Alberto Pradilla
Alberto Pradilla

Líneas rojas

La caverna facciosa y lo que no es caverna, más peligroso porque es Estado, anda revuelta con la legalización de Sortu. No entraré a analizar las portadas de los grandes medios españoles tras el fin de una década de veto político porque ya lo hizo Javier Vizcaíno. Grande, grandísima apertura de "El Mundo". Insuperable Pedro J. Ramírez compitiendo con el ya indispensable Paco Marhuanda, su homólogo de "La Razón" en barbarismo informativo. Que "La Gaceta" se convirtiese en un alarde de sana moderación apunta el nivel de la prensa española.

Aquí nos ocuparemos del reverso político. Aunque estéticamente diferenciadas, las reacciones de la derecha ultramontana española y su progresía (en este apartado  incluiremos a los seis magistrados del Tribunal Constitucional que avalaron al partido abertzale) se asemejan peligrosamente en un concepto: pasarse por el arco del triunfo ese Estado de Derecho. Para disipar dudas, incluimos la definición de este tipo de organización social según Wikipedia y que cada cual decida si encaja con lo que rige en el Estado español.

En la línea de lo que nos tiene acostumbrados, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, lanzó la soflama más bruta. Como la legalización de Sortu no era de su agrado, la lideresa planteó, simple y llanamente, calzarse el Constitucional. Vamos, que si no doblan la cerviz y aceptan Sortu como organización armada, la ideóloga liberal aboga por la política de "es mi judicatura y me la llevo". Resulta fascinante comprobar cómo los togados pasan de ser venerables sabios a inmundos malhechores dependiendo de la voluntad política de sus superiores. En una cosa tiene razón el azote de sociatas y gentes de mal vivir: la politización de la magistratura española. Claro, que su argumento se cae en el momento en el que tiramos de hemeroteca para revivir las lisonjas dedicadas a los mismos togados y su santa incorruptibilidad cuando los fallos sí que eran de su agrado. Por cierto, que habrá que recordar que el Supremo se llevó por delante a la formación abertzale con el voto de calidad de su entonces presidente, Carlos Dívar, hoy fuera del cargo por su "affaire" marbellí.

Quizás para paliar el chorreo procedente del PP y sus aledaños, hoy ya se habían filtrado algunas de las "líneas rojas" que impone el tribunal a Sortu. En Naiz.info ya está disponible la sentencia. Tras diez años de ilegalización y apartheid político, pone los pelos de punta pensar en los condicionantes impuestos por los seis "progresistas". Lo de "equiparar" la violencia ejercida por ETA con la "coacción legítima del Estado de Derecho" suena a aquella frase de Rodolfo Martín Villa cuando aseguró que "lo nuestro son errores, lo de los otros, crímenes". Nuevamente, ambiguedades con filo de Espada de Damocles. ¿Qué es eso de condicionar la legalidad de un partido a futuras actuaciones cuando este ya ha cumplido la antidemocrática norma conocida como Ley de Partidos? Sonará reiterativo pero, ¿Qué pasaría si se aplicase lo mismo al PP y sus equiparaciones con el franquismo? ¿Hay que recordar otra vez los GAL y el PSOE, también equiparados en grado dirigente?

Sortu ya es un partido legal. Pero esto no ha variado la extraña concepción de la democracia de la que hacen gala los poderes del Estado español.

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