Comptos ve lo «más razonable» que Erripagaña se quede en Iruñea, Burlata o en ambos

La Cámara de Comptos considera lo «más razonable» que Erripagaña quede en manos de Iruñea, Burlata o de ambos municipios y en ese caso la capital navarra se quedaría con su parte y Burlata asumiría las de Eguesibar y Uharte.

La Cámara de Comptos ha elaborado un informe sobre la situación de Erripagaña, que forma parte de cuatro municipios –Burlata (59%), Iruñea (21%), Eguesibar (10%) y Uharte (10%)–, y considera que esto es «incompatible con una gestión racional, eficaz y eficiente».

El informe responde a una iniciativa de la Asociación de Vecinos de Erripagaña a través de una solicitud presentada por Geroa Bai y que la Junta de Portavoces aprobó en marzo del año pasado. Es un territorio de 800.000 metros cuadrados ubicado en Iruñerria, que pertenece a los cuatro municipios citados y que surgió a través de un Plan de Incidencia Supramunicipal aprobado en 2004.

Ese plan había previsto dedicar un 92% de la superficie a uso residencial con 3.500 viviendas y un 8% a uso comercial, si bien, apunta el órgano fiscalizador, el uso residencial se ha incrementado en dos ocasiones y actualmente se estima que tendrá 6.300 viviendas y una población de algo más de 15.000 habitantes.

A pesar de la peculiaridad del territorio, el PSIS no contempló las soluciones a los problemas derivados de pertenecer a cuatro municipios: lentitud en la puesta en marcha de dotaciones, problemas tanto en accesibilidad como en comunicación externa y falta de cohesión urbana interna.

En el desarrollo del PSIS, los ayuntamientos han percibido 61 millones en ingresos urbanísticos, de los que corresponden a Burlata 33,6, a Iruñea 16, 7 a Eguesibar y 4 a Uharte. Esos ingresos tienen que destinarse a inversiones en el municipio correspondiente, pero no en Erripagaña sino en cualquier lugar del mismo.

El informe pone el acento en las pocas dotaciones construidas de las contempladas en el PSIS, ya que solo se han construido el campo municipal de fútbol de Burlata, la pista de skate y parte de la vivienda social prevista.

En cuanto al ámbito de competencias del Gobierno Foral, indica que ya ha licitado el proyecto para construir un centro de salud, cuya inauguración está prevista para 2028, y ha adjudicado la escuela infantil para el ciclo 0-3 años, que estará en marcha el próximo curso. También está previsto construir el Euskaltegi Zubiarte y la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia.

Desigualdades en tributos y servicios

La fragmentación administrativa implica, según Comptos, «que existan desigualdades en la ciudadanía en materia tributaria y acceso a determinados servicios públicos». En cuanto a conexión y accesibilidad, «es una zona con un sistema viario de tráfico intenso con cierto carácter de isla por su localización, que le hace estar desconectado del tejido urbano circundante».

Para una gestión de los recursos «más lógica y racional», concluye que «lo más razonable es que Erripagaña pertenezca a un solo municipio (Iruñea o Burlata) o, en su defecto, a dos».

Si Iruñea absorbiera todo Erripagaña, el ayuntamiento más afectado sería Burlata, cuyos ingresos anuales disminuirían en 2,6 millones, apunta Comptos que añade que eso afectaría gravemente a la viabilidad económica de Burlata, mientras que Iruñea incrementaría sus ingresos anuales en 3,6 millones.

En el caso de que Burlata asumiera todo el territorio, sus ingresos se incrementarían en 3,5 millones e Iruñea perdería casi dos millones.

Si Iruñea se queda con su parte y Burlata asume el resto, los ingresos de Burlata aumentarían 1,3 millones y los de Iruñea se quedarían prácticamente igual.

Con estas conclusiones, Comptos recomienda modificar la situación administrativa de Erripagaña, dejando el territorio en manos de uno o dos municipios y urge, mientras tanto, a gestionar conjuntamente los servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento de zonas verdes, así como adecuar la accesibilidad al Colegio Público de Mendillorri y adoptar las decisiones sobre ubicación de infraestructuras.

Opina, asimismo, que el Gobierno debe liderar y coordinar el desarrollo urbanístico impulsando la ejecución de las dotaciones previstas con diligencia y contemplando los problemas que pueden surgir en territorios adscritos a varios municipios.