Australia prepara un referéndum para mejorar la representación parlamentaria de los aborígenes
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, se ha comprometido este sábado a organizar un referendum en el país para reformar la Constitución y dar cabida en el Parlamento a un cuerpo representativo de las comunidades indígenas.
En un discurso durante el festival de cultura tradicional Garma, en el territorio del Norte, el primer ministro australiano, Anthony Albanese ha anunciado que tiene previsto preguntar a los australianos si apoyan «un cambio de la Constitución que establezca una voz de los aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres», las dos comunidades indígenas del país.
Albanese, que lidera el Gobierno tras ganar las elecciones del pasado mayo, ha pedido a «todos los australianos de buena voluntad» que se involucren en esta causa y ha prometido celebrar el referendum antes de terminar su primer mandato en 2025.
La Constitución australiana, que data de 1901, no menciona ni reconoce a los aborígenes ni a los isleños del Estrecho de Torres como los primeros habitantes del país, lo que ha motivado diversas reclamaciones de esta minoría marginada y discriminada históricamente.
Cualquier cambio en la Constitución requiere un apoyo de más del 50% en un referéndum en el conjunto del territorio y también de manera separada en los seis estados que forman el país.
En mayo de 2017, unos 300 representantes de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres firmaron la llamada ‘Declaración de Uluru’, por la cual reclaman la creación de un organismo propio de representación política y un tratado con el gobierno federal que les dé competencias sobre asuntos que afectan al colectivo.
Las comunidades indígenas, que representan el 3,2% de la población total del país, viven en su mayoría sumidas en la pobreza, a menudo en zonas remotas.
Los aborígenes australianos han sido víctimas de constante maltrato desde la colonización, además de desposeídos de sus tierras y discriminados sistemáticamente.
Una de las heridas más profundas dejadas fue la práctica, durante décadas del siglo XX, de arrebatarles a sus hijos para que fueran cuidados por familias o instituciones de blancos, en lo que se denomina «la generación robada» y que afectó a unos 100.000 menores aborígenes entre 1910 y 1970.