Orden de arresto contra Evo Morales por no ir a declarar en un caso de abuso de menores
La Justicia boliviana ha dictado una orden de detención contra Evo Morales por no presentarse a declarar en un caso de abuso de menores por el que está siendo investigado. El expresidente ha alegado que su vida corre peligro.
La fiscal del departamento de Tarija, Sandra Gutiérrez, ha confirmado este jueves que se ha emitido una orden de detención contra el expresidente de Bolivia Evo Morales después de que no se presentara ante la Fiscalía. Había sido citado a declarar por el supuesto caso de estupro, trata y tráfico de personas ocurrido durante su mandato y por el que está siendo investigado.
Su abogado Nelson Cox ya había anunciado que el líder indígena, de 64 años y convertido en el mayor opositor del Gobierno de su exministro Luis Arce, no iba a acudir al considerar «ilegal» la investigación y había remarcado que la Justicia ya investigó y archivó la misma denuncia en 2020. Morales tilda de «una mentira más» las acusaciones. Su círculo de aliados ha alegado que su vida corre peligro: «Ha recibido amenazas de muerte».
«Ya estamos trabajando en lo que corresponde conforme a ley, lo que corresponde es precisamente eso, sacar el mandamiento de aprehensión, para aquellos que han sido notificados debidamente sin ninguna vulneración de ninguno de sus derechos. Simplemente, el mandamiento de aprehensión que se va a emanar será para que ellos puedan apersonarse a presentar su declaración», ha explicado la fiscal.
Gutiérrez ha aclarado que la medida afecta también a los padres de la víctima, que tampoco han acudido a la citación. «Se han presentado dos memoriales sin la notificación debida», ha asegurado, antes de aseverar que «todo se está haciendo de manera transparente y apegados a la norma legal». El padre, de hecho, ya ha sido detenido.
La eventual detención caldearía aún más los ánimos entre los partidarios de Morales y de Arce, quienes desde hace años vienen protagonizando una enquistada disputa que no solo divide a la izquierda de Bolivia, sino que también plantea serias dudas sobre el futuro político más inmediato.
De acuerdo con la investigación, Morales podría ser responsable de un delito de abuso de menores y trata de personas por unos hechos que cometió en 2016 cuando era presidente de Bolivia, por una relación mantenida con una menor de 15 años, de la que nació una niña en 2016.
Tres supuestos delitos
La fiscal Sandra Gutiérrez ordenó la detención de Morales el 26 de septiembre, pero la orden fue anulada por una jueza que aceptó un recurso del exjefe de Estado.
Gutiérrez, quien fue removida y restituida en su cargo, reabrió la causa contra Morales no solo por «estupro» –que implica acceso carnal con menores de 14 a 18 años–, sino que añadió al expediente la presunción de trata y tráfico de personas.
Según el escrito que sustentó la orden de aprehensión anulada por la Justicia, los padres de la menor la inscribieron en la «guardia juvenil» de Morales «con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (…) a cambio de su hija menor», lo que configuraría el delito de trata de personas.
El ministro de Justicia, César Siles, advirtió ayer de que la Fiscalía, conforme la normativa penal, debería ordenar el arresto de Morales en caso de que no acudiera a declarar. «Cualquier orden de citación señala en su texto que, en caso de incomparecencia, se expedirá el mandamiento de aprehensión», señaló.
Persecución
Morales acusa al Gobierno de Arce de reactivar el caso como parte de una «persecución judicial» para sacarlo de la carrera por la nominación del oficialismo para las presidenciales de 2025.
En un mensaje en X, escribió que el Ejecutivo reabrió el caso para detenerlo e incluso «acabar» con su vida.
«El objetivo es descabezar al movimiento popular boliviano. Todo es producto de la desesperación del Gobierno que no tiene ninguna respuesta a la crisis (económica) y tampoco tiene ninguna posibilidad electoral», agregó.
Sus seguidores se han declarado en vigilia y han amenazado con bloquear carreteras si la Fiscalía ordena su arresto.
El Chapare, su fortín político, bloquearían el puente de paso obligado que une vías entre la próspera región de Santa Cruz (este) con La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
«Si sale una orden de aprehensión o se intenta aprehenderlo, inmediatamente se activa bloqueo nacional de carreteras en los nueve departamentos del país. Estamos en estado de alerta en defensa de Evo», ha dicho el senador y dirigente cocalero, Leonardo Loza.