La macrogranja de Caparroso utilizó una laguna jurídica para «colar la ampliación»

Una laguna jurídica permitió a los responsables de la macrogranja de Caparroso «colar su proyecto de ampliación», según reconoció ayer el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Nafarroa, José María Aierdi.

El consejero compareció en comisión parlamentaria a petición propia para informar sobre la situación administrativa del expediente de ampliación de la explotación ganadera promovida por Valle de Odieta en Caparroso.

Aierdi se centró en la situación del sector lechero en Nafarroa, que produce 270 millones de litros, de los que 84 millones, el 30%, proceden de la vaquería de Valle de Odieta.

Sobre esta última, Aierdi señaló que «se ha aprovechado de una circunstancia y cuela un proyecto de ampliación».

UN SOLO DÍA

De esta manera se refería a la situación administrativa del expediente, que fue detallada por la directora general de Medio Ambiente, Ana Bretaña, quien explicó en qué consistía esa «circunstancia» citada por el consejero.

Según recordó, el Parlamento de Nafarroa aprobó el 30 de mayo de 2022 una ley por la que se establecía que hasta el 30 de mayo de 2023 no se admitirían solicitudes ni se concederían autorizaciones para la instalación de explotaciones ganaderas de vacuno con una capacidad superior a 1.250 unidades de ganado mayor (UGM). Además, no se admitirían nuevas solicitudes ni se concederían nuevas autorizaciones de ampliación.

Sin embargo, se especificaba que la entrada en vigor de esa ley tendría lugar al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Nafarroa, que se hizo el 31 de mayo, por lo que la norma se aplicó a partir del día 1 de junio. Por lo tanto, ese 31 de mayo tuvo lugar un paréntesis de una jornada que fue utilizado por la empresa para presentar su ampliación. Y la jugada le salió redonda.

«UN ERROR DE HECHO»

Ante sus explicaciones, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, denunció que «hay un error de hecho» en el expediente de Valle de Odieta, ya que «se ha realizado una interpretación jurídica que se basa en unos hechos que no son ciertos».

En concreto, explicó que se partía de la base de que «ya estaban ejecutadas una serie de instalaciones, como la depuradora o las balsas de decantación, que la empresa llevó a cabo sin autorización urbanística ni medioambiental. Hizo las obras de manera ilegal», como lo evidencia el hecho de que hubo autorizaciones que se dieron a posteriori. Unas circunstancias que, auguró, pueden dar pie a posibles recursos.