Asilo y reagrupación, cada vez más restringidos en Europa

Pedir asilo o la reagrupación familiar es cada vez más complicado en una Europa que endurece los controles fronterizos y en la que la opinión popular contra la inmigración aumenta casi de forma paralela al auge de los partidos de ultraderecha. Las políticas restrictivas llegan a todos los rincones del continente.

En paralelo al auge de las fuerzas de extrema derecha y al cambio de la percepción ciudadana sobre la inmigración, pedir asilo o tramitar la reagrupación familiar es cada vez más difícil en muchos países europeos, que además están generalizando los controles fronterizos.

El debate migratorio lleva varios días muy polarizado en el Estado español a raíz de los disturbios racistas en Torre-Pacheco, alentados en redes sociales con bulos y proclamas ultraderechistas contra los magrebíes.

Y en Portugal el Parlamento ha aprobado esta semana, con los votos del centroderecha y la ultraderecha, una modificación de la Ley de Extranjeros que limita la reagrupación familiar de los migrantes, así como la creación de una nueva división para el control de las fronteras en la Policía de Seguridad Pública (PSP).

«Solo se concederá la ciudadanía a los que vivan nuestra cultura», proclamó el primer ministro Luís Montenegro, en el debate parlamentario para la votación de la ley. «Buscamos un país sin puertas abiertas de par en par ni cerradas con llave», añadió.

ASILO Y REAGRUPACIÓN, MÁS DURAS

El endurecimiento de los requisitos para la reagrupación familiar y la solicitud de asilo se extiende de sur a norte por todo el continente europeo.

En el Estado francés, desde que en enero de 2024 se aprobó la enésima reforma de la ley de inmigración, se puede solicitar la reagrupación familiar tras 18 meses de residencia legal (antes eran doce meses). Además, se exige demostrar un nivel de francés para «comunicarse de manera básica».

Alemania también aprobó recientemente una ley que suspende durante dos años el derecho a la reagrupación familiar para los migrantes que no tienen el estatus de refugiado ni afrontan riesgo de persecución política o de sufrir violaciones graves de derechos fundamentales en caso de regresar a sus países de origen.

En Gran Bretaña, todas las empresas están ahora obligadas a controlar que las personas que contratan tienen los documentos legales para trabajar en el país.

En el caso de Italia, ha sido polémica la apertura en territorio de Albania de dos centros para retener a los inmigrantes que no tengan derecho al asilo hasta que se proceda a su expulsión, una medida que ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la UE.

Dinamarca, que ejerce este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, fue pionera en proponer soluciones drásticas, como concentrar en una isla a los migrantes sin papeles o crear centros de deportación para demandantes de asilo en países como Ruanda, que fueron finalmente descartadas.

No obstante, aplica otras medidas muy cuestionadas, como la confiscación a los demandantes de asilo de sus objetos personales con un valor superior a 1.300 euros para ayudar a financiar los gastos que originan.

El Gobierno finlandés, del que forma parte el partido de ultraderecha Verdaderos Finlandeses, promueve enmiendas legislativas para restringir el derecho al asilo y la reunificación familiar; y el Ejecutivo sueco, con el apoyo del ultraderechista Demócratas de Suecia, ha abandonado su tradicional postura abierta a los refugiados para centrarse en la inmigración de profesionales cualificados.

En Austria no gobierna el ultraderechista FPÖ, pese a que ganó las elecciones de 2024 con un programa lleno de propuestas contra la migración, pero el Ejecutivo tripartito ha suspendido durante seis meses las solicitudes de reagrupación familiar, con el argumento de una sobrecarga de los servicios públicos, sobre todo de las escuelas.

Mientras, Polonia restringe desde marzo el derecho a solicitar protección a quienes llegan ilegalmente al país y el Parlamento de Grecia aprobó la semana pasada una enmienda de ley del Gobierno conservador para expulsar sin opción de asilo a los inmigrantes que lleguen regularmente desde África.

MÁS CONTROLES FRONTERIZOS

Desde 2015, cuando pasaron por Grecia alrededor de un millón de migrantes y refugiados que huían de guerras y hambrunas, se ha intensificado la vigilancia de las fronteras marítimas y terrestres con Turquía, entre acusaciones de organizaciones internacionales y medios sobre que Atenas realiza «devoluciones en caliente» hacia ese país.

También existen en el Estado español denuncias y evidencias de devoluciones en caliente en la frontera, especialmente con el Estado francés, en el Bidasoa por ejemplo, y París ha ido prorrogando los controles fronterizos con sus vecinos del espacio Schengen con el argumento de «la persistencia de amenazas a la seguridad y la presión migratoria».

En ese mismo sentido, frenar el tránsito de pateras que cruzan casi diariamente el canal de la Mancha desde el Estado francés a Gran Bretaña fue uno de los ejes de la reciente visita de estado del presidente francés, Emmanuel Macron, a Londres.

De esa visita salió un nuevo acuerdo de repatriación recíproco, por el que Gran Bretaña devolverá al Estado francés a las personas que crucen en patera el canal de la Mancha a cambio de recibir en su territorio a demandantes de asilo procedentes del Hexágono.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), 2024 fue el año más mortífero en esa ruta, con al menos 86 muertes registradas, y hasta el 6 de julio de este año más de 21.000 personas han realizado la peligrosa travesía, con una saldo de catorce fallecidos.

Italia controla principalmente su frontera noroeste con Eslovenia, meta de la ruta migratoria de los Balcanes, y Alemania también está aplicando controles temporales que han causado malestar en los países vecinos, al igual que hace Austria desde hace varios años con Hungría, Eslovenia, República Checa y Eslovaquia.

En cuanto a Polonia, el Gobierno reintrodujo el pasado 7 de julio, inicialmente por 30 días, controles en las fronteras con Alemania y Lituania, y mediante una valla de metal que se extiende a lo largo de 186 kilómetros y presencia militar las 24 horas del día pretende evitar la entrada desde Bielorrusia de migrantes procedentes de Oriente Medio.

Siguiendo hacia el norte, Finlandia aplica la llamada Ley de Seguridad Fronteriza, prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026 y que permite la devolución en caliente de los solicitantes de asilo que crucen su frontera oriental con Rusia.

CAMBIOS EN LA OPINIÓN PÚBLICA

En países donde fuerzas de extrema derecha han sido las más votadas en los últimos procesos electorales, como el Estado francés o Austria, se aprecia un cambio de la percepción ciudadana sobre la migración.

Un 63% de los franceses cree que hay «demasiados inmigrantes», según el barómetro del Centro de Estudios Políticos de Sciences Po (Cevipof) publicado en febrero de este año. En el caso de los austriacos, de acuerdo con una reciente encuesta un 56% apoya una suspensión prolongada de la reagrupación familiar.

En Gran Bretaña, las últimas encuestas sobre intención de voto sitúan al partido contrario a la inmigración Reform UK por delante de laboristas y conservadores.

PACTAR PERO SIN ADMITIRLO

En Portugal, el líder del ultradrechista Chega, André Ventura, ha admitido esta semana haber hecho pactos puntuales en materia fiscal y de inmigración con el Gobierno de Montenegro, quien ha esquivado manifestarse públicamente sobre estos acuerdos. «Llegamos a un entendimiento sobre la Ley de Extranjeros, llegamos a un entendimientos sobre el IRS (impuesto sobre la renta de las personas físicas), llegamos a un principio de entendimiento sobre la nacionalidad y no tenemos vergüenza de todo eso», destacó Ventura en el debate parlamentario.

Mientras Ventura admitía estos pactos puntales, Montenegro mantuvo la mirada baja y en su intervención esquivó referirse a este asunto. Siempre ha rechazado pactar con la ultraderecha.