Hubiese pagado por estar presente en el gabinete de crisis del ministerio español de Hacienda en el cual Cristóbal Montoro o alguno de sus asesores decidieron atribuir a «un error administrativo» el informe en el que aparecía el DNI de Cristina de Borbón. Doy por hecho que cuando se vieron con el marrón que señalaba a la hija del jefe de Estado como vendedora de fincas por valor de 1.435.603 millones, es decir, que había sido atrapada con las manos en las casas, los principales responsables del fisco habrían celebrado un cónclave de urgencia. Se habrían sentado a preguntar qué coño decir. Me los imagino como en «El Ala Oeste de la Casa Blanca», la serie de Aaron Sorkin, llegando todos a la carrera y con cara de circunstancias tras recibir un mensaje cifrado. Claro, que ni Montoro (ni Rajoy) son Joshia Bartlett o Leo McGarrick ni el guión de la política española tiene la brillantez de la recreación norteamericana.
De todos modos, me hubiese gustado estar allí. Especialmente, desearía haber presenciado el momento exacto en el que alguien tomó la decisión de parapetarse sobre el eufemismo del «error administrativo». Cuándo exactamente, tras evaluar todas las opciones, se determinó que, en efecto, la mejor excusa con la que podían colar el tocomocho era que no uno, ni dos ni tres, sino hasta cuatro registradores diferentes y sin relación entre sí tramitaron 14 expedientes distintos con la misma errata. Que todos ellos, que ya es mala suerte, habían confundido exactamente el mismo DNI, que para más INRI, es distinto de la documentación del resto de ciudadanos del Estado. Básicamente, que la administración de Hacienda es como un teléfono roto a la inversa. Que en lugar de modificar el mensaje, lo unifica, convirtiéndolo en un mismo y equivocado dígito.
Lo explicaba perfectamente Ignacio Escolar en su blog. «La probabilidad de que se equivoquen los cuatro registradores y escriban por error, al azar, el DNI de la infanta es del orden de uno entre un 10 seguido de 30 ceros. Es decir: una entre 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. O lo que es lo mismo, una entre diez quintillones. Una posibilidad entre diez billones de trillones», señalaba el director de Eldiario.es, que ha contado con la ayuda de un doctor en matemáticas para ajustar las probabilidades.
Y yo me pregunto.
¿De verdad no había otra excusa? ¿En serio? ¿No pensaron una bola mejor? ¿Un recurso a la ingeniería contable? ¿Mi perro se ha comido el DNI? ¿Esa tarteja aparecida en ese baño no es mía? ¿Se la estaba guardando a un compañero de trabajo? Supongo que todo el mundo se lo ha planteado a lo largo de esta mañana pero... ¿Realmente piensan que todos somos gilipollas?
Hablando con un colega sobre el nivel de infamia que diariamente sobrepasa la casta política española y todas y cada una de sus instituciones, mi amigo dio con la clave. «Probablemente tenían que elegir entre caca y mierda». Vamos, que puestos a enfangarnos entre todos, optaron por convertir en papel higiénico cualquier atisbo de decencia y, ya que la opción era necesariamente escatológica, limpiarse el culo con ella. Porque, obviamente, saben que nadie con dos dedos de frente puede creerse semejante trola. Que únicamente los convencidos y los súbditos repetirán la rocambolesca versión. «También podían imputarla...», comenta mi interlocutor, dejando morir la frase con desidia. Se hace el silencio. Ya, ni siquiera nos hace gracia. Ni un comentario ingenioso. Montoro, por la mañana, nos había advertido con ese tono faltón que le caracteriza que no viésemos «fantasmas volando». Y subía la apuesta de la representación pidiendo disculpas a la casa del Borbón. En esto, PP y PSOE hacen piña. Y la basura, nuevamente, debajo de la alfombra, en este caso roja. Si hubiese delito, que todo apunta a que lo hay, estaríamos hablando, al menos, de encubrimiento. No se puede olvidar que, en casos de corrupción como en cualquier otro, Justicia y casta política española son siempre monárquicos hasta que se demuestre lo contrario.