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El Derecho según Interior en cinco frases comentadas

Jorge Fernández Díaz, ministro español del Interior, ofreció el martes una clase magistral sobre interpretación del Derecho en relación a la denominada "doctrina Parot", que Estrasburgo puede volver a tumbar después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya instase a la liberación de la presa política vasca Inés del Río. Con los argumentos jurídicos aparcados en los "extensos" pero nunca comentados trabajos de la Abogacía del Estado, su discurso se limitó a enarbolar la "alarma social", que puede quedar perfecto para la plaza de lapidaciones del programa de Ana Rosa Quintana pero no parece muy ajustado a legislación. Básicamente, su tesis es que una persona que ha cometido un delito muy grave no tiene derecho a ser excarcelado a pesar de haber cumplido su pena. Un dislate jurídico que solo se explica mediante la legalización de la venganza.

Vaya por delante que no soy ningún experto en código penal. Aunque tampoco parece que Fernández Díaz lo sea. Esto le dijo al diputado de Amaiur, Iker Urbina, cuando este denunció las vulneraciones de Derechos Humanos de prisioneros vascos en las cárceles:

1. «No sé si usted conoce el mundo, pero si lo conociera, no diría las barbaridades que ha dicho aquí, desde luego, o desde la ignorancia, o desde el desconocimiento o desde la mala fe, o desde todas las cosas, pero no las diría. Vaya usted por el mundo defendiendo las cosas que está diciendo en relación con el modelo penitenciario español y los derechos fundamentales a la libertad de los asesinos terroristas, atrévase usted a decirlo en foros serios, y verá cómo le escuchan».

Resultan curiosas las recomendaciones, que insinuaban desconocimiento del interlocutor,  teniendo en cuenta que Urbina sí que es abogado y acumula una dilatada experiencia ante los tribunales. Algo de lo que no puede presumir el ministro, ingeniero industrial, un trabajo como otro cualquiera pero no tan ajustado a derecho en la materia que nos ocupa. Por cierto, que el respeto por la toga sí que lo mostró hacia Emilio Olabarria, que fue vocal del CGPJ y que vino a decir lo mismo que el diputado indepedentista, que el alargamiento artificial de las penas no se sostiene ni con caballete.

2. «La legislación penitenciaria española es un modelo, un modelo en todo el mundo».

Una afirmación difícilmente sostenible ante cualquier ciudadano vasco medianamente sensibilizado con cuestiones carcelarias. De hecho, ante cualquier ciudadano, sea este de donde sea. Más aún en una sesión en la que, precisamente, la condena de un subterfugio penitenciario español en un tribunal europeo constituyó uno de los temas centrales. Doctrinas al margen, resulta harto complicado defender esta posición cuando, por ejemplo, según un informe del propio Gobierno remitido a Amaiur, en los últimos 4 años han muerto 625 presos en cárceles españolas por "causas naturales". A ellos se le suman otros 82 por procesos cancerosos. Vamos, que entre las rejas españolas fallece un recluso prácticamente cada dos días. Un hecho terrible que no hace tanto, desde ciertos sectores ultras se llegó a esgrimir para tratar de aplicar la venganza extrema a Josu Uribetxebarria.

3. «De verdad, si no fuera porque tengo la impresión de que me está usted hablando en serio, le diría, usted está hablando en broma, pero una macabra broma, porque supongo que usted no pretenderá sinceramente sostener que esas personas tienen el derecho fundamental a la libertad, y es lo que ha dicho usted; por tanto, seamos un poco serios, cuando hablamos de cosas serias, decir que estamos vulnerando los derechos humanos de los presos…»

Poco antes, enumeraba los nombres de quienes podrían quedar en libertad si Estrasburgo tumba la doctrina 197/2006. Y ahí está la clave. No solo se centró en ETA, cuyo cese definitivo cierra el hipotético argumento de la posible reincidencia. También recurrió a condenados como el asesino de tres menores en Alcasser (País Valencià) en 1992, diversos violadores con un terrible historial o narcotraficantes.  ¿Insinúa entonces el ministro que las condenas son un chicle a estirar a convenciencia? Porque es precisamente por lo que les ha condenado el tribunal europeo. No por las sentencias anteriores, sino por no disfrutar del derecho a una tutela judicial efectiva. Tampoco pretendo darle ideas pero, honestamente, la lógica perversa que se aplica solo tiene solución con la pena de muerte. Si no, ¿cuándo sería suficiente? Contrariamente a lo que sostiene Fernández Díaz, todo preso tiene derecho a la libertad. Los presos políticos, por descontado. Con el añadido que sería conveniente solucionar también los motivos que les llevaron a prisión. Pero en el caso de los comunes, también. Todos y cada uno de ellos tienen derecho a ser excarcelados, hayan robado una barra de pan para alimentar a sus hijos o se llamen "el violador del ascensor". El Estado de Derecho se construye con garantías, no con arbitrariedades.

4. «Por supuesto -repito-, acataremos la sentencia, pero cuando esas personas sean excarceladas, en su caso, pondremos de manifiesto quiénes han estado defendiendo que el hecho de que esas personas siguieran en prisión significaba una violación de los derechos humanos, porque de la alarma social que causará, en un Estado y una sociedad democrática, tienen que responder los que apoyan esos hechos que después causan esa indignación y esa alarma en la ciudadanía».

¿Estaba amenazando? ¿A quién? ¿A los que interpusieron el recurso? ¿A las miles de personas que se han manifestando exigiendo que se cumpla la ley? ¿A los magistrados del tribunal europeo?

5. «No puedo aceptar que diga que no lo hemos cumplido. Me parece que ustedes conocen los procedimientos. Sabe usted que la Gran Sala ha admitido a trámite el recurso y sabe usted además que lo que sucede en estos casos es que la sentencia o el fallo tiene que ser trasladado, en este caso a la Audiencia Nacional, que lo hace propio, y es la Audiencia Nacional la que nos tiene que transmitir a nosotros que se ejecute un fallo. Eso no lo ha hecho la Audiencia Nacional; en España hay separación de poderes, el Poder Judicial es independiente y en ningún momento la Audiencia Nacional nos ha trasladado a nosotros que tuviéramos que ejecutar ese fallo».

En este punto, creo que Fernández Díaz y servidor discrepamos sobre qué es la independencia judicial. Porque el martes se escudó en la separación de poderes para justificar su desacato. Sin embargo, un repaso a la hemeroteca nos recuerda que el mismo día en el que la primera sentencia del TEDH se hizo pública, fue el mismísimo ministro el que advirtió que Inés del Río "no saldría" de prisión. Es decir, que en su opinión, Montesiquieu defendía que el poder Ejecutivo vaticinase los próximos pasos del judicial. Habitualmente, este es el modo en el que la #marcaEspaña ha entendido la independencia de los togados. Algo que me lleva a una segunda reflexión. Si defiende que en el mundo civilizado los tribunales deciden en base a criterios jurídicos, ¿se puede saber qué hacía el ministro presionando a sus homólogos hace una semana en Bruselas?

 

 

 

 

 

 

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