Militarización e impunidad en Ecuador

Siguiendo las huellas del Plan Colombia, el presidente Daniel Noboa emitió el 18 de junio el “Decreto Ejecutivo 424”, en el que, con la excusa del crimen organizado, ratifica la existencia de un conflicto armado interno y propone un marco legal para la cooperación internacional en seguridad, básicamente con los Estados Unidos, a cuyos efectivos se otorga inmunidad como suele exigir la Casa Blanca.

El decreto destaca que el Gobierno «concederá indultos, rebajará o conmutará penas a favor de personal militar, policial y civiles que participen en las acciones destinadas a enfrentar el conflicto armado interno». Noboa aclaró que fuerzas armadas de países aliados serán desplegadas en las provincias más afectadas por la violencia.

Tres días antes de difundir el decreto, Noboa se había reunido con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el Pentágono. El asambleísta ecuatoriano Fernando Cedeño sostuvo que el “Decreto Ejecutivo 424” fue redactado en la Casa Blanca y el Departamento de Estado tras la reunión de Noboa con Hegseth.

Al derogar decretos anteriores, se ingresa en una nueva etapa en la estrategia de seguridad y de alineamiento con Washington que supone un salto cualitativo en la creciente militarización del país. De hecho, la medida se decide en medio de un estado de excepción declarado en diez provincias, con permanentes denuncias sobre la violación de derechos humanos.

La Alianza por los Derechos Humanos considera que el decreto significa «expansión arbitraria del conflicto armado interno, cierre del espacio cívico, injerencia extranjera y riesgo de paramilitarización e impunidad en Ecuador». Además, y esto es quizá el objetivo central del Decreto, por la forma como está redactado «cualquier actor, colectivo u organización podría ser incorporado al ámbito de intervención militar, policial, civil o extranjera», señala la organización en un comunicado del 19 de junio (https://alianzaddhh.org/).

En su análisis, la Alianza destaca el contexto autoritario que se vive en Ecuador y el cierre del espacio cívico, o sea de las libertades de manifestación, organización y opinión que han caracterizado a los movimientos sociales del país. Uno de los párrafos centrales del análisis destaca: «Lejos de ofrecer respuestas efectivas a la crisis de violencia e inseguridad que atraviesa el país, este modelo profundiza la militarización de la vida pública y genera condiciones propicias para la imposición de una agenda extractivista, el desmantelamiento progresivo de capacidades estatales y la precarización de derechos».

Este es un primer punto crucial. El concepto de conflicto armado interno constituye «un mecanismo de legitimación para la expansión de facultades extraordinarias contra cualquier persona, organización o sector social identificado como una amenaza por el poder político». En adelante, crecen exponencialmente los riesgos de persecución contra colectivos y organizaciones sociales, a la vez que permitirá silenciar voces críticas que se enfrenten a los intereses gubernamentales.

¿Por qué este punto es tan importante? Porque desde comienzos de la década de 1990, cuando se implementa el modelo neoliberal, los movimientos populares, en especial el indígena, han tenido la capacidad de confrontar los planes del capital y del Estado, y consiguieron derribar una decena de gobiernos con una contundente movilización pacífica. Si Estados Unidos quiere incrementar el extractivismo minero para extraer tierras raras, los pueblos originarios son un estorbo, en un país donde el Estado debió reconocer dieciocho pueblos indígenas y catorce nacionalidades.

La segunda cuestión es que con este decreto «el Estado ecuatoriano ha institucionalizado un nuevo ciclo de subordinación estratégica a los intereses militares de Estados Unidos, reabriendo un camino que el país había intentado cerrar con la salida de las tropas estadounidenses de la base de Manta en 2009», como sostiene Alfonso Insuasty, del colectivo colombiano Kavilando (“Desinformémonos”, 29 de junio de 2026).

Según este analista, estamos ante «la inserción progresiva del Ecuador en la arquitectura militar global de Washington», que sigue las mismas pautas que se dieron con el Plan Colombia, que «dejó una arquitectura militar, jurídica e ideológica funcional al mercado y a la tutela externa». La excusa en Colombia fue el narcotráfico y los cultivos de sustancias ilegales, pero pasadas más de dos décadas, el narcotráfico no desapareció, los cultivos ilícitos se desplazaron y las economías ilegales diversificaron sus mecanismos de acumulación.

¿Por qué Ecuador? Insuasty dice que este país «articula simultáneamente el Pacífico oriental, la Amazonía, la región andina y las rutas marítimas que conectan Sudamérica con Asia», siendo una plataforma para «monitorear el corredor del Pacífico y proyectar capacidades sobre uno de los territorios con mayor biodiversidad, reservas hídricas y minerales críticos del planeta».

En síntesis, la militarización del Ecuador permite controlar a los pueblos a través del despliegue paramilitar que forma parte del militarismo, y a la vez subordina al país a los planes estratégicos del Pentágono. No es ninguna casualidad que haya sido en el Pentágono donde se hilvanaron estos planes. El ejemplo de Colombia indica que el control de la población, por la tenaza paramilitarismo-crimen organizado (que en Ecuador fue creado desde el Estado), es el gran legado de estos planes.

El control continental para enfrentar a China se va cerrando: las ultraderechas gobiernan en Chile (José Antonio Kast), Perú (Keiko Fujimori), Colombia (Abelardo De la Espriella), Argentina (Javier Milei) y Ecuador (Daniel Noboa). Además, está la tutela sobre Venezuela, para completar un cuadro tremendo de dominio imperial continental.

Para los movimientos y los pueblos organizados, el desafío es gigantesco. No pueden seguir actuando del mismo modo como lo hicieron durante décadas, pero tampoco se han construido nuevas estrategias.