Luz y taquígrafos en las comisarías

La condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo al Estado español por no investigar una doble agresión sexual ocurrida en Iruñea en diciembre de 2016 llegó ayer al Parlamento de Nafarroa, donde el recientemente nombrado vicepresidente primero, Javier Remírez, le confirió una «gravedad inusitada». Subrayó que casos así pueden provocar una quiebra de la confianza de las mujeres en las instituciones que, sobre el papel, deben velar por su protección, si bien recordó que la sentencia -conocida en octubre- no les impone ninguna obligación.

Este argumento puede valer, parcialmente, para el Gobierno de Nafarroa, que no tiene mando sobre la Policía española que protagonizó el escándalo, pero tiene el riesgo de convertirse en la excusa de toda institución implicada, empezando por el Gobierno español. Cabe recordar que se trata de un caso en el que desaparecieron pruebas de la comisaría, tras lo cual se supo que un agente de la Unidad de Familia y Mujer era cuñado de uno de los dos detenidos. Los hechos no llegaron ni siquiera a juzgarse. Han pasado casi diez años desde que ocurrió la doble agresión sexual y cinco meses desde que se conoció la contundente resolución del Tribunal de Estrasburgo, pero no hay noticia de movimiento alguno. Lo mínimo después de una sentencia así es revisar el caso, sabiendo además que ya había dos sospechosos. Junto a ello, debería ser una evidencia que, ante la ausencia de investigación policial de oficio digna de tal nombre, la Fiscalía debería investigar y llevar a los tribunales la desaparición de pruebas en una comisaría. Hablar de una restitución de la confianza en las instituciones es poco más que un brindis al sol si delitos de este tamaño quedan impunes en nombre de un corporativismo policial que daña a toda la sociedad.

Las víctimas de estos agujeros negros que son las comisarías, desde estas dos mujeres sexualmente agredidas a las miles de personas torturadas que hoy celebran en Euskal Herria el Día contra la Tortura, responden a casuísticas muy diferentes, pero comparten una infraestructura que amparó la vulneración de sus derechos. Hacen falta luces y taquígrafos.