Salud vuelve a hacer un anuncio después de una propuesta parlamentaria de EH Bildu
El Departamento de Salud anunció este martes que Osakidetza se compromete a revisar la normativa para hacerse cargo de los restos humanos procedentes de intervenciones quirúrgicas, amputaciones y abortos. EH Bildu registró en el Parlamento una proposición no de ley con ese fin el 6 de febrero.
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El Departamento de Salud hizo pública el martes una nota de prensa anunciando que junto a Osakidetza ha asumido el compromiso de revisar la normativa para cambiar la Instrucción 4/2024, para que el Servicio Público Vasco de Salud asuma el servicio funerario de los restos humanos de entidad suficiente (procedentes de intervenciones quirúrgicas, amputaciones o abortos). En la actualidad, dicha instrucción establece que estos gastos deben ser asumidos por los propios pacientes o sus familias, remitiéndoles, en caso de falta de recursos, a los ayuntamientos.
El anuncio se hizo en la primera reunión a petición del consejero de Salud del Gobierno de Lakua, Alberto Martínez, con el nuevo Ararteko, Mikel Mancisidor, a quien entregó un ejemplar del Pacto Vasco de Salud. Y según la nota, la decisión se adopta «tras el proceso de escucha con la delegación en Euskadi de Andade, la asociación que representa a todo el colectivo de personas amputadas».
Iniciativa registrada el 6 de febrero
Pero también llega después de que el pasado 6 de febrero EH Bildu registrara una proposición no de ley el pasado 6 de febrero precisamente con la petición de «revisar y modificar el Decreto 202/2004, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de sanidad mortuoria de la Comunidad Autónoma del País Vasco».
La iniciativa, firmada por Ayem Oskoz, solicitaba que al modificar el decreto se «tenga en cuenta la autonomía y capacidad de decisión de la persona paciente. En concreto, que así lo haga en las decisiones relativas al tratamiento de los restos derivados de intervenciones quirúrgicas, amputaciones o abortos, dando la opción de que sea Osakidetza quien asuma su transporte e incineración, incluyendo el coste de estos».
El parlamentario Ayem Oskoz ha publicado en sus redes sociales que «es una buena noticia que Osakidetza corrija esta situación».
Un caso de agosto de 2023
En su iniciativa se recogía que «en agosto de 2023, tuvimos conocimiento a través de la prensa de que un paciente a quien se le realizó una amputación derivada de una enfermedad tuvo que hacerse cargo del miembro amputado. El paciente tuvo que asumir el transporte e incineración de dicho miembro, así como los gastos derivados de ello».
Y EH Bildu añade que «desde entonces hemos tenido la oportunidad de conocer diversas situaciones, y hemos visto la dureza de los procesos que deben enfrentar los ciudadanos y ciudadanas a quienes les realizan una amputación para retomar su día a día. Hemos tenido la oportunidad de contrastar la desprotección y vulnerabilidad que encuentran en el proceso».
Por su parte, el Ararteko había recomendado a Osakidetza que reintegre el dinero a esa persona.
En su proposición no de ley, EH Bildu incidía en que «más allá de este caso particular, creemos que es necesario clarificar la ley y aprobar una normativa que alivie lo máximo posible a la persona paciente; es decir, necesitamos una normativa que evite situaciones pesadas, arduas o molestas».
«Respuesta más humana»
El Departamento de Salud hizo su anuncio precisamente después de su primera reunión con el Ararteko, Mikel Mancisidor. En la nota expone que «el nuevo planteamiento supondría que el sistema sanitario público vasco asumiera este servicio, reforzando la protección y el acompañamiento a las personas en situaciones de especial vulnerabilidad y subrayando la voluntad de dar una respuesta más humana y cercana al dolor de las personas afectadas y sus allegados».
El consejero Alberto Martínez acudió al encuentro acompañado por los dos viceconsejeros del Departamento de Salud, Gontzal Tamayo y Aritz Uriarte, y por la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, «lo que subraya la implicación del equipo de Salud del Gobierno Vasco con la institución del Ararteko como garante de los derechos de la ciudadanía y como interlocutor clave para escuchar, canalizar y responder a sus demandas», según su comunicado.