«No se trata solo de contaminación ambiental, hablamos de vidas afectadas»

Cuando en 2011 perdió un embarazo de cinco meses, decidió estudiar Derecho para defender su vida y la de sus hijos. Sabrina Ortiz vivía en Villa Alicia, barrio lindante a los campos de soja sistemáticamente fumigados. Llevaba tiempo denunciando las pulverizaciones a diez metros de su casa que le provocaban desprendimientos de la piel, brotes y picazón. Pero aquella vez sintió que respiraba veneno. El médico que la revisó le explicó que la razón del aborto no espontáneo seguramente serían los plaguicidas pero que no podía otorgarle un certificado por escrito.

A sus 34 años, Ortiz tenía en el cuerpo glifosato (herbicida pilar del modelo comercializado por Bayer/Monsanto) y lambdacialotrina, un insecticida de la marca Syngenta en una cantidad 58 veces más alta de lo tolerable. Fiamma, su hija mayor, tuvo cinco cirugías y debió estar en silla de ruedas por una extraña patología llamada steomielitis crónica que genera quistes en los huesos. Su hermano ostenta el récord de agroquímicos en sangre.

La causa penal se inició en 2018 en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo. Basándose en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce que constató la presencia de 18 moléculas de plaguicidas en el agua, -más de la mitad considerados cancerígenos-, el juez ordenó la suspensión cautelar de las fumigaciones. Un informe de la Corte Suprema determinó que el agua no es apta para consumo.

A 222 kilómetros de Buenos Aires, Pergamino es el corazón productivo de la provincia y representa el núcleo duro del agronegocio. Sabrina Ortiz tiene hoy 41 años y es querellante en la causa que por primera vez lleva al estrado no solo a los productores agrícolas sino a quienes fueron parte en la toma de decisión y control de las fumigaciones. Los imputados son los productores Fernando Cortese, Víctor Tiribó, José Luis Grattone, Carlos Sabatini, Hugo Sabatini, Mario Reinero Roces y Cristian Taboada. La Ley 24.051 de Residuos Peligrosos prevé una pena de 3 a 10 años de prisión para la persona que, a través del uso de residuos «envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general».

Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini, integrantes de la Dirección de Ambiente Rural, están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

¿Cómo afronta el juicio tras todos estos años de lucha y cuáles son sus expectativas?

Tengo una mezcla de sensaciones, tener que declarar y revivir todo lo que nos pasó a mí y a mis hijos es muy movilizador. En este momento no me encuentro muy bien de salud pero aquí estamos con expectativas, esperanzada. Solo espero que estos jueces puedan escuchar lo que tengo para contar, que puedan escuchar la verdad. No solamente la situación que ha tenido que padecer mi familia, sino también lo que han vivido otras muchas que, como yo, están a la espera de una condena ejemplar. Aunque no puedo decir que será reparadora porque el daño ya está hecho, esperamos una sentencia que de cara a las futuras generaciones siente un precedente para la salud y para la vida. Por fin llegamos a esta instancia que ojalá sea la última para que se pueda modificar algo. Ya el sacrificio humano ha sido muy grande, nuestros cuerpos han hablado, nuestros cuerpos lo han sufrido y lo siguen sufriendo. Espero que la justicia nos dé una respuesta positiva. Que se compadezca de los que estamos y de los que ya no están.

¿Sus problemas de salud responden a las consecuencias de haber estado expuesta a las fumigaciones?

Llego a esta instancia con vaivenes emocionales y con las secuelas que me quedaron de los dos ACV que tuve producto de la neurotoxicidad generada por los agrotóxicos. Mi vida dio un vuelco de la noche a la mañana cuando mis hijos debieron empezar tratamientos, cuando la médica me dijo que tenían veneno en sus cuerpos, que no sabía qué iba a pasar de ahí en adelante cuando me fui de mi casa huyendo del veneno, cuando tuve que sacarlos de su lugar. Todas esas emociones me vuelven en este momento. También están las secuelas -temblores, dolores en el cuerpo, en las terminales nerviosas-. No me puedo desprender del daño que me causó porque convive conmigo. Es muy fuerte porque voy a estar sentada delante de aquellos que me amenazaron y me enfrentaron. También sé que voy a escuchar muchas cuestiones desde la defensa que serán usadas para desgastar y eso me genera una carga emocional muy grande. Lo vengo soportando desde que se inició la causa. Es difícil recordar y remover todo. Por momentos intento ubicarme en el rol de abogada, poniéndome en tercera persona, pero no dejo de quebrarme cuando hablo de mis hijos y de todo lo que pasaron. Es importante que por fin seamos escuchados y estos jueces tomen en cuenta que no se trata solo de contaminación ambiental como suele decirse sino que hablamos de vidas que fueron afectadas y vidas que se perdieron.

¿Percibe una mayor conciencia social respecto al daño que causan los pesticidas?

El panorama ha cambiado mucho respecto a la valoración que tiene la sociedad de los agrotóxicos. Al principio transité todo un recorrido sola. Luego muchas personas se fueron sumando, fueron tomando conocimiento; algunas de ellas por estar directamente afectadas y otras, no. Ahora hay mucha gente que me acompaña. No estamos tan desparramados, digo yo. Pergamino es la cuna del cáncer; eso es verdad. Todos los días conocemos a personas que son diagnosticadas. Intento resguardarme de las redes sociales porque alguna vez leí a quienes defienden este modelo y fue demasiado para una sola cabeza. Por eso será tan importante marcar un precedente, que el juicio sea histórico, que sea un antes y un después, que signifique un basta para este flagelo que estamos viviendo.