El pasado 25 de junio, el Parlamento de Navarra dio un paso importante para corregir uno de los mayores errores cometidos por las políticas públicas de vivienda de las últimas décadas. La modificación de la Ley Foral de Vivienda impedirá que las Viviendas de Protección Oficial destinadas al alquiler puedan ser descalificadas y vendidas posteriormente en el mercado libre como si fueran un activo financiero más. No es una decisión menor. Supone poner límites a la especulación con viviendas construidas gracias al esfuerzo colectivo y financiadas con recursos públicos.

Esta medida no ha caído del cielo. Es el resultado de la acción sindical de vivienda: organización, movilización y perseverancia del movimiento sindical y vecinal. Han sido las inquilinas e inquilinos organizados quienes han conseguido que una mayoría parlamentaria asumiera la necesidad de corregir las consecuencias de una política de vivienda profundamente errática. No estamos ante una victoria absoluta, pero sí ante una conquista que merece ser celebrada. Gracias a esta reforma, 2.248 familias podrán seguir viviendo en sus hogares sin el riesgo de que la descalificación de sus viviendas termine convirtiéndose en un proceso especulativo que desemboque en su expulsión. 

Como era de esperar, las derechas y la patronal inmobiliaria han respondido apelando a una supuesta falta de seguridad jurídica. Sin embargo, esa afirmación no resiste el contraste con la realidad. Existe suficiente jurisprudencia que avala plenamente la constitucionalidad y la legalidad de una medida de estas características. Conviene no confundir una aspiración empresarial con un derecho. Nadie tiene un derecho adquirido a enriquecerse mediante pelotazos inmobiliarios construidos sobre patrimonio financiado por toda la sociedad. 

Durante los últimos 35 años se han construido en Navarra cerca de 58.000 viviendas protegidas. La mayoría de ellas ya han sido descalificadas. Todas fueron levantadas gracias a una fuerte financiación pública y al pago continuado de las rentas abonadas por sus inquilinos e inquilinas. Sin embargo, quienes hoy aparecen como propietarios privados de una parte importante de estas promociones nunca asumieron el coste real de esos inmuebles. Han disfrutado de un patrimonio sufragado colectivamente y ahora pretendían obtener además enormes plusvalías vendiéndolo en el mercado libre. 

Por eso resulta difícil aceptar las lecciones sobre seguridad jurídica que ahora imparten constructores, promotores y la derecha política. Lo que realmente les preocupa no es la seguridad jurídica, sino la pérdida de un extraordinario negocio. La reforma aprobada les impide vender como mercancía viviendas que nunca pagaron íntegramente con sus propios recursos. En definitiva, les impide privatizar unos beneficios construidos gracias al dinero público. 

Pero la lucha no termina aquí. Hemos alcanzado un objetivo importante, aunque insuficiente. El siguiente paso debe ser garantizar la seguridad contractual de quienes viven en estas viviendas y corregir unos alquileres que continúan siendo excesivos para miles de familias. Aunque las empresas ya no puedan vender estos inmuebles en el mercado libre, mientras la titularidad siga siendo privada continuarán obteniendo importantes ingresos mensuales procedentes de unos alquileres que, en demasiados casos, están muy por encima de la capacidad económica de quienes los pagan. 

No es aceptable que existan contratos firmados hace veinte años que todavía hoy sigan renovándose anualmente, manteniendo a las familias en una incertidumbre permanente. Necesitamos seguridad inquilina, estabilidad residencial y contratos que garanticen el derecho efectivo a permanecer en la vivienda. 

La declaración de Zona de Mercado Residencial Tensionado ha permitido contener los precios, pero esa medida, siendo positiva, resulta claramente insuficiente para muchas personas que viven en estas promociones. Existen vecinas que, tras perder las ayudas públicas al alquiler, deben afrontar rentas superiores a los 700 euros mensuales con ingresos que apenas alcanzan los 1.000 euros. Esa realidad exige respuestas inmediatas. Como medida urgente es imprescindible recuperar las ayudas al alquiler para quienes más las necesitan. 

Sin embargo, la solución de fondo pasa por otro camino: la publificación de la titularidad de estas viviendas y el reajuste de sus alquileres a precios verdaderamente asequibles. Solo así será posible ampliar de forma significativa el parque público de vivienda y ejercer una influencia real sobre el conjunto del mercado. La experiencia demuestra que no existe otra fórmula eficaz para moderar los precios que incrementar el peso de la intervención pública frente a la lógica especulativa. 

La vivienda no puede seguir tratándose como un producto financiero destinado a maximizar beneficios privados. Es un derecho fundamental y una condición imprescindible para desarrollar un proyecto de vida digno. La reforma aprobada el 25 de junio demuestra que la organización colectiva y la acción sindical de vivienda puede cambiar las cosas. Ahora toca seguir avanzando hasta que el interés general prevalezca definitivamente sobre la especulación y hasta que el derecho a la vivienda deje de depender de la rentabilidad de unos pocos. 

*Jaime Iribarren y Rebeca Riveira son miembros de LAB, Marta Varela es inquilina de Catella y María Asunción Goicoa es inquilina de Errotabidea.