el derecho a la protesta».

Serrano fue tajante afirmando que «Bukele incumple constantemente la Constitución y busca el silencio sistemático de la disidencia». Calificó el régimen como un «modelo neofascista disfrazado por las redes sociales».

Ambas en el exilio, Cruz y Serrano reivindicaron la «efectividad de la oposición y la resistencia», tanto dentro como fuera de las fronteras, destacando que «a pesar de retener parte de su popularidad, Bukele ha pasado de tener el 80% del apoyo popular a ostentar no más del 55 %».

Aunando esfuerzos y perspectivas, la creación del «Comité de solidaridad de salvadoreñas/os en Euskal Herria contra la dictadura de Bukele» es una viva expresión de la colaboración entre los exiliados que reivindican sus derechos desde fuera del país.

Para este viernes ha convocado una concentración a las 19:00 en la Plaza Unamuno de Bilbo en defensa de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho en El Salvador. Cruz mostró su intención de ser «un ejemplo para la diáspora» y rechazó la idea de «no alzar su voz frente a la injusticia».

«Los que van a pagar y están pagando todo esto son los más débiles, el pueblo», lamentó Serrano.

Preguntadas por el arresto masivo de miembros de maras, Cruz concluyó: «Nos libraron de las pandillas, pero, ¿quién nos libra del Gobierno?».