En plena catástrofe humanitaria, Israel corta la actividad de 37 ONG en Gaza

El Gobierno israelí retirará las licencias de actividad a 37 ONG que operan en Gaza al considerar que empleados de esas organizaciones «estuvieron involucrados en actividades terroristas». El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo anunció el veto, fruto de una reciente regulación que exige a las ONG información pormenorizada de sus trabajadores.

El Ministerio sostiene de que un 15% de las organizaciones no entregaron a las autoridades israelíes «información completa y verificable sobre sus empleados».

Concretamente, acusó a Médicos Sin Fronteras (MSF) de que «personas afiliadas» a esta ONG estaban vinculadas a organizaciones islamistas palestinas «como la Yihad Islámica y Hamas».

Sin su incorporación a este registro, las ONG no pueden incluir a personal internacional con conocimientos técnicos, por ejemplo en salud, agua o saneamiento, ni introducir suministros de ayuda esenciales a través de las fronteras controladas por Israel hacia Gaza o Cisjordania.

Israel impone este veto en plena situación catastrófica para la población palestina, en la que el bloqueo israelí a gran parte de la ayuda impide hasta levantar refugios adecuados, mientras los temporalees inundan las tiendas y empapan colchones, almohadas y ropa en un terreno fangoso. Además, acarrean otros peligros como enfermedades y el derrumbe de los edificios en ruinas. Además, el Ejército israelí no dejó ayer de bombardear Rafah, Jan Yunis o el campamento de Maghazi.

Las licencias serán revocadas a partir del 1 de enero y deberán completar el cierre de sus operaciones el 1 de marzo.

En su comunicado, el Ejecutivo israelí menosprecia, además, la ayuda aportada por estas organizaciones, afirmando que es mínima, mientras mantiene el veto a la mayor parte de los suministros básicos que debería autorizar según el acuerdo de alto el fuego. MSF no haber recibido ninguna notificación y alertó de consecuencias «devastadoras» para los palestinos si se ven obligadas a retirarse, puesto que se encarga de alrededor del 20% de las camas de hospital del territorio y colabora en uno de cada tres partos que se producen allí.

A la vez, el Parlamento israelí aprobó una reforma de la ley que ilegalizó a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (Unrwa) en la que, en una decisión que choca con el derecho internacional, despoja a esta organización de su inmunidad, al tiempo que decreta la expropiación de sus locales en Jerusalén Este, que ya fueron asaltados y ocupados, y corta sus suministros.

La reforma añade un artículo que establece que «las disposiciones de la Ordenanza de las Naciones Unidas sobre Inmunidades y Privilegios, y que protegen de allanamientos expropiaciones y detenciones, no se aplicarán a la Unrwa».

La organización advirtió de que ni Israel ni ningún Estado miembro puede excluir unilateralmente de una convención que ha suscrito a uno de los organismos de la ONU.