Según han denunciado, en los últimos meses se han impuesto multas contra propuestas y movilizaciones sociales por un montante de 75.000 euros.
Los portavoces de Kalea Denona han denunciado lo que consideran un «uso político que de las sanciones administrativas, las multas, se está llevando a cabo como medida represiva para silenciar un descontento social patente en las clases populares, para cortocircuitar incipientes modos de protesta, ligados a la desobediencia civil, que podrían ir extendiéndose», ha informado Ahotsa.info.
Además, han subrayado que estas sanciones se imponen con «gran discrecionalidad», quedando el derecho a la protesta «en manos de la voluntad del mando policial o judicial de turno y de las órdenes políticas que tengan en cada momento».
Este colectivo ha recordado además que está prevista la aprobación de una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, denominada popularmente Ley Mordaza, que «supera, y con mucho, las actuales y abusivas sanciones tanto en la calificación de los delitos como en las cuantías impuestas».