Pasar a la ofensiva

Recapitulemos. Un magistrado de la Audiencia Nacional investiga al expresidente del Gobierno español. Al amparo de las diligencias, la UDEF accede a los mensajes privados del investigado sin separar el grano de la paja. De pronto, varios digitales de dudosa catadura difunden intimidades que no guardan relación con la causa y que solo han podido salir de las partes involucradas. El mismo magistrado que no extremó el cribado de los mensajes se rasga las vestiduras y ordena una investigación para determinar quién rompió la cadena de custodia de las pruebas.

Ahora hagamos un ejercicio de imaginación. Pongamos que un ciberdelincuente vulnera nuestras comunicaciones, extrae mensajes de naturaleza sensible y los difunde a los cuatro vientos. Sabemos que el Código Penal prevé penas severas de prisión. ¿A quién reclamaremos auxilio? ¿A los cuerpos policiales que desprotegieron los mensajes íntimos de todo un expresidente? ¿A los tribunales que debieron requerir el cribado y no lo hicieron? ¿A los medios de comunicación que primaron el escarnio y la carnaza por encima del compromiso informativo?

En su momento, varias voces del abanico progresista pidieron prudencia ante las dudas que suscitaba el rescate de Plus Ultra. En este proceso, nos decían, no cabía hablar de lawfare porque los directivos de la compañía habían hecho movimientos que daban pie a las suspicacias. Vale. De acuerdo. El juez instructor tiene la obligación de investigar y nadie debería poner la mano en el fuego por nadie. La izquierda independentista vasca, sin embargo, propuso abrir el foco de la controversia: es imposible separar el caso Zapatero de su contexto. Y el contexto es la guerra sin cuartel que los poderes profundos del Estado libran contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Antes de que trascendiera la filtración de los whatsapps de Zapatero, Arnaldo Otegi dejó un titular a su paso por los micrófonos de Radio Euskadi: “El objetivo de la UCO no es combatir la corrupción; es destruir personas”. Se refería a la investigación contra Santos Cerdán, cuyo papel como interlocutor de los independentistas vascos y catalanes desató la ira de los sectores más reaccionarios del Estado. Otegi no lo absuelve ni lo condena. En su opinión, no obstante, existe una operación política orientada a traer de vuelta el PSOE de Felipe González y Emiliano García-Page. Un PSOE, añadiría aquí, que permita con su abstención el retorno del PP a la Moncloa.

Dice Enric Juliana en “La Vanguardia” que la UCO y la UDEF son «los redactores jefes de la política española». Por un lado, actúan como policía judicial. Por otro lado, escriben el relato mediático dosificando titulares al ritmo de las filtraciones. El otro narrador de guardia, según Juliana, sería la judicatura. La generosa condena contra el corruptor Aldama debe entenderse como una invitación para que otros malhechores canten cómodamente la Traviata. El que pueda hacer, que haga. La cuestión es destruir la reputación de los investigados antes siquiera de que exista una sentencia.

Este pasado miércoles, en el pleno del Congreso español, Pedro Sánchez reaccionó a las investigaciones judiciales que afectan a su partido. Alberto Núñez Feijóo, por su lado, acaparó la atención con un comentario de baja estofa sobre el padre de Patxi López. Otro gran foco de interés fueron las palabras de Mertxe Aizpurua, que apeló a la memoria del pueblo vasco para descartar cualquier confianza cándida en los poderes del Estado. En su discurso, evocó un panorama desolador de periódicos clausurados, macrojuicios, torturas, ilegalizaciones y condenas fundadas en teorías alucinógenas.

¿Tiene nuestro pueblo una clarividencia innata que nos lleva a formular hipótesis cabales allí donde otros dan traspiés en las tinieblas? No lo creo. Lo que ocurre es que llevamos a la espalda un lento aprendizaje asumido en la más flagrante de las soledades. Por el contrario, la hemeroteca del PSOE repite tenazmente un estribillo: «confiamos en la Justicia». Así se expresó, por ejemplo, Patxi López cuando la Audiencia Nacional impuso diez años de cárcel a Arnaldo Otegi por el caso Bateragune. Respetar y acatar. Siete años después, Estrasburgo determinó que el juicio no había sido justo.

Según Aizpurua, la cacería contra amplios sectores de la sociedad vasca forma parte de una longeva pugna entre la Transición y la ruptura. En efecto, el régimen surgido de la Constitución del 78 mantuvo intactas las relaciones de poder que operaron durante el franquismo. No hubo depuración de los cuerpos policiales, las Fuerzas Armadas y la judicatura. Los gerentes de la dictadura no solo se incorporaron a la democracia sin haber rendido cuentas sino que además pasaron a la historia como garantes entusiastas de las libertades públicas. Ahora el bicho se revuelve también contra el PSOE.

No es que Sánchez haya adoptado de pronto posiciones subversivas, sino que el contexto histórico lo ha llevado a buscar el sostén de sectores sociales hasta entonces proscritos. En consecuencia, el Estado oscuro lanza dentelladas de monstruo herido aun a costa de dinamitar por el camino la escasa credibilidad que le queda. Más le vale a Pedro Sánchez que reaccione porque su ajado manual de resistencia no lo sacará del atolladero. Aizpurua lo invita a pasar a la ofensiva y la caverna digital pinta estas palabras de amenaza terrorista.

Pasar a la ofensiva significa atajar la corrupción sin contemplaciones, venga de la esfera política, empresarial, policial o judicial. Castigar con determinación las filtraciones. Enfrentar a los jueces que juegan a hacer política con disfraces de legalidad. Revertir la concentración mediática. Desfinanciar los panfletos ultras que urden noticias falsas y promueven procesos de porexpán. Democratizar lo que nunca llegó a ser democrático y aceptar, aunque sea con cincuenta años de retraso, que la ruptura siempre fue preferible a la continuidad. Todo esto no ocurrirá. No somos tan ingenuos. Nadie podrá decir, eso sí, que no estábamos avisados.