PSE, continuismo político y personal
No parece que vaya a haber sorpresas en el X Congreso del PSE, que tendrá lugar entre el 14 y el 16 de febrero en Donostia. No en vano, el 16 de diciembre la Comisión de Ética y Garantías proclamó a Eneko Andueza secretario general, tras constatar que no había más candidaturas; y, un día después, en la presentación de la ponencia política, el propio Andueza defendió «un gran pacto estatutario» sobre una premisa: «Sacar del debate el derecho a decidir».
El documento, abierto a enmiendas hasta el 27 de enero, pone en valor el Estatuto de 1979, si bien reconoce «la necesidad de actualizar nuestro autogobierno», y propone tomar como base el trabajo realizado en el seno de la Ponencia de Autogobierno, que encomendó a un grupo de expertos la redacción de un texto articulado que, según el PSE, cuenta «con un nivel de consenso superior al 95% y sigue siendo hoy una buena base sobre la que avanzar».
Pero lo cierto es que la comisión de expertos depositó hace más de cinco años tres documentos diferentes: un texto articulado redactado por Iñigo Urrutia, jurista designado por EH Bildu; otro de Jaime Ignacio del Burgo, del PP, y otro firmado por Mikel Legarda (PNV), Arantxa Elizondo (Elkarrekin Podemos) y Alberto López Basaguren (PSE).
Este último no estaba exento de desacuerdos y, viendo las propuestas recogidas en la ponencia política, es de esperar que las diferencias se repitan en el futuro, porque, entre otras medidas, el PSE aboga por atribuir al Parlamento la competencia tributaria «al ser esta la institución que decide el destino del mayor desembolso en el reparto de riqueza y que garantiza los derechos sociales que requieren mayor esfuerzo financiero». Una idea rechazada con anterioridad por sus socios del PNV.
«Sabemos que no es fácil. Sabemos que el desafío es enorme», apunta el PSE, e incide «en que la aprobación de un nuevo Estatuto va a exigir un importante ejercicio de consenso y cesión por todas las partes. Abandonar posiciones inamovibles, para tratar de acercar posturas e integrar a los que hoy están fuera del acuerdo, con realismo y con flexibilidad». Eso sí, a renglón seguido, señala que «el reto de actualizar nuestro autogobierno obliga a todos los partidos, pero sobre todo a los nacionalistas, a decidir si quieren hacerlo con una mayoría de parte o con una mayoría transversal». «Quien quiera renunciar a los consensos amplios o romper el marco constitucional, que lo diga con claridad y busque el apoyo de la ciudadanía», añade la formación, que incluye en la ponencia medidas dirigidas a Vivienda, Sanidad, Inclusión o Memoria.
Cabe destacar el apartado reservado a Educación, donde asevera que «el sistema educativo debe tener como objetivo principal el éxito académico y el desarrollo personal del alumnado, no la normalización del euskera». Al menos reconoce que «es necesaria una revisión de los modelos lingüísticos». Eso sí, «sin perder de vista los objetivos que en su día guiaron su implantación y que siguen vigentes».