El interventor general dice que hubiera parado la adjudicación de Belate solo por los rumores

La comisión de investigación sobre las adjudicaciones de los túneles de Belate ha continuado este martes con la comparecencia de Juan José Pérez Capapay, el interventor general. Pérez Capapay toma parte en dos momentos decisivos: en la adjudicación, cuando decidió mantener un reparo «no suspensivo» a la decisión de la mesa, y en el informe sobre el sobrecoste de 8,5 millones, al que se opuso y que abrió una crisis de Gobierno que María Chivite ha tratado de cerrar con la destitución del director general de Obras Públicas, Pedro López Vera. 

El interventor general ha defendido, a preguntas de UPN, su voz independiente del Gobierno, pese a que su nombramiento fue de libre designación. Javier Esparza ha intentado poner en entredicho su papel alegando que, por la forma en que le eligieron, «es más sensible a los intereses del Gobierno». 

El parlamentario de UPN ha querido que Pérez Capapay validara que el proceso seguido en la mesa no fue el correcto, recordándole que, de hecho, llegó a proponer que se estableciera otro por plicas cuando las discusiones se enquistaron. 

El interventor general, sin embargo, ha señalado que, si propuso un modo diferente, el motivo real fue que el ambiente en la mesa era muy malo y que nunca había visto una situación así en su experiencia como funcionario. 

Preguntado sobre qué pensó al conocer que Santos Cerdán es socio –eso afirmó UPN– de Servinabar, una de las tres empresas de la UTE, el interventor general ha dicho que es un conflicto de interés, pero que ellos no conocían, ni pudieron conocer, este dato. 

Por otro lado, las manifestaciones realizadas sobre si el proceso de adjudicación debió ser parado por la intervención general fueron contradictorias. De una parte, ha respetado y puesto en valor la opinión del interventor delegado que formó parte de la mesa y, por el otro, ha llegado a manifestar que, de haber estado él, habría parado la adjudicación de forma inmediata solo con los rumores sobre quién iba a resultar vencedor. 

Por otro lado, EH Bildu le ha preguntado por el motivo real de las alegaciones que Intervención General ha planteado al informe de la OANA en el que indica que se trata de una concesión nula de pleno derecho. Pérez Capapay ha respondido que en ningún momento fue una instrucción del Gobierno discutir con la Oficina Anticorrupción y que lo hizo porque se sintió interpelado. 

El interventor insiste en que las modificaciones que justifican el sobrecoste se sustentan en un estudio preliminar ajeno a requerimientos o imprevistos. 

Sobre el exdirector General de Obras Públicas cesado a causa de aprobar un sobrecoste de 8,5 millones en la duplicación de Belate, Pedro López Vera, el interventor general ha confirmado que no es cierto, como dijo López Vera, que tuviera «las manos atadas» y debiera de hacer que el expediente continuara, sino que el exdirector pudo elevar la controversia a la Junta de Contratación. 

En cuanto al motivo para no aprobar esa modificación y sus sobrecostes, López Capapay insiste en que la clave es el estudio preliminar de revisión del proyecto que la UTE realiza antes de que se requiera cualquier cambio, por lo que no pueden calificarse de imprevistos. 

Ha insistido, además, en que el cambio que quería implementar la UTE en el método para horadar la montaña suponía un ahorro para la adjudicataria y que, además de ello, quería facturar los materiales a un precio indebido generando un quebranto para las arcas públicas.