Alberto Pradilla
Alberto Pradilla

Cuando Catalá admitía que Otegi podía ser candidato

Que el nombre de Arnaldo Otegi aparezca encabezando la lista de EH Bildu por Gipuzkoa el próximo 25 de setiembre no es un problema jurídico sino político. Los único que tienen interés en dibujar un debate entre togados y no el puñetazo en la mesa de un Estado con graves carencias democráticas son los responsables del atropello o quienes pretenden sacar tajada. Una de las voces más contundentes ha sido la del ministro español de Justicia, Rafael Catalá, quien recientemente afirmó que el líder abertzale «no va a formar parte de las listas, su nombre no va a estar en las listas, no va a aparecer en la papeleta, no va a ser elegido por nadie y por tanto no va a ser diputado en el Parlamento vasco». 

Pasemos por alto el hecho de que un ministro de Justicia avance la decisión que, según su teoría, deberían adoptar los magistrados. Lo realmente sorprendente es cómo Catalá ha variado su opinión sin que le tiemble el pulso. «Nuestro Tribunal Constitucional lleva tiempo estableciendo la doctrina de que las penas no pueden ser genéricas, sino establecidas expresamente. Eso es jurisprudencia consolidada», reconoció en junio de 2015 cuando el diario «El Mundo» dio por hecho que Otegi, en aquel momento todavía en prisión, podría presentarse a las autonómicas de la CAV. «Cuando se declara una inhabilitación genérica se establece que, si no se concreta, puede interpretarse por no puesta», añadió.

En aquella comparecencia, Catalá abrió la vía a explorar resquicios legales, pero casi como una coletilla de abatimiento. De hecho, se limitó a plantear la petición de un «trámite de aclaración», una maniobra sin efecto ya que no se puede modificar una sentencia firme. Este proceder no es nuevo. No se olvide que buscar las sombras de la legislación es una costumbre muy del ministerio. Juan Fernando López Aguilar, antecesor de Catalá en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, ya se abonó a la teoría de la «ingeniería jurídica» para evitar las excarcelaciones de presos vascos.

Cuando el ministro dio por hecho que Otegi podría presentarse, únicamente los «lobbys» vinculados a víctimas pusieron el grito en el cielo. Juan Galparsoro, fiscal general del País Vasco, siguió la misma línea y reconoció que, con la ley en la mano, el portavoz abertzale podría concurrir en igualdad de condiciones. ¿Qué ha cambiado en un año? Que Catalá se ha desdicho y Galparsoro mantiene el mismo discurso. Resulta sorprendente que el periódico que hace 12 meses anunciaba que Otegi estaría en elecciones se haya convertido ahora en el principal defensor de la teoría del veto y exija la cabeza del representante del ministerio público por decir únicamente lo que el propio rotativo reconoció.

Si esto es un debate jurídico, que baje Dios y lo vea. En todo este tiempo, lo único que se ha modificado es el impulso político del Gobierno español, que ha pasado de admitir que no había margen para violentar los derechos civiles de Arnaldo Otegi a buscar cualquier resquicio que le impida presentarse. La decisión será política. Una cuestión que, quieran o no quieran, retratará también al resto de candidatos. 

 

PD: Galparsoro ha cambiado su posición. Tirón de orejas de Madrid. En este caso, lógico, teniendo en cuenta que la fiscalía se rige por principios de jerarquía. 

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