El comienzo del año nos ha traído un rosario de alardes empresariales, una obscena competición para medir quién la tiene más grande y cuánto le ha crecido en los últimos meses. La gran banca abría el melón: en 2022 incrementó un 28% sus beneficios con respecto al año anterior. Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankinter y Unicaja cerraron un ejercicio excepcional, pero no fueron los únicos. En el mismo periodo, Repsol sumó 4.251 millones de beneficios e Iberdrola 4.300. Hay más empresas, casi todas englobadas en el Ibex, pero no quiero aburrir con más datos. O sí. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ganó 4,13 millones en 2022, un 3,5% más que en 2021. De hecho, y según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el sueldo medio de un consejero ejecutivo de una empresa del Ibex es de 3,3 millones de euros, sesenta veces más que el de un empleado de esas mismas compañías.

Y al otro lado del muro, la precariedad laboral se extiende por doquier, los precios se disparan hasta cotas sin precedentes, las hipotecas asfixian a las familias y la pobreza se instala en una sociedad sometida al dictado de quienes no tienen el más mínimo reparo en pasear por los platós sus indecentes alardes de opulencia.

«Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto, deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos». No es que lo diga yo, lo dice la ONU en el documento Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. EH Bildu y Elkarrekin Podemos han impulsado la creación de un Centro vasco de empresas transnacionales y derechos humanos, cuyo objetivo será poner negro sobre blanco la conculcación sistemática del marco internacional de los derechos humanos por parte de las multinacionales. Y exigir la revisión urgente de un marco jurídico que prioriza las necesidades corporativas sobre el interés general. ¿Se acuerdan del rescate bancario?