Ni Plan de Choque en dependencia ni reactivación del sistema en la CAV

El último informe del Observatorio de la Dependencia saca los colores a la CAV por ser la única que bajó su número dependientes atendidos en 2021, frente a un aumento general del 8%. Nafarroa también falló, pues fue la que más aumentó sus listas de espera para valorar.

El Plan de Choque para reactivar la Ayuda a la Dependencia puede que no merezca llamarse así. Sí que ha servido para reimpulsar el derecho a prestaciones del colectivo dependiente, pero tampoco puede considerarse un «choque» como tal, pues no se han logrado las metas fijadas. Las deficiencias sistémicas graves permanecen y, cada día, mueren en Euskal Herria 2.386 personas con derecho a una prestación que jamás les fue reconocida. 

El XXII Dictamen del Observatorio de la Dependencia (DOD) muestra de luces y sombras, pero el problema principal no varía: las prestaciones no se reconocen a todos los que tienen derecho a ellas. Cada día, más de seis personas fallecen en Hegoalde mientras esperan a que la burocracia termine de resolver su resolución. En 2021 fueron 2.235 las personas que fallecieron con el expediente sin resolver y 151 en Nafarroa. 

Que el Plan de Choque nunca fue tan de choque se aprecia en unos números, que se incluyen por primera vez en el informe. Dicho plan consistía en una inyección suplementaria de más de 600 millones en el sistema desde el Estado. Pero lo cierto es que las ayudas a la dependencia no las asume mayoritariamente la Administración General del Estado (AGE), sino que están principalmente costeadas por las Comunidades Autónomas. Concretamente, el 21% del total del gasto lo asume la AGE, frente al 57% que cae sobre las arcas de las CCAA (incluidas aquí las cuatro diputaciones vascas). El otro 21% restante lo costean los usuarios mediante copagos. 

Lo que sí ha supuesto este Plan de Choque es aumentar de forma notable esta parte proporcional que recae sobre las arcas estatales. De este modo, el salto que se da en la implicación del Estado ha pasado del 15% de 2018, 2019, 2020 hasta el 21% citado. Este cambio, además, viene a revertir una tendencia que acusa el sistema desde el año 2009 por la cual las CCAA iban asumiendo cada ver mayor porcentaje de gasto.

El montante total de las prestaciones a dependientes asciende 7.028 millones de euros (a los que habría que añadir los copagos, soportados por usuarios y familias, que suponen otros 1.902 millones). Según el DOD, el 56% de ese dinero se va a costear plazas en residencias. El caso de la CAV resulta, en este punto, particular, en tanto que el 99% de la ayuda a dependencia acaba destinándose a plazas en residencias. No es el único territorio donde sucede así, pero en otras comunidades el porcentaje cae por debajo del 45%.  

En realidad, el coste de las plazas residenciales para dependientes es aún mayor. El DOD advierte de otro «copago invisible» Y este segundo copago no es pequeño. «La prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 423 €/mes (Grado II de dependencia) y 531€/mes (Grado III). La diferencia entre esta cantidad y el precio realmente abonado por la persona en una residencia (que fácilmente triplicará ese importe)».

El copago invisible «fácilmente triplicará» el importa de las ayudas.

En el marco estatal resulta bastante sencillo para la CAV y Nafarroa no quedar a la zaga, en tanto que en Catalunya el sistema es un fracaso casi absoluto (la concesión de una prestación lleva más de año y medio de retraso) y Madrid, directamente, truca los datos como hizo con los contagios por covid. El informe sostiene que la Comunidad de Isabel Díaz Ayuso manipula sus cifras de forma «torticera».

Ahora bien, la CAV es la comunidad que peor parada sale en el último informe. Es la única de todas las administraciones que no atendió en 2021 a más personas que en 2020. De hecho incluso bajó el número de beneficiarios en 484 personas (menos de un 1%) cuando, de media, el resto de territorios incrementó su número de dependientes atenidos en más de un 8%.

Esto no puede justificarse por partir la CAV de una mejor posición. Una sexta parte (16%) de los demandantes sigue en espera de resolución en la CAV, frente a otras comunidades como Castilla y León (CyL), que tienen atención plena. Si bien, la CAV es la comunidad que más dinero invierte en dependencia.

Nafarroa recibe un severo toque de atención por el brutal incremento de las listas de espera de la valoración, que han crecido en un 27%.

Nafarroa también recibe un severo toque de atención. En su caso, por el brutal incremento de las listas de espera de la valoración, que han crecido en un 27%. Formalmente, es el segundo peor dato de todas las administraciones, por detrás de CyL donde creció en más de un 50%, pero esto mueve a engaño dado que CyL tiene atención plena y su lista de espera era ínfima. 

Feminizado y fraudulento

El DOD aporta datos alarmantes a la hora de retratar quiénes son los que cuidan a los dependientes y en qué condiciones lo hacen. De una parte muestra cómo los varones dan de lado a este colectivo y solo acometen una cuarta parte de los cuidados que este colectivo necesita. Asimismo, el grueso de los cuidados recae en el grupo de edad de entre 50 y 66 años (46%), seguido del 16-49 (28,5%). 

Centrando el foco en la figura del cuidador familiar, la diferencia entre sexos es abismal cuando se trata de cuidar a un hijo. Un 23,8% de los cuidadores familiares son madres de dependientes. Frente a ello, solo un 3,2% de los cuidadores son padres de una persona que no se vale por sí mismo. Por otro lado, la vinculación más común para ejercer como cuidador familiar es ser hijo de un dependiente. Aquí hay que tener en cuenta que el grueso de personas con dependencia reconocida (casi la mitad) tienen más de 80 años.

Además del machismo que asoma en la distribución por sexos de los cuidadores, el dictamen revela un problema aún mayor: el del fraude en los cuidadores contratados y el desinterés por cotizar de los cuidadores familiares. Según publican, solamente 67.225 personas se encuentran dadas de alta como cuidadores. Esta cifra viene a suponer tan solo 13,93% del total de las personas cuidadoras, según calcula el informe, que cita también que desde hace dos años se recuperó el derecho de los cuidadores familiares también pueden se dados de alta en el convenio específico.

Solo el 13,93% de los cuidadores está dado de alta en la Seguridad Social

Del dinero destinado a prestaciones por dependencia, el DOD estima que existe una tasa de retorno a las arcas públicas superior al 40%, y que se generan 40 empleos directos por cada millón de euros gastado.