Litigar contra el poder es ya una profesión de riesgo en EEUU

A Marc Elias no lo detuvieron, ni tampoco lo imputaron. En marzo de 2025, dos meses después del aterrizaje de Donald Trump en la Casa Blanca, su «castigo» llegó por otra vía: un memorándum presidencial ordenó revisar su bufete, así como su acceso a edificios federales. Elias es un reconocido abogado que había coordinado la respuesta a los intentos de la administración Trump de impugnar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y representó a miembros demócratas en cientos de casos. La orden presidencial representó para el letrado «un claro intento de criminalizar la abogacía» en EEUU.

No fue la única víctima del uso del desmedido poder ejecutivo de Trump contra abogados. En los meses siguientes, grandes despachos estadounidenses, como Covington & Burling, Perkins Coie o Jenner & Block fueron señalados en órdenes ejecutivas de la Casa Blanca. El motivo no era otro que haber defendido a rivales políticos o participado en litigios vinculados a la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016 o al asalto al Capitolio en enero de 2021. Incluso fueron penalizados por sus políticas de «diversidad, equidad e inclusión».

Las sanciones se limitaron al ámbito administrativo, pero fueron de gran impacto: retirada de acreditaciones de seguridad, veto al acceso de edificios federales y revisiones de contratos públicos. Aunque varios tribunales acabaron anulando las órdenes por incostitucionales, el Gabinete de Trump sigue recurriendo a ellas como medida de disuasión.

Estos casos ilustran los motivos por los cuales EEUU ha sido escogido este 24 de enero como país foco de la denuncia global que ha realizado la Coalición por el Día Internacional de la Abogacía en Riesgo. Esta alianza universal, que desde 2010 señala anualmente las amenazas contra el colectivo de abogados en un país determinado, ha centrado la atención este 2026 en EEUU tras detectar que, durante el primer año de Trump, las presiones contra juristas han dejado de ser incidentes aislados. Según denuncia la coalición, los abogados se enfrentan a un patrón sistemático de injerencia política orquestado desde el poder ejecutivo estadounidense.

¿Por qué EEUU?

Desde su fundación, la Coalición por el Día Internacional de la Abogacía en Riesgo organiza cada año una serie de actos, mesas redondas y manifestaciones o declaraciones públicas que ponen de relieve los «graves retrocesos» en diferentes sistemas jurídicos y también las tendencias autoritarias que impiden a los abogados desempeñar sus funciones con independencia. Diversas asociaciones jurídicas, colegios de abogados y redes de defensores legales de Asia, América y Europa, entre los que se encuentra  Behatokia (Observatorio Vasco de Derechos Humanos) forman parte de esta red global.

La elección de la fecha responde a la conmemoración de las víctimas del atentado llevado a cabo por Fuerza Nueva el 24 de enero de 1977 contra un bufete de abogados laboralistas de la calle Atocha, en Madrid, en el que fallecieron tres abogados, un estudiante de Derecho y un administrativo. La coalición ha evolucionado con el tiempo a una «plataforma de defensa colectiva» que busca concienciar sobre los riesgos de ejercer la abogacía.

En ediciones recientes se centraron en Turquía, Filipinas, Irán, Afganistán y Bielorrusia, entre otros, y este año el foco se desplaza hacia una potencia occidental que históricamente ha hecho gala de un modelo de gobernanza constitucional, independencia judicial y libertades civiles, por lo menos de puertas para adentro. La selección de EEUU como país «prioritario» para el DEL en 2026 no sugiere que los ataques contra los abogados sean nuevos allí. Más bien, denuncia una «escalada de presiones» –legales, políticas, simbólicas e institucionales– contra quienes litigan, investigan o defienden causas incómodas contra el Gobierno, por lo que exigen atención internacional colectiva, también por sus implicaciones globales.

Interregotarios y vigilancia

Todo sucede a un ritmo vertiginoso bajo la Administración Trump; una vorágine de cambios geopolíticos apenas dejan tiempo para procesar la realidad interna. Mientras la opnión pública estadounidense trata de asimilar el despliegue del ICE en estados demócratas para cumplir su promesa de llevar a cabo una histórica campaña de deportación masiva de indocumentados, se gesta, casi fuera del radar, un ataque silencioso contra la independencia jurídica.

Bajo este escenario de desbordamiento, quienes asumen la defensa de los más vulnerables son quienes más están sufriendo las consecuencias. La presión no se limita a grandes firmas o despachos, sino que golpea directamente a abogados de inmigración y defensores de periodistas o letrados que representan a manifestantes. Según detalla el informe, muchos de ellos han sido sometidos a interrogatorios en fronteras y aeropuertos, a intento de acceso a sus dispositivos electrónicos, a la retirada arbitraria de permisos profesionales y a campañas de difamación en redes sociales.

En paralelo, el Gabienete de Trump ha impulsado el “pro bono” como medida de chantaje. Este mecanismo, pensado para garantizar el acceso a la justicia por parte los más vulnerables, se ha convertido en una herramienta de presión sobre nueve despachos, que aceptaron realizar 940 millones de dólares en trabajo jurídico gratuito en áreas definidas por el Gobierno para evitar órdenes ejecutivas en su contra o lograr que estas fueran retiradas.

Todas estas medidas, prosigue el informe, tienen un efecto disuasorio o Chilling effect. Existe una amplia preocupación en el sector sin fines de lucro por la creciente dificultad de obtener representación legal en asuntos relacionados con temas delicados como la solidaridad con Palestina, los derechos LGTBIQ+ y los derechos de los migrantes. «Se les hace sentir a los abogados que su acceso puede ser interrumpido en cualquier momento de su interacción con el Estado. Esta presión refuerza la percepción de que “si acepto este caso, me enfrentaré a dificultades administrativas” y, por lo tanto, debilita el acceso a la defensa en la práctica», remarca el informe.

Politización del DOJ

Los tentáculos de la Administración Trump han llegado también al Departamento de Justicia (DOJ). Coloquialmente conocido como «el despacho de abogados más grande del mundo», este departamento ejecutivo federal emplea a más de 115.000 personas, incluyendo más de 10.000 abogados en su sede en Washington, y en más de 90 Fiscalías Federales en todo el país, recuerda el infome.

Pese a que el DOJ está adscrito al Ejecutivo, históricamente su trabajo se ha caracterizado por la independencia, especialmente tras las reformas implementadas tras el “caso Watergate” que limitan la influencia de la Casa Blanca. Sin embargo, en tan solo un año, se han producido despidos o renuncias forzadas de fiscales que trabajan en casos de alto impacto político y procesos disciplinarios contra jueces que criticaron al Gobierno. «Su independencia se ve corroída a medida que el Ejecutivo exige una lealtad incondicional, ordenando al Fiscal General que cumpla las órdenes del presidente, enjuiciando a sus enemigos y rivales, mientras protege a sus amigos y aliados», señala el informe.

Joseph Tirrell, director de ética del Departamento de Justicia, fue destituido sin justificación alguna; el Fiscal General, Pam Bondi, designado por Trump, despidió al menos a 20 fiscales y personal de apoyo que habían trabajado o estaban vinculados a investigaciones penales federales contra el presidente; y también se llevaron a cabo despidos de los fiscales encargados de los casos de inmigración y del asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump.

La ofensiva incluye además a las estructuras que funcionan como contrapesos. La Asociación Americana de Abogados (ABA, por sus siglas en inglés), se fundó en 1878 y es la asociación profesional voluntaria más grande del mundo. El informe denuncia que está bajo un asedio institucional sin precedentes: la Administración Trump ha vetado que cargos públicos participen en la asociación, ha eliminado su papel en la evaluación de jueces federales y ha amenezado con retirar su postestad para acreditar facultades de Derecho. Estas medidas, que incluyen presiones para que los candidatos a jueces no cooperen con el organismo, buscan, según la coalición, desmantelar la capacidad de supervisión de la ABA y neutralizarla como equilibrio frente al poder ejecutivo.

TPI

El informe, asimismo, dedica un apartado específico a las resoluciones de EEUU contra el Tribunal Penal Internacional (TPI). En febrero de 2025, se aprobó una orden ejecutiva que considera las investigaciones del tribunal sobre ciudadanos estadounidenses, israelíes o de países aliados como una «amenaza extraordinaria». De hecho, Washington ya ha impuesto sanciones a 11 altos cargos del TPI, incluyendo al Fiscal Jefe y a ocho jueces.

Además, esta orden convierte en delito penal, castigado con hasta 20 años de cárcel, que cualquier ciudadano estadounidense preste servicios, directos o indirectos, a personas del TPI sancionadas por EEUU.  De acuerdo con el informe, el objetivo es disuadir la rendición de cuentas internacional, generando un efecto intimidatorio que no se limita a Washington, sino que impacta directamente en el funcionamiento de la justicia internacional y en quienes trabajan en ella.

Demandas ante esta deriva autoritaria

Según remarca la coalición internacional, «la erosión de las garantías para los abogados en EEUU» no es un hecho expecional y tiene un «efecto cascada», ya que restrigir el acceso a la justicia de las comunidades vulnerables, debilitar la independencia judicial y la integridad procesal y limitar el espacio para la sociedad civil y la participación democrática sienta un «precedente peligroso» que podría replicarse más allá de las fronteras estadounidenses.

En vista de lo anterior, la plataforma colectiva insta a las autoridades de EEUU a «cesar de inmediato» toda forma de represalia, intimidación o interferencia dirigida contra abogados, bufetes, fiscales, jueces y asociaciones profesionales, así como a garantizar la independencia de las instituciones fiscales y judiciales.

«Proteger a los abogados es inseparable de proteger la justicia misma.  La independencia de la profesión jurídica debe defenderse, no de forma selectiva ni condicional, sino universal», sentencia la coalición en el documento.