En el Estado español quedan pocos consensos que hayan sobrevivido a todos los gobiernos, y el AVE es uno de ellos. De Felipe González a Pedro Sánchez, pasando por Aznar y Rajoy, la alta velocidad ha sido el gran símbolo de un país que quería demostrarse a sí mismo que ya era Europa. Y lo consiguió con creces, hasta tener la segunda red del mundo. El problema es que un símbolo no es una política de movilidad, y llevamos más de tres décadas confundiendo una cosa con la otra. Los datos son tozudos. El año pasado, ocho de cada diez viajes en tren en España se hicieron en cercanías. La alta velocidad, en su mejor año, no llegó al 10%. La gente no coge el tren para ir a Madrid, lo coge para ir a trabajar, a clase o al médico. Y, sin embargo, durante buena parte de la década pasada, dos de cada tres euros de inversión ferroviaria fueron a la alta velocidad, mientras el tren convencional languidecía y los cercanías se caían a trozos. Que el modelo de alta velocidad española sea radial y centralista no es casual. Que todos los caminos lleven a Madrid responde a una idea de Estado más que a las necesidades de quien vive en él. Y que inaugurar un AVE luce más que renovar una catenaria en el Maresme explica el resto. Las promesas sobre Cercanías se suceden con la misma alegría con la que se incumplen. Rodalies es un desastre especial por estar en un área tan densamente poblada como Barcelona, pero ningún servicio de tren convencional va bien en ningún sitio. Quien haya esperado en un andén de un tren que no pasa por Madrid lo sabe. La tragedia de Urda ha devuelto el tren al centro de la campaña. Las causas las dirán los investigadores. Pero sería un error que el debate vuelva a girar solo alrededor de la alta velocidad. El modelo de despliegue radial de AVE ha fracasado y sostenerlo a toda costa solo puede seguir haciendo daño al ferrocarril. Medio de transporte que es muy seguro aunque haya accidentes tan horribles, y que es nuestro mejor aliado para la movilidad en tiempos de crisis climática.