El Congreso investiga un posible crimen de guerra de Hegseth

Una investigación revelada el pasado jueves por “The Washington Post” sobre un posible crimen de guerra ha vuelto a situar la figura de Pete Hegseth, secretario de Guerra de EEUU, en el centro de la polémica. El periódico informó de que durante el bombardeo del 2 de septiembre contra una de las «narcolanchas» atacadas en la autoproclamada «guerra contra el narcotráfico», Hegseth habría ordenado un segundo ataque para matar a dos supervivientes del primer bombardeo, en el que murieron finalmente 11 personas.

Las imágenes aéreas muestran a dos supervivientes aferrándose a los restos de la embarcación para evitar ahogarse tras el ataque inicial. Las fuentes citadas por el diario afirman que el jefe de operaciones, el almirante Frank Bradley, dio la orden de acabar con ellos con un segundo ataque después de recibir una instrucción verbal de Hegseth en la que, según dichas fuentes, dijo: «Maten a todos».

El Senado y la Cámara de Representantes han acordado investigar lo ocurrido y tratar de dilucidar la responsabilidad de Hegseth en el ataque. Aun así, poco después de que la noticia saliera a la luz, la Casa Blanca insistió en la legalidad de la operación y exoneró de toda responsabilidad al secretario de Guerra, en un momento en el que ambas Cámaras se disponen a examinar un posible crimen de guerra.

Tratando de desviar la atención, Hegseth, a través de sus redes sociales y de la propia Casa Blanca, aseguró que la orden fue emitida por Bradley. Sin embargo, el secretario disfraza ese señalamiento con declaraciones de apoyo al almirante, en las que niega la ilegalidad del bombardeo y ensalza el «patriotismo» necesario para tomar decisiones de tal magnitud.

PESOS Y CONTRAPESOS

Varios congresistas demócratas han expresado su convencimiento de que estas acciones podrían constituir un crimen de guerra. «Esto se sitúa al nivel de un crimen de guerra si es cierto», advirtió el senador Tim Kaine, de Virginia. «Obviamente, si eso ocurrió, sería muy grave y coincido en que sería un acto ilegal», reconoció, por su parte, Mike Turner, congresista republicano por Ohio.

Esas acciones no solo violarían el derecho internacional -algo a menudo relegado por Estados Unidos cuando se trata de su «seguridad nacional»-, sino que también podrían quebrantar las propias leyes nacionales, un aspecto que, sin duda, concentra la atención de ambas Cámaras.

A expensas de lo que los representantes concluyan, no ese espera que la posición y la argumentación de la Casa Blanca vaya a mutar. La narrativa está expuesta y la «patria» parece adelantarse al derecho.