Bermeo reiniciará las obras de edificación de las 36 VPO de San Martín «en breve»

La alcaldesa, Idurre Bideguren, explicó ayer que pretenden resolver la problemática de las viviendas protegidas de San Martín «antes de un año». «Los objetivos -comentó la también presidenta de Beruala- son cumplir las decisiones judiciales, desbloquear un activo bloqueado y mirar hacia adelante. El próximo paso será adjudicar las 36 viviendas protegidas».

En las obras, que se prolongarán nueve meses, se derribarán las dos últimas plantas del bloque, que fueron declaradas ilegales en 2010 por el juez, así como la conclusión del proyecto.

La polémica operación urbanística, impulsada durante el gobierno del PNV, ha supuesto un gasto más para el Ayuntamiento. «El costo económico añadido ha sido de alrededor de dos millones de euros y el hecho de tener este edificio parado también ha generado gastos importantes», señaló Bideguren. La sociedad pública de gestión urbanística Beruala denunció el año pasado al exalcalde, Xabier Legarreta, y al ex teniente alcalde, Iñigo Imatz, ambos del PNV, por un posible delito penal y societario al entender que adoptaran acuerdos contrarios a la ley en la gestión de la sociedad a sabiendas de que contravenían la legislación.

Bideguren resaltó que han cumplido lo ordenado por el juez «con el menor costo económico». «Con la ayuda de la Diputación, nos han dado un préstamo con el que, entre otras cosas, hemos evitado la situación concursal de Beruala y el embargo de sus cuentas, hemos liquidado las deudas con Ganeko, y vamos a terminar las viviendas de San Martin cumpliendo las decisiones judiciales», precisó la alcaldesa.

El Consistorio, apuntó, baraja la posibilidad de que las 36 viviendas protegidas se destinen al alquiler social.