«Las consecuencias prácticas las van a sufrir estas mujeres»

Explica Marian Arias que hace 40 años, cuando Askabide empezó a acompañar a mujeres que ejercen la prostitución en las calles de Bilbo, contactar con ellas y hacer el seguimiento de su situación era relativamente sencillo. «Bajabas a la calle y hablabas con ellas».

Ahora dice que «esto se ha transformado totalmente», del mismo modo en que el imaginario del club de carretera no responde para nada a la realidad de la prostitución en la actualidad: «Las personas que ejercen la prostitución no necesitan un local visible, la mayoría contactan con los clientes a través de internet».

«La prostitución se ha deslocalizado y, sobre todo, se ha invisibilizado», algo que, según Arias, «crea una gran vulnerabilidad». «Ahora tenemos que trabajar con una metodología que tiene que ver con aplicaciones, vídeos, redes, grupos de whatsapp, etc. Cada vez es más difícil contactar con ellas», sigue.

Para realizar esta aproximación cuentan desde hace años con una subvención del Ministerio de Igualdad que ahora ven peligrar. La razón es una nueva condición en las bases de dos convocatorias para proyectos de apoyo a víctimas de trata y para programas de concienciación, prevención e investigación de las distintas formas de violencia contra las mujeres.

En las bases publicadas en abril, el Ministerio incluyó esta vez una condición previamente inexistente: «el reconocimiento expreso de la prostitución (…) como forma de violencia contra las mujeres». Es decir, ya sea vía estatutos, o vía declaración responsable, las entidades que soliciten la subvención deben explicitar su adhesión a un enfoque abolicionista de la prostitución. «En mi vida había visto que para acceder a una subvención pública se tuviese que adherir a una posición ideológica», clama Arias.

GANAR DEBATES A GOLPE DE BOE

Es uno de los grandes debates en el seno del feminismo. No todo es blanco y negro, ni mucho menos, pero a modo de resumen, el abolicionismo defiende la abolición de la prostitución, al entender que es, intrínsecamente, una forma de violencia contra las mujeres. Al otro lado se sitúa el enfoque proderechos, que denuncia que un enfoque abolicionista -opuesto a la regularización de la prostitución- abandona a su suerte a las mujeres que la ejercen, al negarles los derechos que les deberían asistir como trabajadoras. Esto es una simplificación, el debate es mucho más complejo y rico, pero está abierto de par en par en el seno del feminismo. Ahora, el ministerio en manos del PSOE ha decidido intervenir en este debate a través del Boletín Oficial.

Muchas entidades que trabajan en este ámbito han puesto el grito en el cielo, y no necesariamente por tener un enfoque proderechos. Es el caso mismo de Askabide, donde conviven, según explica Arias, diversas sensibilidades al respecto.

«Nunca hemos tenido una posición excluyente, lejos de tener una posición unánime, a nosotras nos hace más fuertes tener personas con pensamientos diferentes sobre la prostitución, es una fortaleza. Para lo que estamos es para atender a las necesidades de las personas que ejercen la prostitución», explica la trabajadora de Askabide, antes de resumir: «A veces nos perdemos en estos debates, cuando realmente lo único importante es mejorar la situación de estas mujeres».

En esa línea se expresa María Luisa del Pozo, encargada del proyecto Lehio Zabalik, de las hermanas Oblatas, en Bilbo. «No es correcto asignar el abolicionismo al feminismo, porque hay distintos planteamientos», explica la responsable de este proyecto que dispone de un programa de acogida, un recurso residencial y un proyecto de integración social para mujeres en situación de prostitución.

Del Pozo cuestiona la legalidad de la medida, al suponer «una vulneración de los principios constitucionales de objetividad, igualdad y concurrencia competitiva». «Desde el momento que aparece el planteamiento ideológico, se está restringiendo la participación. Unas bases no pueden tener como criterio un enfoque doctrinal específico, menos cuando incorporan un elemento que no guarda relación directa con la capacidad técnica y la experiencia acreditada que ya tenemos», añade, subrayando que este marco «genera discriminación indirecta entre entidades que podemos estar igualmente capacitadas para cumplir el objetivo de la subvención».

También LAB accedió en años anteriores a subvenciones del ministerio. Maddi Isasi, secretaria feminista del sindicato, cree que es una exclusión limitar las ayudas a agentes abolicionistas, sabiendo que esa posición no es única ni hegemónica en Euskal Herria. Desde el sindicato siempre remarcan que «la precariedad está muy ligada a la violencia machista» y, en este sentido, apunta que restar recursos económicos a compañeras en situaciones precarias «no es el camino».

«No se puede negar la diversidad que hay dentro del movimiento feminista respecto a este tema vía BOE», se queja.

UNA MEDIDA CONTRAPRODUCENTE

Subraya además un punto en el que coincide con Del Pozo. Para la sindicalista, «es dañino mezclar la violencia y la trata con el trabajo sexual; todas estamos contra la trata, por supuesto, pero esta no es la estrategia adecuada para acabar con ella».

La religiosa también cree que «estas bases corren el riesgo de confundir trata, que es delito, y prostitución, que en este momento no lo es», y lo resume con un axioma: «No toda trata es sexual, ni toda prostitución es trata». «Porque cuando todo es trata, nada es trata», añade Del Pozo, que subraya lo difícil que es demostrar en sede judicial su existencia. No siempre se consigue. Mezclar la trata real con toda la prostitución, opina, puede dificultar todavía más demostrar la existencia de trata, lo cual «puede tener un efecto disuasorio sobre las propias víctimas».

«La legislación existente no equipara en ningún momento la prostitución con el delito de trata», señala Del Pozo. «La prostitución no está recogida como violencia ni en el Estado español ni en el Convenio de Estambul», añade Isasi.

¿QUÉ HACER?

En este sentido, Del Pozo explica que lo que han hecho, de momento, ha sido solicitar la subvención como otros años, diciendo que se comprometen «a dar cumplimiento a la legislación vigente a nivel internacional, europeo, estatal y autonómico». «Y a ver qué pasa, que se nos diga que no, pero que se nos fundamente legalmente», remata.

«A nosotros se nos dice que, ante el abolicionismo somos proderechos, y ante las proderechos, somos abolicionistas. Pero nosotras tenemos nuestro propio planteamiento, y es: cada mujer es sujeto de sus derechos, con su realidad y sus opciones. Para nosotros prima el acompañar a cada mujer, y no vamos a dejar de hacerlo», subraya.

Isasi explica que ellas han renunciado a la subvención «porque no vamos a cambiar en los estatutos algo que va contra nuestra posición ideológica». Por ello, manifiesta que la medida «restringe el pluralismo y excluye injustificadamente a entidades con amplia experiencia en atención a víctimas».

Por su parte, Arias remarca que en Askabide no piensan cambiar sus estatutos, pero añade que todavía están analizando qué medidas tomar, aunque menciona que conocen el caso de varias entidades que, a nivel estatal, se han unido para recurrir ante los juzgados las bases de la convocatoria.

CONSECUENCIAS PARA LAS MUJERES

Las tres interlocutoras coinciden en subrayar que, al final, en palabras de Arias, «las consecuencias prácticas las van a sufrir estas mujeres». Del Pozo añade que está en riesgo la «actuación que muchas entidades tienen con víctimas de trata», un terreno en el que la intervención es siempre compleja. Y se pregunta si las mujeres que atienden en los recursos de Lehio Zabalik tienen menos derechos que las que son atendidas por entidades que se posicionan como abolicionistas.

Teme tener que introducir recortes en la parte de los trabajadores de la entidad, pero insiste en que ellas seguirán acompañando a estas mujeres, «con independencia de si optan por seguir o no en la prostitución, y de si lo visualizan como explotación o como trabajo».

Concluye Marian Arias: «El año pasado contactamos con 550 mujeres en ámbitos de prostitución. Si nos quitan esta subvención, no lo vamos a poder hacer». Insiste con cierta amargura en que en Askabide están «para solucionar sus problemas, no para añadir más problemas», y remata: «Independientemente de nuestros debates, ellas tienen que levantarse todas las mañanas».