No sabemos

En el verano de 2023, un canal de Telegram vinculado a la ultraderecha difundió rostros y nombres extraídos de los archivos policiales vascos. Son los detenidos en Aste Nagusia, aseguraba el dueño del foro. El documento adjunto, al contrario, los identificaba como ladrones reincidentes. En 2024, un perfil de X volvió a viralizar la imagen, afirmando que correspondía a los detenidos del último fin de semana en Bilbao. Las mismas personas −ya es mala suerte− fueron presentadas al cabo de un tiempo como detenidos en Nochevieja. El bulo se viraliza una y otra vez junto a un recurrente acertijo: «¿Veis algo raro?». Un perfil de Vox responde sin rodeos: «Son de origen árabe».

Preguntado al respecto en el Parlamento de Gasteiz, Josu Erkoreka explicó que la información divulgada no correspondía a un documento oficial, sino a un montaje confeccionado con materiales policiales. La Ertzaintza abrió una investigación interna y la Autoridad Vasca de Protección de Datos apercibió a la Consejería por la vulneración del principio de integridad y confidencialidad. Bingen Zupiria propuso en mayo un blindaje de las bases de datos. La iniciativa de un juzgado de Bilbao contra el dueño del foro ha agonizado este mes pasado en el Tribunal Supremo. La investigación interna de la Ertzaintza no ha dado con los culpables.

El lunes, PP y Vox pactaron elaborar estadísticas que diferenciarán entre nacionales y extranjeros en la Comunitat Valenciana. Dos días después, Zupiria anunciaba su nuevo protocolo comunicativo. El caso es que Seguridad ha empezado a hacer público el origen de cada detenido. El cambio obedece a las presiones de PP y Vox. En un numantino acto de resistencia, el consejero promete que no revelará nacionalidades sino que dará pistas geográficas. Por ejemplo, no dirá «Marruecos» sino «Magreb». Es mejor eso que «andar peleándonos con la extrema derecha», dice Zupiria. Santiago Abascal se congratula de «una nueva victoria frente al gobierno regional vasco».

Dejemos a un lado el hecho de que PP y Vox ocupan una esquina minoritaria del Parlamento de Gasteiz. Olvidemos aquellos tiempos en que el propio Gobierno Vasco reunía a los responsables de prensa para que no hicieran lo que ahora va a hacer el Ejecutivo de Pradales. Pensemos por un instante en la ironía: Zupiria va a conseguir, en esencia, el mismo efecto que buscaba aquel foro ultraderechista del verano de 2023 en que se divulgaron fragmentos de los archivos policiales. Con fotografía o sin ella, con nombre y sin él, el resultado de ambas operaciones es un estigma de terror sobre las comunidades migrantes.

La noticia no cae en el vacío, sino que explota en medio de una semana marcada por las secuelas de la concentración de la Falange en Gasteiz. El miércoles, durante la sesión de control en las Cortes de Madrid, Mertxe Aizpurua reclamaba la aplicación de la Ley de Memoria Democrática a la vista de que los alardes fascistas del 12 de octubre van a repetirse el 20 de noviembre. La bancada derechista parloteaba indignada y Ester Muñoz, en nombre del PP, se levantó para reprochar a Sánchez que le hubiera permitido a Aizpurua hacer esa clase de discursos. Como si el antifascismo necesitara pedir licencias.

Aizpurua se dirigía al Gobierno español porque la vía del Gobierno vasco ha resultado estéril. Diferentes voces del PNV repiten que no estaba en sus manos prohibir la manifestación de la Plaza de la Provincia aunque la hemeroteca los contradiga. En 2008, Lakua vetó tres actos falangistas bajo el argumento de evitar los desórdenes que ahora Lakua condena. Tampoco es cierto que la Justicia deba revocar siempre esos vetos, como sostiene Ramiro González. En 2008, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló una de las tres prohibiciones porque no vio «razones fundadas» de que fuera a alterarse el orden público. Aún no regía la Ley de Memoria Democrática.

Los líderes jeltzales han vuelto al viejo recurso del equilibrismo para tratar de encontrar el justo centro entre dos extremos imposibles. «Los ultras de aquí y de allí», dijo en 2019 Andoni Ortuzar después de que la Ertzaintza destrozara la mandíbula a una joven antifascista vasca frente a un mitin de Vox. La escena y el argumentario se han repetido sin matices. Tanto Zupiria como su viceconsejero, Ricardo Ituarte, han llamado «fascistas» a quienes protestaban contra la Falange. Hay otra mandíbula destrozada: la del ilustrador Aritz Ibarra. En los vídeos se aprecia el disparo a bocajarro de un agente de la Ertzaintza.

Los pretextos oficiales incurren siempre en el truco pueril de las falsas simetrías y las nostalgias antiterroristas. «Me gustaría que se prohibieran los actos de la Falange y los ongi etorris a los presos de ETA», dice Díez Antxustegi en Radio Euskadi. La semana pasada, muy convenientemente, alguien reconoció las siglas de ETA en el guirigay de pintadas del muro rojo de la Virgen Blanca. Ramiro González aprovechó para culpar a EH Bildu y el asunto acaparó telediarios con la gravedad de una crisis de Estado. El periodismo muere un poco cada vez que se celebra una tertulia sobre un garabato adolescente.

¿A qué viene este circo de trapecistas suicidas? ¿Será que las encuestas pintan malas y hace falta mantener prietas las filas? No lo sabemos. Tampoco sabemos por qué Zupiria se permite llamar «cachorros» a los antifascistas de Gasteiz después de haber denunciado este verano un grafiti que llamaba «perros» a los agentes de la Ertzaintza. No sabemos quién filtró las fichas policiales a los ultras, quién le reventó la mandíbula a Aritz Ibarra o quién mandó a la UCI a Amaya Zabarte. Cuando uno se investiga a sí mismo siempre puede elegir no encontrar nada. PP, Vox y la Falange, al menos, sí sabrán ahora el origen de los detenidos. Poco importa. Cuando no lo sabían, se lo inventaban.