Urkullu mantiene contratos a dedo a un condenado por el Caso Hiriko

A finales de octubre de 2018, la Audiencia Provincial de Araba confirmó la culpabilidad de los cuatro administradores de Afypaida, empresa matriz del fallido coche eléctrico vasco Hiriko, en la quiebra de la compañía, que recibió 15,7 millones de ayudas públicas, la mayoría (14,7) del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Uno de esos cuatro condenados fue José Luis Bengoechea, joyero de Gasteiz con el que Lehendakaritza ha seguido haciendo contratos directos a pesar de la sentencia judicial. No habrá probablemente nada ilegal en ello, pero es cuestionable que en toda la Comunidad Autónoma Vasca no haya nadie que pueda ofrecer los mismos servicios, sobre todo cuando esas adjudicaciones se han hecho a dedo desde Ajuria Enea, sin que mediara ningún concurso público.

A los siete meses de la condena, el 29 de mayo de 2019, Lehendakaritza contrató con José Luis Bengoechea la «realización de los pins para el premio Euskadi Basque Country Laguna». La cuantificación de la encomienda fue de 5.874 euros.

Más recientemente, tras el cambio de gobierno al que dieron lugar las elecciones del 12 de julio de 2020, el 20 de noviembre de ese año, Lehendakaritza decidió adquirir «medallas para las consejeras y los consejeros de la XII Legislatura», la actual, y las contrató también directamente a  José Luis Bengoechea, por 11.127 euros.

En los archivos del Gobierno de Lakua figura además un contrato anterior con este joyero, de junio de 2017, cuando el proveedor ya había sido imputado por su actuación el Caso Hiriko, y se le encargó un suministro para denominadas «atenciones protocolarias y representativas», por las que cobró un total de 11.824 euros.

Quiebra de Afypaida

José Luis Bengoechea, junto a  Jesús Echave, presidente de Afypaida y vinculado al PNV; Íñigo Antia, concejal jeltzale en Gasteiz entre 2003 y 2008, fecha en la que pasó a formar parte EBB; y al constructor Fernando Achaerandio, fue condenado por la Audiencia Provincial de Araba por una «imprudencia grave» que agravó la insolvencia de la sociedad que impulsaba el proyecto y canalizaba las ayudas.  

Los jueces les inhabilitaron para administrar bienes ajenos y para representar a cualquier persona durante dos años. Además, fueron condenados al pago de 535.000 euros al considerar que la quiebra fue culpable por la compra de un coche de carreras que, según la sentencia, «jamás llegó a ser utilizado como banco de pruebas», a pesar de lo que alegaron los acusados.

Por otro lado, la causa penal abierta contra los empresarios, quedó archivada. La Fiscalía les acusaba de varios delitos de malversación, apropiación indebida y fraude de subvenciones. Pero la Audiencia no vio en la causa «suficientes indicios de delito». De hecho, en la sentencia precisó que no sobreseía la causa porque no hubiera delito sino porque no resulta debidamente justificada la perpetración» del mismo.