Un estudio en Nafarroa abre una vía para la recuperación masiva de inmatriculaciones

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FMMC) y el Departamento de Desarrollo Rural hicieron públicos ayer los primeros datos de un análisis de las propiedades inmatriculadas por la Iglesia católica en ayuntamientos de Nafarroa. El trabajo se está desarrollando en 139 localidades adheridas al convenio, pero hasta la fecha solo se han analizado 26 de ellas, un 18,6%.

En esta primera parte, se han estudiado 174 bienes concretos y se ha documentado que en 79 de ellos existen «indicios históricos» de que se trataba de propiedades públicas que la Iglesia puso a su nombre aprovechando los privilegios que le dio la Ley Hipotecaria.

Entre ellos se encuentran ermitas, casas «parroquiales», bordas, huertos y terrenos.

La labor historiográfica -que dirige el investigador Álex Duró en colaboración con la Sección de Comunales de la Dirección General de Agricultura y asistencia técnica del Intia- va más allá en lo referente a 21 de esas propiedades, ya que se ha constatado que existen no solo indicios, sino «pruebas» de que se trata de bienes públicos apropiados por esta institución religiosa.

LA REVERSIÓN COMO META

La existencia de pruebas abre la posibilidad de una reclamación sobre la titularidad de los mismos y, en caso de que la Iglesia no se avenga a la devolución, a litigios.

De este modo, más allá del avance de estos datos y el anuncio de que se han consignado más fondos para que la investigación siga adelante en los presupuestos del año que viene, el anuncio se vinculó al inicio de acciones para su recuperación.

Xabier Alcuaz, alcalde de Tafalla y presidente de la FNMC, trasladó a las decenas de alcaldes y representantes de las entidades locales que acudieron a Iruñea a la presentación que se trata de una investigación «técnica, rigurosa y bien fundamentada».

Hay que tener en cuenta que la iniciativa fructificó a partir de una enmienda de EH Bildu el año pasado, pero viene de atrás. Ya en 2022, el Gobierno dio cuenta de que la Iglesia, haciendo uso del poder que le dio esa ley de 1998, inscribió a su nombre 2.952 propiedades sin contrastar con las administraciones públicas.

Los 139 ayuntamientos adheridos suman 921 de estos bienes inscritos (un tercio) y de esa parte solo se han analizado 174. La conclusión es que, en 21 casos, los bienes eran públicos y en 58 se trataba, probablemente, de propiedades públicas, mientras que en el resto eran propiedades privadas (no se determina si de la Iglesia o de otra persona física o jurídica). Finalmente, hay tres casos concretos en los «que no ha sido posible identificar bien».

Alcuaz animó al resto de municipios navarros a sumarse a esta iniciativa que busca la recuperación de ese patrimonio apropiado por la Iglesia.

Aseguró a las decenas de alcaldes presentes que, «a medida que se vaya avanzando en cada entidad local, se elaborará un informe personalizado que quedará a su disposición y que, en atención a la Ley de Protección de Datos, se entregará en la sede de la Federación».

El presidente de la FNMC precisó que estos informes pueden dar pie a la interposición de acciones «individuales o colectivas» para su recuperación. «Lo que consideréis oportuno», les dijo.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Maria Aierdi, manifestó con mayor claridad que la iniciativa aspira a ser la gran vía para la recuperación de estas propiedades. Por ello, les avanzó que el Gobierno está dispuesto a apoyar económicamente y aportar sus recursos jurídicos en este camino.

Aierdi subayó, por otra parte, que no es necesario esperar a que el trabajo esté terminado, avanzando un escenario con acciones legales concretas «desde el minuto uno» en casos donde esta apropiación indebida sea palmaria junto a otras de carácter más general y colectivo.

Y agradeció, también, la labor que ha realizado todos estos años la Plataforma del Patrimonio «que trabajó para que esta cuestión no se quedara en el olvido» y en favor de que los ayuntamientos e instituciones públicos tomaran, por fin, la iniciativa para recuperar estos bienes.

Tras los discursos de estos responsables, llegó la intervención de la jefa de sección de Comunales, Miren Eseverri, que comenzó a dar detalles sobre la metodología empleada y datos concretos... pero secretos.

Porque, en ese momento, la prensa fue conminada a salir, dado que lo que iba a tratarse a partir de ese punto era confidencial. Tras Eseverri estaba previsto que explicara los pormenores el historidador Duró, autor del trabajo