Hay que ser rigurosos con las empresas tramposas

EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, los tres partidos que, desde dentro o desde fuera, sostienen el Gobierno de María Chivite, pidieron ayer explicaciones al PSN tras el contundente informe de Intervención General sobre los sobrecostes del túnel de Belate. Las tres formaciones pidieron a la lehendakari que se depuren responsabilidades por dar por bueno el pago de 8,5 millones de euros extra por las obras de los túneles, un monto del cual el interventor general considera injustificados 6,2 millones.

El informe es un duro correctivo para el Gobierno, que aprobó el pago ahora paralizado sin aparentemente estudiar las razones alegadas por las constructoras, pero resulta demoledor sobre todo para estas mismas empresas. El interventor acusa directamente a Acciona y Osés -Servinabar fue expulsada de la UTE tras la investigación a Santos Cerdán- de mentir para justificar algunos de los sobrecostes y de alterar las bases mismas del proyecto con el que ganaron el concurso frente a otras ofertas. Por ejemplo, las empresas alegaron que algunas de las modificaciones vienen forzadas por la Sección de Minas del propio Gobierno, pero el interventor general asegura que eso es completamente falso. Además, el dictamen establece que algunos cambios en el proyecto, como los propuestos en el modo de excavación, suponían un ahorro para las constructoras de casi cuatro millones. Algo que, para Intervención, «puede considerarse que afecta al contenido sustancial del contrato». La imagen que deja de las empresas es la de una banda de estafadores en toda regla.

El Gobierno debe dar explicaciones y depurar responsabilidades ante tamaña negligencia en un caso que, conociendo sus derivadas políticas, exige ser exquisito en las formas y en el fondo. En este sentido, el informe de Intervención General, instancia del mismo Gobierno de Nafarroa al que no deja en buen lugar, es en sí mismo una buena noticia. Estos contrapesos y garantías en el seno de las propias instituciones son cruciales y deben ser reforzadas para impedir fraudes como los que, según el informe, han tratado de perpetrar unas empresas que también deben rendir cuentas.