Detenido Antxon Alonso por una causa secreta y distinta a la de Cerdán

Antxon Alonso, dueño de Servinabar, la compañía que la UCO relaciona con Santos Cerdán, fue detenido el miércoles en un operativo ordenado por la Audiencia Nacional española en una causa secreta. La identidad de este empresario vizcaino afincado en Nafarroa no trascendió hasta ayer y no deriva del proceso abierto por la presunta trama de mordidas, sino por una investigación paralela y por la que fueron detenidos también la ex militante del PSOE Leire Díez y el exdirector de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industruales), Vicente Fernández Guerrero.

La única conexión conocida hasta la fecha entre Alonso y los otros dos arrestados es que Fernández estuvo contratado en Servinabar entre 2021 y 2023, firma de la que habría cobrado 219.000 euros, según los datos remitidos al juzgado por la Hacienda Foral.

Fernández cesó como director de la SEPI en 2019 y antes había desempeñado cargos de responsabilidad en la Junta de Andalucía, motivo por el que se le consideró cercano a la ministra María Jesús Montero.

La orden de arresto está dictada por el juez Antonio Piña, que instruye una causa secreta, pero que distintos medios vinculan ya con concesiones de obra pública en distintos puntos del Estado, incluida Andalucía. Siempre según estas filtraciones, la investigación versa sobre presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y organización criminal.

Por otra parte, a lo largo de la mañana la UCO entró en empresas y domicilios de Madrid, Zaragoza y Sevilla. En concreto, en Forestalia, empresa que en filtraciones previas se ha relacionado con el «caso Delorme», por el que se encarceló a Santos Cerdán de forma preventiva. Forestalia sí tiene vinculación con Euskal Herria, dado que impulsaba un proyecto de generación de energía verde en Aragón para que fuera consumida en la CAV y que, para su transporte, implicaba cruzar Nafarroa con una línea de alta tensión. El proyecto fracasó, al no recibir el visto bueno del Ministerio ni del Ejecutivo navarro. Sin embargo, otro de los proyectos que impulsa, con dos líneas que atravesarían Iruñerria y Sakana para llegar hasta Gasteiz, y otra paralela que iría por Gipuzkoa y Durangaldea hasta Gatika, todavía sigue vigente, con la declaración de impacto ambiental aprobada.

“El País”, por otra parte, cita a «fuentes de la investigación» para vincular esta ramificación de la investigación con una empresa de tecnología vasca, Cistec.

EL «CASO MASCARILLAS», A JUICIO

Mientras, el proceso con el que supuestamente todo comenzó, el cobro de comisiones por la compra de mascarillas por el que permanecen en prisión el exministro José Luis Ábalos y el colaborador de la Guardia Civil Koldo García, sigue adelante como pieza aparte. El magistrado del Supremo Leopoldo Puente decretó ayer la apertura de juicio oral contra Ábalos, García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó Transportes durante la pandemia.

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para García y siete años para de Aldama. Las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

Ábalos y García se encuentran en la cárcel de Soto del Real desde el pasado 27 de noviembre. Aldama, también colaborador de la Guardia Civil y presunto corruptor, está libre.