Dos años de inhabilitación a García Ortiz para el cargo de fiscal general

El Tribunal Supremo español avanzó ayer, 50º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, la condena de dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de «revelación de datos reservados en relación a la filtración a los medios de comunicación de un correo electrónico a la Fiscalía referido a la admisión por parte de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, de haber cometido fraude a Hacienda y en el que su abogado solicitaba un pacto.

Solo una semana después de la conclusión del juicio -el primero que sienta en el banquillo a un fiscal general del Estado-, con una excepcional celeridad y un procedimiento inusual, el Alto Tribunal adelantó el fallo que le absuelve del resto de los delitos imputados, incluidos prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos, y que tiene el voto particular discrepante de dos de los siete magistrados.

La sentencia, aún sin redactar y cuyos argumentos no se conocen, impone también a García Ortiz el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales a la pareja de la presidenta madrileña y el abono de las costas procesales. El fiscal se enfrentaba a una petición de hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso de más de 400.000 euros.

Las juezas Ana María Ferrer y Susana Polo, que debía redactar sentencia, disienten de la decisión de sus compañeros, por lo que el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, asume la ponencia. Junto a él han firmado el fallo condenatorio su antecesor, Manuel Marchena, y los jueces Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamena. Y lo hacen , pese a no haberse presentado pruebas en su contra y tras haber desechado los testimonios de los periodistas que rebatieron la versión de las acusaciones.

PLAGADO DE «IRREGULARIDADES»

La abogada del Estado que defendió al fiscal general, Consuelo Castro, denunció en el juicio que García Ortiz ha sido víctima de una presunción de culpabilidad que ha devenido en numerosas irregularidades durante las pesquisas, por lo que pidió anular el material obtenido en los registros. Sostuvo que no se pudo defender en condiciones porque el juez instructor, Ángel Hurtado -el mismo que emitió un voto particular sosteniendo que el PP no se lucró de la trama Gürtel- actuó desde el inicio con la idea preconcebida de que era culpable y se limitó a buscar pruebas incriminatorias.

La decisión obligará a García Ortiz, una vez notificada la sentencia y no tras conocer el fallo adelantado, a dejar el cargo al que accedió en julio de 2022. Podrá presentar un incidente de nulidad ante el Supremo, vía que no suele prosperar pero es indispensable para poder acudir en amparo al Tribunal Constitucional.

Estos recursos no suspenden automáticamente la condena salvo que, de forma cautelar, el Constitucional deje en suspenso su ejecución hasta que se pronuncie sobre el fondo del recurso contra la decisión del TS.

Tras conocer la condena, el Gobierno español señaló que la respeta pero no la comparte, y anunció la búsqueda de su relevo. El ministro Óscar López aseguró que prefiere «morderse la lengua» y ser prudente.

El PP pidió la dimisión de Pedro Sánchez, al estimar que el fiscal general era un «peón» que actuó con «ciega obediencia» contra su partido y, en concreto, contra Isabel Díaz Ayuso, y señaló que si tuviera un «mínimo de decencia» convocaría elecciones.