La ONU insta al Estado español a investigar las denuncias de tortura

«Un varapalo». Así define Giza Eskubideen Behatokia el informe del Comité de Derechos de la ONU, que llama al Estado español a investigar adecuadamente las denuncias de tortura, además de derogar la Ley de Amnistía de 1977 y la de Secretos Oficiales para acabar con la impunidad. El anterior informe fue realizado por este organismo en 2015.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU insta al Estado español, en las observaciones finales de su informe periódico, a investigar adecuadamente las denuncias de tortura. El anterior informe de evaluación al Estado español se remonta a 2015.

Giza Eskubideen Behatokia, que ha participado en las sesiones en las que el Comité examinó el cumplimiento por parte del Estado español de los compromisos adquiridos en el Pacto Universal de Derechos Humanos, cree que este informe «da un varapalo» a Madrid.

Sobre la tortura, GEBehatokia destaca que el informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU «visibiliza a las cerca de 6.000 personas torturadas recogidas ya en informes oficiales, así como la necesidad de acceso a la verdad, reparación y justicia por parte de las víctimas del Estado», poniendo especial interés en la imprescriptibilidad de la tortura y otros crímenes de lesa humanidad, así como en la necesidad de investigación y persecución.

En este sentido, el Comité recomienda al Estado español establecer «un mecanismo independiente con competencias para investigar todas las denuncias de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, dotándole de recursos suficientes que les permitan recopilar y publicar datos coherentes y desglosados sobre dichas denuncias».

Tras reconocer que ha habido avances en materia de prevención de la tortura, insta al Estado español a «adoptar las medidas necesarias que garanticen la investigación efectiva a los presuntos actos de tortura y malos tratos a los que hacen referencia los numerosos testimonios documentados entregados a las autoridades del País Vasco y de Navarra». Concretamente, lamenta que no se haya iniciado ninguna investigación sobre los más de 5.000 testimonios documentados en Hego Euskal Herria.

SIN DEFINICIÓN DEL DELITO

El Comité de la ONU alerta de que en el Estado español no hay una definición adecuada del delito de tortura «al no incluir como finalidad el ‘intimidar o coaccionar a la víctima o a un tercero’» y muestra su preocupación por el hecho de que este delito prescriba a los quince años, «lo que podría dar lugar a situaciones de impunidad y a que determinados actos de tortura no sean debidamente investigados ni sancionados». Por ello, reclama que se revise la legislación estatal para adaptarla a los estándares internacionales.

«Esta posición marcada por el Comité es un varapalo muy importante al Estado español y supone un espaldarazo a la línea de actuación definida por GEBehatokia, situándonos en plena sintonía con las recomendaciones de organismos internacionales», añade el colectivo.

Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU llama al Estado español a introducir efectivamente la obligatoriedad de la grabación en vídeo de todos los interrogatorios que se lleven a cabo en dependencias policiales.

USO EXCESIVO DE LA FUERZA

El Comité también lamenta el «uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad» y muestra su preocupación por «la información que indica la falta de rendición de cuentas efectiva respecto a los responsables».

Por ello, insta al Estado español a «asegurar que los principios de necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza se respeten en la práctica».

Asimismo, reclama que «se asegure que las denuncias de uso excesivo de la fuerza, incluido durante reuniones pacíficas, se investiguen con prontitud, exhaustividad e imparcialidad, que los presuntos responsables sean procesados, que si son declarados culpables se les imponga una sanción que las víctimas obtengan reparación».

El Comité de Derechos Humanos de la ONU «toma nota de que el régimen de incomunicación [en prisión] no puede aplicarse a menores de 16 años» y lamenta que el Estado español «no contemple su abolición».

LEYES DE AMNISTÍA Y SECRETOS OFICIALES

El Comité también lamenta que la Ley de Amnistía de 1977 aún no haya sido derogada y que ninguno de los procedimientos iniciados contra responsables de violaciones de derechos humanos durante la guerra de 1936-1939 y la dictadura franquista no hayan desembocado en ninguna actuación penal efectiva.

Junto a ello, también lamenta que continúen vigentes normas adoptadas durante la dictadura como la de Condecoraciones Policiales o la de Secretos Oficiales.

El organismo de la ONU llama a derogar estas leyes y a «proseguir e intensificar sus esfuerzos para adoptar todas las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar que no se aplique ni la amnistía ni la prescripción a las graves violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista».

También insta a «continuar sus esfuerzos para promover el reconocimiento de responsabilidades, el esclarecimiento de la verdad, la búsqueda da personas desaparecidas y la preservación de la memoria».

DEFENSOR DEL PUEBLO

El Comité también insta al Estado español a que «adopte todas las medidas necesarias para que el Defensor del Pueblo cumpla plenamente los principios relativos al estatuto de las instituciones nacional de promoción y de protección de los derechos humanos», en base a lo establecido en los Principios de París.

Además, también realiza un llamamiento a que «se estableza un mecanismo adecuado y eficaz para conceder indemnizaciones económicas a las víctimas, a fin de garantizar su derecho a disponer de un recurso efectivo» cuando se registre una conculcación de derechos.

GEBEHATOKIA: «PASOS FIRMES»

«Entendemos que es preciso dar pasos firmes en las materias apuntadas por el Comité de Derechos Humanos, que operen una transformación eficaz y efectiva en la vigencia y garantía de los derechos de las víctimas de graves vulneraciones por parte del Estado», añade GEBehatokia en un comunicado.

Junto a ello, este organismo avanza que «mantendrá su actitud vigilante y exigente ante la respuesta que el Estado español dé a las recomendaciones del Comité, responsabilidad que supone un acicate para seguir desarrollado nuestro trabajo».

AMNISTÍA EN CATALUNYA

El informe hace también referencia la situación en Catalunya, al valorar positivamente la amnistía aprobada para los condenados por el procès, aunque muestra su preocupación por el excesivo uso de la fuerza policial en las protestas que se registraron.

Lamenta igualmente la falta de una investigación oficial sobre el espionaje realizado a 65 cargos políticos, activistas y figuras públicas usando el programa Pegasus.

CORRUPCIÓN Y VIOLENCIA MACHISTA

El Comité de Naciones Unidas realiza también un llamamiento al Estado español para que tome medidas en cuestiones como el combate contra la corrupción, el racismo y la xenofobia, el discurso y los delitos de odio, la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y la violencia machista.