Quien blanquea la tortura, es cómplice

A día de hoy, más de 6.000 personas han sido declaradas por los gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra, como víctimas de la tortura. Según los informes emitidos, la práctica de la tortura ha sido generalizada y ha sido practicada por la Guardia Civil, por las Policías Armada y Nacional, por la Ertzaintza y por algunas policías municipales.

Muchas de esas víctimas han sido juzgadas, y algunas, condenadas por el Tribunal de Orden Publico y su sucesora la Audiencia Colonial Española (AN) con pruebas, testimonios y declaraciones obtenidas bajo tortura, a pesar de que las condenas basadas en la tortura son nulas de pleno derecho.

Instituciones, asociaciones (algunas de ellas, sostenidas con dinero público) y personas (algunas de ellas, públicas), dan por buenas esas sentencias y mantienen su contenido y sus consecuencias afirmando que las personas condenadas son responsables de lo que las sentencias dicen. Piden incluso, algunas, que sean apartadas y privadas de sus derechos, por encima incluso del contenido de las mismas sentencias que defienden.

Debemos saber que quienes sostienen y dan por buenas esas sentencias están blanqueando la tortura y son cómplices de la misma.

Una buena parte de la población de Euskal Herria sabe que la tortura ha sido sistemática y que ha afectado a muchas más personas que las reconocidas oficialmente, todas han conocido y conocen a personas cercanas que la han sufrido.

Esas víctimas, por lo menos las hasta el momento reconocidas, son sujetos de derecho y no deben ser perseguidas, insultadas ni denigradas, y quien o quienes las persigan, insulten o denigren están cometiendo un delito.

Las sentencias dictadas por el Tribunal de Orden Público y la Audiencia Nacional debieran estar siendo revisadas, también las que de ellas hayan sido ratificadas por el Tribunal Supremo y o por el Tribunal Constitucional.

Debemos tener en cuenta que la mayor parte de las que han llegado a la jurisdicción europea han derivado en condenas y desautorizaciones a los órganos judiciales del Reino de España que las dictaron o ratificaron.

En resumen, quien persigue, insulta o denigra a las víctimas de la tortura, quien pretende que se aparte de la sociedad a esas víctimas, así como quién pretende criminalizar a las asociaciones que defienden sus derechos, está blanqueando la tortura y, por lo tanto, es cómplice de la misma.