La ofensiva judicial contra Semilla despierta el hartazgo en Guatemala

Las calles de Guatemala han resucitado el espíritu de 2015, cuando miles de personas se manifestaron contra la corrupción. Ocho años después, los intentos judiciales de ilegalizar a Semilla, que aspira a alcanzar la Presidencia del país, han despertado el hartazgo de la ciudadanía.

La Fiscalía de Guatemala se ha convertido en el epicentro de las protestas en Guatemala, que desencadenaron en un Paro Nacional el pasado lunes. La población ya no sale masivamente para denunciar la corrupción, sino para defender la democracia amenazada por lo que ya se conoce como un «golpe de Estado técnico». De ahí que los manifestantes tachen de «golpistas» a la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y el juez del Juzgado Séptimo, Fredy Orellana. Los tres han sido incluidos en la Lista Engel de Estados Unidos de actores corruptos y antidemocráticos, por «obstruir las investigaciones de actos de corrupción contra funcionarios del Gobierno».

Curruchiche y Orellana se han empeñado en ilegalizar al Movimiento Semilla, que quedó en segundo lugar en las elecciones del 25 de junio, tras recibir 653.000 votos. La excusa es una investigación de la Fiscalía que sostiene que «existen indicios de que posiblemente, más de 5.000 ciudadanos fueron adheridos ilegalmente» a esa formación «falsificándoles su letra y firma».

Por ello, Curruchiche pidió la suspensión jurídica de Semilla al juez Orellana, quien el 12 de julio ordenó al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de esta formación de izquierdas. Sin embargo, el TSE actuó de contrapeso y se opuso, teniendo en cuenta que ello hubiera supuesto que el candidato Bernardo Arévalo de León no hubiera podido postularse a la Presidencia de Guatemala en la segunda vuelta de las elecciones el próximo 20 de agosto, cuando se enfrentará a la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres.

Además, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó el 13 de julio un amparo a Semilla garantizando que no se podía sus- pender jurídicamente a esta fuerza política al violarse la Ley Electoral y de Partidos Políticos, por lo que debía celebrarse con normalidad la segunda vuelta. No obstante, dejó la puerta abierta para que la Fiscalía siga investigando a Semilla. Ello provocó que el juez haya ordenado el arresto de dos militantes de esta formación, así como la detención de la directora en funciones del Registro de Ciudadanos del TSE, Eleonora Castillo, por desobedecer la orden de suspender jurídicamente al partido.

La gota que colmó el vaso en la población fue el allanamiento de la Fiscalía y la Policía el pasado viernes en la sede de Semilla, de donde se llevaron tres cajas con documentación. Días antes, ya habían registrado hasta en dos ocasiones el Registro de Ciudadanos. El país se ha sumido en un nivel de tensión tal que hasta el TSE ha pedido a la CC que exija a siete organismos del Estado, entre ellos, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, que garanticen la celebración de la segunda vuelta electoral. El TSE advierte de que existe una «amenaza cierta, futura e inminente» de que las autoridades de Guatemala «vulneren el Estado democrático de derecho para el desarrollo de un proceso electoral en un ambiente de libertad».

En esta ocasión, la CC rechazó el recurso al recordar que ya había amparado al Movimiento Semilla garantizando que no se podía suspender jurídicamente a este partido.

La historia de persecución se repite

El statu quo de Guatemala está haciendo lo imposible para evitar que Bernardo Arévalo de León se convierta en el futuro presidente del país, dado que ha prometido que lo primero que hará es «limpiar el pantano de la corrupción», que tiene sumida en la pobreza y la extrema pobreza a seis de cada diez personas.

El candidato denuncia una «persecución política» repitiéndose así la historia que sufrió su padre, Juan José Arévalo, quien presidió Guatemala entre 1945 y 1951 tras ser el primer mandatario elegido democráticamente. Su gestión fue conocida como el Primer Gobierno de la Revolución, en el que introdujo cambios sociales y reformas educativas y económicas, que no gustaron a todo el mundo y por ello hubo varios intentos de golpe de Estado.

Tras la caída de Jacobo Arbenz en 1954 en un golpe de Estado, se sucedieron las dictaduras y gobiernos de derechas que hundieron al país en un ciclo de pobreza y violencia. Por primera vez, Bernardo Arévalo ha recuperado la esperanza entre la población de un cambio. Sus simpatizantes, confían en que resurja la nueva “primavera”, que fueron los diez años de gobiernos revolucionarios entre 1944 y 1954 en los que se puso fin a los regímenes dictatoriales.

Sin embargo, no será fácil porque los políticos en contubernio con el sistema judicial que han esquilmado los recursos públicos no están dispuestos a perder su poder y, por ello, han puesto en jaque a la democracia.